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Redacción/Artículo19

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.- El pasado 06 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer el hallazgo de 32 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado hasta el día de hoy 174 cráneos, en un punto aún no especificado de la zona centro del estado. Este caso se suma a otros dolorosos hallazgos como el de 350 cuerpos de personas exhumados en Durango, Durango; 193 a 196 en San Fernando, Tamaulipas; 75 en La Barca, Jalisco entre 2013 y 2014; 292 cráneos que anteriormente fueron localizados en Veracruz, Veracruz, así como los más de 2 mil cuerpos exhumados en el resto del país, todos ellos entre 2006 y 2017.

Lo anterior no sólo muestra una vez más la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos por la que ha atravesado el país durante los últimos 12 años, sino que vuelve a exponer la urgencia de contar con un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas adecuado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en lo que concierne a estadísticas de fosas, víctimas encontradas, víctimas identificadas y los resultados de las investigaciones derivadas de estos delitos. Sin ello, será más difícil hacer frente a la falta de información, a la incertidumbre y a la inconsistencia de datos derivados de las instituciones oficiales, mismos que vulneran los derechos humanos a la información y a la verdad.

El Registro está contemplado dentro de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Su finalidad es contribuir, junto con otras herramientas, a la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas en el país.

Sin embargo, actualmente existen los siguientes retos que deben de ser considerados para que el Registro Nacional cumpla con las finalidades enmarcadas en la Ley General:

1. No todas las fiscalías o procuradurías locales han proporcionado información sobre hallazgos de fosas clandestinas en sus entidades. De las últimas solicitudes de información realizadas a los 32 estados del país, sólo 21 proporcionaron información relacionada con este tema. Lo anterior puede significar que no todas las fiscalías o procuradurías cuentan con esta información sistematizada o, peor aún, existe una política para no proporcionar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
2. Las cifras oficiales estatales y federales pueden tener subregistros y no existe un sistema de gestión de información adecuada. Lo anterior se ha constatado de diferentes formas. Por ejemplo, existen fiscalías o procuradurías que señalan cuántos cuerpos y/o restos de personas han sido exhumados en un municipio, pero no señalan el total de fosas halladas en cada sitio. No sólo esto, sino que hay casos de fosas dentro de las mismas instituciones que se agregan, se remueven o simplemente no se incluyen desde el inicio sin dar una explicación sobre esto a las solicitudes de información realizadas en diferentes momentos.

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