Discrecionalidad de la SHCP en el ejercicio del gasto, de las causas más importantes de la corrupción: ONG

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público, aseguraron organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, (CEEY) y Ciudadanos Contra la Corrupción.

La SHCP, con las facultades que tiene para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales, subrayaron, está colocada “en una posición de poder y privilegio desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”.

Muestra de ello, apuntaron, es el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y esa dependencia en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos, que ha puesto en el debate nacional el tema de la corrupción en el sector público.

Ese caso, consideraron, es una oportunidad para exigir “un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público”, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 “Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, resaltaron en un comunicado.

Fotos, abrazos, baños de pueblo: los sismos dan campaña gratis a gobernadores… con dinero ajeno

Por Redacción/Sin embargo

Los gobernadores de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre se mueven intensamente por las zonas afectadas entregando víveres, materiales para la construcción y reparación de viviendas, abriendo escuelas y hospitales supuestamente rehabilitados, presumiendo donaciones e incluso pidiendo más deuda a sus congresos… todo, sin la supervisión ciudadana y pese al llamado de los grupos civiles de que el dinero público para la reconstrucción se transparente y se rindan cuentas claras.

Algunos de esos mandatarios firmaron acuerdos con la Secretaría de la Función Pública, otros más usan notarios o a integrantes de sus gobiernos para velar por la transparencia y algunos, también, no han formalizado ningún tipo de acuerdo que vigile el correcto empleo de los recursos.

Organizaciones civiles y expertos han alertado que de no poner bajo la lupa el manejo del dinero público podría terminar en otros rubros para los que no estaba destinado, como las campañas políticas que se avecinan rumbo a la elección federal de 2018. Todos los estados afectados por el sismo irán a las urnas el próximo año, la mayoría cambia a su Gobernador y al Jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y en su totalidad votan por nuevos integrantes del Congreso de la Unión y el Presidente de la República.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Los gobernadores de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados están ya en una intensa entrega de recursos públicos a los damnificados por el sismo sin la supervisión de la sociedad civil organizada.

Los mandatarios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México recorren la zonas dañadas y lo mismo entregan material para construcción que tarjetas con dinero del Fonden y víveres, que piden más donativos a los ciudadano e incluso solicitan públicamente a sus congresos les autoricen más deuda.

Pese a que las organizaciones de la sociedad civil llaman a transparentar los recursos, públicos y privados, para apoyar en la mitigación de los daños causados por los temblores del 7 y 19 de septiembre, los mandatarios no las han llamado para apoyar en la transparencia de los recursos, a lo mucho crearon comités integrados por funcionarios locales o lograron acuerdos de supervisión con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Fundar Centro de Análisis e Investigación Fundar y Transparencia Mexicana alertaron que de no vigilar los recursos destinados a los damnificados por los fuertes temblores del mes pasado, podrían desviarse a otros fines, como las campañas electorales.

Los estados afectados por los sismos tienen elecciones el próximo año. La mayoría cambia de Gobernador o Jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México –con excepción de Oaxaca, Estado de México y Guerrero–, y la totalidad cambia a los integrantes de sus congresos y tiene elecciones de alcaldes. Además, todos irán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Unión, así como al nuevo Presidente de la República.

Seis mil 844 millones 389 mil 946 pesos han sido repartidos a los nueve estados afectados por los sismos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ese es el monto que corresponde a los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entregados a las entidades hasta el 5 de octubre pasado.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha recibido observaciones de manejo irregular en el dinero que asigna, y los gobiernos estatales también han recibido año con año observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el uso que dan a las arcas públicas.

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Humberto Moreira desvió millones a una empresa fantasma y fue exonerado por su hermano

Por Redacción/Sin embargo

El empresario radiofónico, Rolando González, aseguró haber recibió millones de dólares del Gobierno de Coahuila, a través de la empresa Construcciones Chavana, supuestamente creada por Humberto Moreira Valdés para el desvío de recursos públicos.

De acuerdo con el diario Reforma, González aseguró ante una corte de Texas que de 2006 a 2009 cobró un total de 49 millones 369 mil pesos que le fueron pagados por la oficina del director general de Gasto Público a la empresa identificada como “proveedora”.

Apenas ayer el periódico mexicano dio a conocer que el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exoneró desde mayo de 2015 a su hermano Humberto, acusado de presunto fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el expediente por el que fue exonerado Moreira, la investigación del Gobierno de Coahuila detectó pagos por cerca de 50 millones de pesos realizados en 2010 a una empresa fantasma de Nuevo León. Pero la Procuraduría señaló que en el periodo que señala el empresarioRolando González no se encontraron reportes de transferencias provenientes de las finanzas del estado.

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