Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Personas defensoras y periodistas denuncian el hostigamiento y difamación que viven comunicadores indígenas de la Radio Comunitaria Zacatepec y personas defensoras del territorio del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, por la cobertura informativa y defensa del Río Metlapanapa, que atraviesa el municipio, contra la descarga de aguas industriales de más de 30 empresas del Parque Industrial Ciudad Textil, infraestructura complementaria del Proyecto Integral Morelos.
Exigen el retiro de la fuerza pública del municipio de Juan C. Bonilla que custodia las obras y amenaza con desalojar en cualquier momento el plantón que desde hace dos semanas instaló el pueblo de Zacatepec para impedir las descargas tóxicas en el río.
Piden cese al hostigamiento, amenazas de muerte y detención de integrantes de la Radio Comunitaria Zacatepec, así como castigo a los responsables de la represión del 30 de octubre de 2019.
Participan:
Mari Torres, Radio Zacatepec, Consejo municipal de Juan C. Bonilla
Sandra Patargo, Front Line Defenders
Julio César Colín, Artículo 19
Juan Carlos Flores, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT)
Convoca: Radio Zacatepec, Consejo Municipal de Juan C. Bonilla, Front Line Defenders, Artículo 19 y FPDTA-MPT
La cita: Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
El 12 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de procesamiento contra el vocero de CODEDI, Fredy García, en el juzgado de control de Valles Centrales, en Oaxaca. El defensor de derechos humanos fue imputado formalmente por los delitos de “asalto” “lesiones” y “robo con agravantes”. Permanecerá en prisión preventiva hasta la próxima audiencia, programada para marzo de 2020.
Dicha audiencia se llevó a cabo después de que Fredy García fuera detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2019, cuando se dirigía en automóvil a una reunión a la que fue invitado por funcionarios públicos en el estado de Oaxaca. La detención se habría producido en relación a unos hechos ocurridos hace unas semanas en la sierra sur del estado, donde un agente estatal de investigaciones fue asesinado por un disparo. Después de ser detenido, Fredy García pasó ocho horas en detención incomunicada y permaneció detenido arbitrariamente hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando se le procesó formalmente a la causa.
Front Line Defenders destaca que no se trata de un incidente aislado contra integrantes de CODEDI, sino que se trata de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra la organización. Desde enero de 2018 se han producido cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo y así como amenazas permanentes y militarización de la zona donde se encuentra su centro de capacitación. Asimismo, Front Line Defenders muestra su preocupación hacia el efecto intimidatorio que la prisión preventiva de Fredy García puede tener en la defensa de derechos humanos en Oaxaca. Además, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de Oaxaca a que retiren los cargos contra Fredy García y lo liberen inmediatamente de prisión, garantizando su seguridad, y su integridad física y psicológica.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Front Line Defenders, la Red TDT y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana presentan el Informe “Defensores sin muros: personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos”, en donde documentan casos de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas migrantes que a raíz del trabajo que realizan han sido criminalizadas, hostigadas, detenidas y vigiladas a raíz del trabajo que realizan.
Exigen a los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador el cese de inmediato de las acciones de acoso, hostigamiento, persecución, vigilancia, agresiones físicas, criminalización y judicialización de la solidaridad de las personas que acompañan, documentan y asisten con apoyo humanitario en el tránsito de las personas en contextos de movilidad a lo largo de toda la región centro y norteamericana.
Piden que el gobierno de México termine con la criminalización de personas que se organizan en sus trayectorias migratorias para defender sus derechos humanos, así como el respeto al derecho a la libre asociación de las personas sin importar estatus migratorio.
Participan:
Sandra Patargo, Front Line Defenders
Alberto Xicoténcatl, Casa del Migrante de Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Carolina Jiménez Sandoval, Directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional
Padre Elías Dávila Espinoza,del Albergue La Sagrada Familia de Apizaco.
Quetzalcoatl G. Fontanot, Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
La cita: Martes 24 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
El 11 de abril de 2019, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo por parte de personas no identificadas en una emboscada en San Francisco Ixhuatán. El ataque contra el defensor de derechos humanos es el más reciente en una serie de asesinatos, desapariciones forzadas e intimidaciones contra líderes indígenas en Oaxaca.
Luis Armando Fuentes [1] fue un defensor de derechos humanos indígena e integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del CORRIENTE DEL PUEBLO SOL ROJO, una organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra. Trabajó en temas de derechos humanos relacionados con el desarrollo comunitario, la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales con respecto a la corrupción y promovió el derecho a la autodeterminación en los municipios de Istmo de Tehuantepec.
El 11 de abril de 2019, alrededor de las 7 pm, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, mientras iba en camino a la comunidad de Cerro Grande. Antes de su asesinato, Luis Armando Fuentes informó haber sido amenazado en varias ocasiones por autoridades locales en diferentes municipios y también por autoridades federales de la Comisión Federal de Electricidad. Las amenazas se hicieron en relación con su trabajo de derechos humanos, especialmente vinculado con la oposición de las políticas de desarrollo del gobierno, que ponen en riesgo los derechos indígenas a la libre determinación.
El asesinato de Luis Armando Fuentes ocurrió en el contexto de una nueva ola de ataques e intentos de intimidación contra Sol Rojo, el cual ha aumentado durante los primeros meses de 2019. La organización ha sufrido represalias por su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía cuya implementación viola sus derechos a la auto-determinación. Sol Rojo también sufre represión por su labor en el caso de Ernesto Sernas García [2]. El abogado y defensor de derechos humanos fue desaparecido forzosamente en mayo de 2018, en relación con la defensa de 25 integrantes del Sol Rojo en un caso de criminalización.
Durante el periodo, integrantes del Sol Rojo han sufrido intentos de vigilancia y allanamientos, y reportaron que la computadora de uno de sus integrantes fue robada. En diversas ocasiones, las oficinas del Sol Rojo y de personas afiliadas a la organización han sufrifo allanamientos. El 25 de marzo de 2019 el líder comunitario de San Francisco del Mar, Bernardo Sánchez López, sufrió un ataque por tres personas no identificadas que irrumpieron en su casa y le agredieron físicamente. Poco después, el 3 de abril de 2019, la defensora de derechos humanos Rosa María Santiago recibió amenazas con relación a sus hijos.
Front Line Defenders sigue preocupada por el patrón de ataques contra las y los defensores de derechos humanos integrantes del Sol Rojo, y condena el asesinato de Luis Armando Fuentes. Según informes publicados por organizaciones locales, Oaxaca es el segundo estado más peligroso para trabajar en derechos humanos, y es responsable por casi el 60% de todos los ataques registrados contra defensoras de derechos humanos en México. Front Line Defenders expresa su preocupación por el clima de impunidad y la falta de un ambiente seguro para las personas defensoras de derechos humanos en México.
FRONT LINE DEFENDERS INSTA A LAS AUTORIDADES DE MÉXICO A:
Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Luis Armando Fuentes, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;
Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de las y los integrantes del Sol Rojo, en consulta con ellas y ellos;
Cesar los ataques contra las y los defensores de los derechos humanos en México, especialmente en el estado de Oaxaca, y garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluido el acoso judicial.
El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.
Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.
En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.
