En la administración del perredista se han cometido 362 feminicidios
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) emitió una recomendación al gobernador Graco Ramírez para que informe sobre el avance de las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad, donde en los 17 años recientes se han cometido 626 feminicidios, 362 de ellos durante la administración del perredista, a pesar de que en 2015 se declaró alerta por violencia de género en ocho municipios.
El presidente de la CDHM, Jorge Olivares Brito, pidió también a los titulares del Instituto de la Mujer de Morelos, de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ‘‘atiendan esta grave situación’’.
Olivares Brito dijo estar preocupado porque en casi dos décadas no se ha elaborado en el estado una base de datos sobre los asesinatos.
Datos de la CDHM refieren que de enero a julio 42 mujeres fueron asesinadas con saña. En 2017 la fiscalía reportó 61 homicidios.
Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno morelense de Graco Ramírez pretende inhumar más de 170 cuerpos que no cuentan con “la debida terminación de los perfiles genéticos para tener las confrontas” y que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo), denunció Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, quien fue secuestrado, asesinado y luego inhumado en las fosas clandestinas de Tetelcingo.
Aseguró que el Semefo ya está con los preparativos para “deshacerse” de los cuerpos que supuestamente no han sido reclamados, tras la llegada de Uriel Carmona Gándara a la Fiscalía y luego de la conclusión de la obra de las nuevas instalaciones que estarán descentralizadas.
“Es lo mismo que se hizo en Tetelcingo: ‘ya me estorban aquí, ya no los quiero’; en este caso ya habíamos logrado un avance muy importante, pero observamos que es regresar a toda esa barbarie”, acusó.
Hernández agregó que sólo se obtuvieron los perfiles de 70 por ciento de los 172 cuerpos en total que permanecen en la Semefo de Morelos, lo que significa un temor para los familiares de las víctimas de desaparición con la amenaza de que sean inhumados.
Pobladores de la localidad de Alpuyeca, ubicada en Xochitepec, Morelos, denunciaron la mañana de este 19 de julio que la Planta Valorizadora de Residuos Sólidos –puesta en marcha en febrero de 2017– es una imposición del gobierno del estado que representa una amenaza para la salud y el medio ambiente.
En conferencia de prensa, Yeymi Peña, habitante de Alpuyeca, aseguró que los niños son los más afectados por las sustancias tóxicas que genera la planta. Enfermedades de la piel, leucemia y otros tipos de cáncer y malformaciones físicas son algunos de los problemas de salud que se han detectado en la niñez de Alpuyeca. Denunció también que ni siquiera el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense ha podido dar un seguimiento adecuado a estas enfermedades.
Los ríos de Apatlaco y Colotepec representan otro riesgo, pues ahí desembocan líquidos que genera la basura y con ellos se riegan los campos, en donde se producen alimentos. “Nuestras tierras ya no son fértiles gracias a los proyectos del gobierno, que son a medias y sin sustentabilidad para ser instalados dentro de algún pueblo”, aseguró Yeymi.
La Planta Valorizadora de Residuos Sólidos forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Morelos (Egirem), implementada por el gobernador Graco Ramírez e incluye otras plantas. El objetivo, según se lee en el sitio del gobierno de Morelos, es “eliminar los rellenos sanitarios y cambiarlos por plantas de valorización, donde los residuos que aún cuenten con valor monetario o energético serán separados para aprovecharlos”.
Foto: Sur Digital Medios
Sin embargo, para la comunidad de Alpuyeca el proyecto se traduce en un basurero más que no resuelve el problema de los residuos y que además afecta sus territorios.
A pesar de que los pobladores han solicitado información sobre el proyecto –como la Manifestación de impacto ambiental o los documentos de propiedad de los terrenos, los cuales en un inicio eran ejido de la comunidad– se han encontrado con la negativa de las autoridades.
“No se han presentado los permisos de operación del basurero por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los permisos de licitación no han sido públicos”, aseguraron los pobladores, quienes afirman que las irregularidades en el proyecto están presentes desde el inicio, pues no se les informó que se construiría una planta para tratar residuos sólidos.
Otro de los pobladores afectados, Celerino Castañeda, denunció que al manifestarse en contra de la planta han sido objeto de dos agresiones. La más reciente fue el 30 de junio, cuando protestaban frente al palacio de gobierno y en un operativo policiaco golpearon a los pobladores –entre los cuales había adultos mayores– y periodistas, además de que detuvieron a cuatro personas. En este mismo evento, una joven fue agredida por ocho policías y continúa en el hospital; la denuncia que se interpuso, aseguró Yeymi Peña, se encuentra detenida.
Castañeda agregó que algunos de los pobladores son constantemente vigilados por autoridades locales.
Ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y local, la comunidad de Alpuyeca solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para resolver este problema.
Los pobladores aseguraron que están cansados de ser un basurero por más de 60 años, esto después de que lograron cerrar el basurero de Milpillas en 2006. “El gobierno del estado quedó con una deuda ambiental y a 11 años no ha cumplido, ahora nos viene a implementar un centro de transferencia a cielo abierto y la planta de revalorización, en medio de dos ríos y de un ojo de agua”.
La mañana del miércoles 7 de junio, “la sociedad civil” de Tepoztlán como la denominó el gobierno de Graco Ramírez, encabezada por Gabino Ríos y sus golpeadores, desalojaron el plantón que los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán y ambientalistas sostenían en el acceso en la glorieta de acceso al pueblo.
“Esta mañana, ciudadanos de Tepoztlán decidieron intervenir para liberar un acceso al municipio” dijo en un boletín el gobierno de Graco Ramírez, identificando como sociedad civil a Gabino Ríos ex presidente municipal y ahora empresario constructor vinculado al proyecto de la ampliación de la autopista La Pera – Cuautla, quien con un grupo de golpeadores y camiones materialistas se presentó en la glorieta al filo de las 7 de la mañana para desalojar el plantón instalado desde semanas atrás cuando ocurrió el ecocidio en el que talaron más de tres mil árboles.
En Tepoztlán la tensión en el ambiente sobre la posible represión y desalojo se percibió desde el amanecer. Las campanas de la iglesia redoblaron, la gente salió de sus casas. En breve tiempo un grupo de choque encabezado por el ex presidente municipal Gabino Ríos hizo presencia para intimidar y desalojar el plantón.
