Por Redacción/Animal Político
Pese a que el gobierno estatal aseguró que ya no había contaminación en el río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en 2014,—todo proveniente de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea—, un juez determinó que en la zona al menos los pozos de agua de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles tóxicos, superiores a los permitidos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos acuíferos son utilizados para abastecer a siete municipios sonorenses —Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures—, que bordean el río que la empresa que encabeza Germán Larrea contaminó. Incluso, son utilizados para bebederos escolares sin ningún tratamiento de purificación previo, por eso, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame en la mina, demandaron a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención médica.
El 6 de agosto de 2014, el río Sonora y sus afluentes recibieron una mezcla de químicos de alto impacto en la salud, como el arsénico y el manganeso, por una negligencia empresarial, que fue calificada por autoridades federales como “el desastre ecológico más grande de México”.
“El desastre ecológico” no solo dejó daños ambientales y de salud: se tienen contabilizadas 381 personas afectadas, el 1.5 por ciento de la población de la ribera del río, y una serie de promesas incumplidas de la empresa y gobierno.
Las promesas del Gobierno de Sonora y Grupo México
“A los días del derrame nos dijeron que iba a construirse 36 plantas potabilizadoras para limpiar el agua de metales pesados, después nos dijeron que no, que serían 28, y en abril de 2017 la gobernadora (Claudia Pavlovich Arellano) anunció que sólo serán 9. Una que está en Bacanuchi, el pueblo más cercano a la mina ya está medio construida, pero ni nueve ni 36 ni nada”, dijo Mario Alberto Salcido Romo, integrante de los Comités Cuenca del Río Sonora.
“No tenemos ninguna certeza de que el agua esté limpia, al contrario, hoy tenemos una sentencia que reconoce que hay contaminación en la zona”, advirtió el líder comunitario.
En un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que fue dado a conocer a finales de junio pasado, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción.
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“A principio se habló de 19 enfermos, para 2015 ya eran 280, en 2016 nos dijeron que el número había subido a 361. El último dato que tenemos es que son 381, pero creemos que son muchos más”, detalló Francisco Ramón Mirada, integrante de los comités denunciantes.
Pero, según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región.”
Los ciudadanos no confían en la cifra oficial, que dice que solo 22 mil habitantes habitantes de la ribera del río Sonora están afectados directamente por el derrame. El CCRS estima que la cifra solo es representativa de los 250 mil pobladores de los siete municipios que bordean el río, y que “fueron afectados indirectamente”.
Los integrantes del comité también señalaron que la atención que reciben a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental se ofrece en una casa adaptada, porque la clínica que se iba a construir como parte de los compromisos que asumió Grupo México está inconclusa.
El reporte de Proyect Poder también advirtió que “contar con un espacio para la vigilancia epidemiológica en la región hasta el año 2029, era una de las medidas de reparación a las que se comprometieron tanto la empresa como las autoridades”.
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