Suman 78 ataques armados en lo que va de marzo en Aldama

Imagen: Twitter @CdhFrayba

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Al menos 78 ataques armados contra las comunidades tsotsiles de Aldama, Chiapas, se registraron en los primeros ocho días de marzo, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Los 78 ataques armados, perpetrados por un grupo paramilitar del municipio vecino de Chenalhó, se suman a los 346 que se reportaron en febrero, lo que evidencia que «existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada», aseguró el Frayba.

El Centro explicó que aunque el conflicto territorial entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, de Chenalhó, se relaciona «con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y sólo ha logrado administrarlo».

Señaló como ejemplo la ceremonia llevada a cabo el pasado 3 de marzo por el gobierno estatal y federal para entregar el predio Cerro Bola a 115 comuneros de Aldama, mientras que el mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada.

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Acusan que inacción de las autoridades permitió el “retorno al matadero” de los desplazados en Chiapas

Por Desinformémonos

El regreso de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, en Chiapas, a sus comunidades sin condiciones de seguridad y con el grupo paramilitar sin desarmar en la comunidad vecina de Chenalhó hace que “el riesgo de una masacre” sea “claro”, aseguraron organizaciones civiles y de derechos humanos que acusaron que “de ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero”.

Las organizaciones señalaron que los 3 mil 858 indígenas que regresaron a las comunidades de Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia.

“Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad”, indicaron.