Ocho migrantes que acompañaban a la víctima han presentado denuncia por homicidio. La Fiscalía de Coahuila dice que investiga a sus agentes, señalados de matar al hondureño, y que alegan una supuesta persecución a narcomenudistas.
Alberto Pradilla/ Animal Político
Un migrante hondureño murió baleado la noche del 31 de julio en Saltillo, Coahuila. Se llamaba Marcos, tenía 29 años y se encontraba con su hija de ocho años, que le vio caer malherido. Ambos querían llegar a Estados Unidos y formaban parte de un grupo de unas 20 personas acababa de abandonar la Casa del Migrante, con la intención de tomar el tren y seguir su camino hacia el norte. La siguiente parada era Piedras Negras.
Sus planes fueron interrumpido a tiros.
Ahora hay que determinar quién apretó el gatillo, y por qué se iniciaron los disparos.
Las versiones de los testigos y de las autoridades son incompatibles. Solo hay una certeza: en el suceso se vieron involucrados agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Los migrantes les señalan a ellos como autores únicos de las detonaciones. La Fiscalía dice que hubo una persecución a presuntos narcomenudistas que no han sido detenidos, y que ahí se dieron los disparos.
El resultado: un migrante muerto y una niña que se ha quedado sin su padre, y un caso con muchas interrogantes.
El homicidio llega después de varias semanas en las que organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento al que Ejército y policía estatal sometieron a la Casa de Migrante.
