En México, las cifras cuando se habla sobre violencia de género sorprenden, alarman y preocupan. Entre 2013 y 2014, diariamente fueron asesinados 7 mujeres en el país. Estudios señalan que 63% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, 47% por parte de sus parejas.
Se registran alrededor de 15 mil denuncias por abuso sexual al año, es decir, 40 mujeres por día; sólo en una de cada cinco ocasiones el agresor recibe una sentencia. Cuando entre 1997 y 2004 se lograba un sentencia condenatoria en el 80% de los casos, en 2012 (en el último estudio disponible) el porcentaje se redujo al 15.4%. Las cifras no pueden ser más contundentes: en México, 85% de los agresores sexuales no reciben castigo; en México, 85% de las mujeres abusadas sexualmente ven como su caso permanece impune.
Preocupa, incluso más, que a pesar de estadísticas tan abrumadoras, la violencia de género continúe siendo un problema permanentemente minimizado en el país. Desde las acciones gubernamentales hasta la percepción de una gran parte de la población. Los altos índices de impunidad, la revictimización hacia las denunciantes, la renuencia de autoridades a utilizar la clasificación de feminicidio, el acoso y agresión a quienes deciden hacer públicas sus denuncias. El sistema no ayudar a resolver la problemática.
Podemos tomar casos en específico, que ejemplifican de forma precisa este tipo de conductas.
El 8 de marzo de este año, Andrea Noel, periodista norteamericana, sufrió una agresión sexual a plena luz del día en la colonia Condesa, precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Poco después de hacerlo público a través de sus redes sociales, recibió apoyo y solidaridad, pero también incontables ataques tanto por parte de hombres como de mujeres. Fue culpada de la agresión y llamada “puta” por utilizar un vestido, acusada de fabricar un montaje en busca de fama, amenazada en redes sociales e incluso acosada en su domicilio.
Los ataques continuaron también a través de algunos medios, como SDP Noticias, que en una editorial firmada por Einer Juárez, insinuara que la periodista había planeado su propia agresióny cerrará con frases como “Algo seguro es que, con una actitud como el feminismo, que es el equivalente en mujer al machismo, y pretender exigir que incluso hasta los piropos sean criminalizados (…) es simplemente ponerse en una postura peor que los machistas”.
Aunque poco después el director de ese medio, Federico Arreola, anunciara el término de la relación laboral con Einer Juárez, el columnista continuó con ataques desde sus redes sociales, calificando a la periodista como “machorra feminazi”. Las palabras de un columnista poco leído con apenas unos cuantos seguidores en Twitter no resultarían relevantes sino fueran un reflejo de la postura adoptada por un amplio sector de la sociedad -más amplio del que nos gustaría pensar-.
Este año, también, ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación nacionales e internacionales el caso de Daphne Fernández, víctima de abuso sexual por parte de 4 jóvenes hijos de empresarios y políticos del estado de Veracruz, Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, mejor conocidos como los “Porkys”.
A pesar de que Jorge Fernández, padre de la menor, grabó una confesión en video de los involucrados, éstos comenzaron una campaña de desprestigio en contra de la chica, lo que llevó a la familia de Daphne a hacer pública la grabación.
La denuncia pública dio inicio a una campaña de apoyo hacia la víctima y exigencia de justicia, pero también otra de cuestionamiento, de descalificación. “Si sales a esos lugares a tomar tú te lo buscas”, “Si una chica se va con jóvenes borrachos sabe a qué atenerse”, o “Si se subió a al coche con ellos no puede quejarse de lo que le pasó”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que se podían leer en las notas al respecto.
Al día de hoy, sólo Enrique Capitaine y Diego Cruz han sido capturados, y el caso nuevamente pone de manifiesto la problemática para quién se atreve a denunciar: vergüenza, escarnio público, poca efectividad de las autoridades.
El 24 de abril se llevó a cabo una movilización en 30 estados de la república mexicana exigiendo un alto a la violencia de género y la criminalización de las víctimas, además de un protocolo adecuado para el tratamiento de estos casos. En su mayoría mujeres, marcharon con las consignas “Ni una más” y “Vivas nos queremos”. La más concurrida fue la de la Ciudad de México, reportada con saldo blanco por la Secretaría de Seguridad Pública, pero no por ello libre de controversia.
Aunque desde su origen estuvo contemplada como una movilización de mujeres y para las mujeres, hubo contingentes mixtos. Algunos reporteros, sin embargo, denunciaron haber sido agredidos con empujones y bofetadas. Tal es el caso de Carlos Mendoza, reportero gráfico, que a través de un texto titulado “La vez que fui agredido por feministas extremistas” dio cuenta se vio invadido por el miedo al verse rodeado de seis mujeres. “Mi error…”, señala en su texto, “tener pene”.
Más allá de reportes de provocación de su parte, y sin excusar algún tipo de agresión, lo cuestionable es por qué invadir un contingente cerrado en esta ocasión, si es algo que no ocurre, por ejemplo, con el continente de padres de los normalistas de Ayotzinapa, que cada 26 marchan por las calles de la ciudad. ¿Por qué cubrir de forma distinta una marcha feminista?
La movilización no tuvo respuesta alguna en el Estado de México, particularmente en Ecatepec, el que mayor índice de feminicidios registra en el país. Por parte del gobierno de la Ciudad de México, semanas después se anunció como medida la distribución de silbatos, para que fueran utilizados por las mujeres que sufrieran de acoso en el transporte público.
Y es que más allá de los problemas de fondo que desembocan en esta problemática, digamos de educación, civilidad o incluso sentido común, la respuesta de las autoridades continúa siendo ineficiente.
Melissa Soto, activista por los derechos de la mujer, apunta a una omisión de la problemática por parte de las autoridades. Más allá de los altos índices de impunidad en denuncias sobre violencia de género, apunta la falta de transparencia en los datos y protocolos de atención, vacíos en estadísticas e información, en las legislaciones locales de los estados y políticas formuladas de forma parcial y unilateral por parte de las instituciones, sin perspectiva de género, sin ir a las causas y a las raíces del problema.
Las formas de operar de las autoridades que muchas veces también transfiere la responsabilidad del delito a la víctima, se traducen en desconfianza por parte de la población vulnerable,que ha sido históricamente discriminada institucionalmente, lo que mantiene un bajo índice de denuncias de violencia de género.
El 28 de julio del 2015, la Secretaría de Gobernación emitió por primera vez una alerta de género; fue en 11 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Sin embargo, a pesar de la medida, organizaciones como Crimen en México y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indican que no ha habido avances en la entidad.
Diversas organizaciones civiles han exigido que la alerta se extienda a los 125 municipios de la entidad, se informe sobre las acciones emprendidas desde que se decretó en los primeros 11 y lleve a cabo una evaluación de los resultados.
A pesar de la poca eficacia evidenciada hasta ahora, el golpe político que representa y la utilización del término feminicidio, siguen siendo un motivo para que autoridades busquen minimizar la crisis de violencia de género.
A finales del año pasado, incluso cuando 7 mujeres fueron asesinadas en Quintana Roo en un periodo de 3 semanas, el gobernador Roberto Borge rechazó emitir una alerta de género; por el contrario, minimizó las cifras y pidió no politizar las muertes. “Los que hablan de feminicidios y promueven que se emita esta alerta sólo buscan atentar contra el éxito de Quintana Roo, frenar el desarrollo y crecimiento sostenido en turismo”, señalaría en un comunicado desde Londres, Inglaterra.
