Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera sur de México ha provocado que las personas migrantes busquen rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención.
Sin embargo, dichas acciones los han convertido en víctimas de secuestro y extorsión, en tanto que la mayoría de las fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las personas migrantes no han cumplido su cometido.
Así lo dio a conocer en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del Informe Ejecutivo de la CNDH al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas.
González destacó la especial relevancia que guardan los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración no acompañados en tránsito por México, que en el último decenio aumentó en 700% respecto de los 2 mil 869 que fueron retornados a su país de origen en 2010.
Muchos de esos menores de edad –aseguró– se ven obligados a huir teniendo la necesidad de solicitar protección internacional; sin embargo, la autoridad mexicana les ha otorgado esa protección en un porcentaje mínimo, 0.2 y 0.3 % en 2015 y 2016, respectivamente.
De acuerdo con un comunicado difundido por la CNDH, el ombudsman explicó que si bien en materia de derechos de la niñez se tiene un marco jurídico robusto y garantista, urge armonizar el contenido de las leyes locales de Migración, de Refugio y las que regulan el desarrollo integral de la familia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer los derechos que contienen, así como la interacción entre los órganos creados y las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas.
González Pérez destacó que a más de tres años de la creación jurídica de las procuradurías de protección de la niñez, el gobierno mexicano no las ha dotado con estructuras, personal y financiamiento necesario, por lo que no han cumplido con su obligación de representarlos jurídicamente.
“La autoridad migratoria sigue llevando a cabo la detención de niñas, niños y adolescentes, lo que va en contra del estándar mínimo de protección nacional e internacional de sus derechos, quedando expuestos a las condiciones no idóneas de los centros migratorios y, lo que es peor, a no ser canalizados a los albergues públicos o privados”, subrayó.
Respecto de los compromisos del Estado mexicano con el Comité de la ONU para investigar casos de corrupción de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes, y sobre la mejora de las condiciones de detención en estaciones migratorias, dio a conocer que la CNDH continúa recibiendo quejas por extorsión contra esos servidores públicos.
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