Familiares exigen ser reconocidos para coadyuvar en investigaciones por caso Tetelcingo

Gloria Leticia Díaz/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años y cuatro meses del rescate de 119 cuerpos sepultados en fosas comunes en Tetelcingo, Morelos, familiares denunciaron el abandono de las instituciones estatales y federales que, subrayaron, les han negado el reconocimiento para coadyuvar en las investigaciones del caso.

Trabajos en las fosas de Tetelcingo. Foto: Margarito Pérez Retana/Proceso

Luego de señalar que aún no han sido identificados 110 de los cuerpos localizados en las fosas –administradas de forma irregular por la entonces Procuraduría de Justicia de Morelos–, familiares de cinco víctimas denunciaron que, pese a haber localizado los cadáveres de sus seres queridos en Tetelcingo, hasta ahora no han sido reconocidos en la carpeta de investigación que se abrió para sancionar a los funcionarios responsables de la inhumación.

Acompañados de María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, y el abogado Hugo Antonio Marroquín Morales, los familiares de las víctimas exigieron ser reconocidos para tener acceso a la carpeta de investigación y a los fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para solventar los traslados y dar seguimiento a la indagatoria, pero también para ser sujetos de la reparación integral del daño.

En conferencia de prensa –en presencia de familiares de cinco de las víctimas identificadas y entregadas– desmintieron los dichos del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien sostuvo que ante la falta de interés sólo se había reconocido como víctimas indirectas a cuatro familias que reclamaban igual número de cuerpos, y en el Congreso del estado declaró que “el caso Tetelcingo estaba cerrado”.

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Cuernavaca, Mor., El gobierno del estado le quitó a Amalia y a María Hernández la custodia policiaca que ambas tenían desde junio de 2016, después de que pusieron al descubierto la existencia de fosas clandestinas donde la Procuraduría General de Justicia del Estado depositó en 2013, sin seguir protocolo alguno, los cuerpos de 119 personas muertas violentamente y que nadie reclamó en su momento, incluido el de Óliver Navarrete Hernández, hijo y sobrino de las denunciantes, respectivamente.

Amalia interpretó esta medida como una represalia porque el lunes pasado las dos encabezaron una protesta contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, en un acto oficial realizado en el palacio de gobierno.

Ese día la madre de Oliver y una familiar de otra víctima extendieron una manta en la que demandaban una fiscalía especializada para investigar el caso Tetelcingo (comunidad del municipio de Cuautla donde se encontraron las fosas), para evitar que la FGE siga siendo juez y parte, pues ello mantiene estancadas las investigaciones.

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