Acá tiene pendientes (Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán); juzguen al General, piden activistas y ONGs

 Sugeyry Romina Gándara/Sin Embargo

Imagen tomada de Sin Embargo

Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del Ejército, que durante los seis años del Gobierno federal a cargo del priista mexiquense estuvo al mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de Enrique Peña Nieto.

El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

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EPN quiere enterrar Caso Ayotzinapa; Comisión de Investigación, “última oportunidad” para esclarecerlo: AI

Redacción/Aristegui Noticias

“El gobierno entrante tiene el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,” aseguró Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una Comisión Especial de Investigación” para esclarecer el Caso Iguala, afirmó Amnistía Internacional, a dos días de cumplirse cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, señaló que “el mundo observa a México, esperando que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una Comisión de Investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido” y así, el Estado garantice verdad y justicia para los normalistas y sus familias.

Pese a la fuerte presión nacional e internacional al gobierno mexicano, hasta la fecha se no se conoce el paradero de los jóvenes, tampoco existe claridad en las circunstancias en las que se dieron estas graves violaciones a derechos humanos, es por eso que en  junio, un Tribunal Federal ordenó la creación de una Comisión Especial de Investigación de este caso.

Lejos de contribuir a esto, el gobierno ha efectuado esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión.

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En Palmarito, el Ejército sembró pruebas a cadáveres de inocentes y también a presuntos huachicoleros

Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves, con acciones como la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes, y el atropellamiento de dos civiles.

A un año y cuatro meses del enfrentamiento entre huachicoleros y fuerzas de seguridad en el poblado de Palmarito, que dejó seis civiles y cuatro militares muertos, además de decenas de personas lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante este operativo, entre las que destacan la ejecución extrajudicial de dos personas, la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes para justificar sus asesinatos, la aprehensión de personas contra las que se formularon falsas acusaciones, y el atropellamiento de dos civiles, uno de ellos menor de edad.

De hecho, las irregularidades cometidas por ambas fuerzas de seguridad durante y después del enfrentamiento llegaron a grado tal que la CNDH halló pruebas de que se sembraron evidencias no sólo en inocentes, sino también en los cuerpos de presuntos huachicoleros que fueron abatidos.

Las imágenes de cámaras de seguridad recabadas durante la investigación de Derechos Humanos confirmaron que, ese 3 de mayo de 2017, vigilantes del cuerpo de seguridad interno de Pemex reportaron un punto de extracción clandestina de hidrocarburos en Palmarito, por lo que un grupo de 16 militares se dirigió a la zona, en donde sostuvieron un enfrentamiento con los integrantes de una camioneta pick up que les cerró el paso.

En ese lugar cayó muerto el primer civil. Según los peritajes realizados, a esta persona le dispararon por la espalda.

Según la reconstrucción de hechos realizada, luego de este enfrentamiento, la patrulla militar emprendió la retirada, dividida en dos grupos, ambos perseguidos por civiles armados.

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