Xalapa, Ver. El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, informó que desde ayer se realizan trabajos de exhumación de 15 restos humanos localizados en fosas clandestinas, en el municipio de Río Blanco.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detalló que de los 15 restos, 12 ya han sido exhumados, mientras los antropólogos trabajan en dos fosas para la recuperación de tres más.
Agregó que la búsqueda de inhumaciones clandestinas por parte del Colectivo de Familias de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la zona Córdoba-Orizaba y peritos y policías ministeriales, se está realizando en 30 por ciento de un predio de Río Blanco.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.- El pasado 06 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer el hallazgo de 32 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado hasta el día de hoy 174 cráneos, en un punto aún no especificado de la zona centro del estado. Este caso se suma a otros dolorosos hallazgos como el de 350 cuerpos de personas exhumados en Durango, Durango; 193 a 196 en San Fernando, Tamaulipas; 75 en La Barca, Jalisco entre 2013 y 2014; 292 cráneos que anteriormente fueron localizados en Veracruz, Veracruz, así como los más de 2 mil cuerpos exhumados en el resto del país, todos ellos entre 2006 y 2017.
Lo anterior no sólo muestra una vez más la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos por la que ha atravesado el país durante los últimos 12 años, sino que vuelve a exponer la urgencia de contar con un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas adecuado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en lo que concierne a estadísticas de fosas, víctimas encontradas, víctimas identificadas y los resultados de las investigaciones derivadas de estos delitos. Sin ello, será más difícil hacer frente a la falta de información, a la incertidumbre y a la inconsistencia de datos derivados de las instituciones oficiales, mismos que vulneran los derechos humanos a la información y a la verdad.
Sin embargo, actualmente existen los siguientes retos que deben de ser considerados para que el Registro Nacional cumpla con las finalidades enmarcadas en la Ley General:
No todas las fiscalías o procuradurías locales han proporcionado información sobre hallazgos de fosas clandestinas en sus entidades. De las últimas solicitudes de información realizadas a los 32 estados del país, sólo 21 proporcionaron información relacionada con este tema. Lo anterior puede significar que no todas las fiscalías o procuradurías cuentan con esta información sistematizada o, peor aún, existe una política para no proporcionar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
Las cifras oficiales estatales y federales pueden tener subregistros y no existe un sistema de gestión de información adecuada. Lo anterior se ha constatado de diferentes formas. Por ejemplo, existen fiscalías o procuradurías que señalan cuántos cuerpos y/o restos de personas han sido exhumados en un municipio, pero no señalan el total de fosas halladas en cada sitio. No sólo esto, sino que hay casos de fosas dentro de las mismas instituciones que se agregan, se remueven o simplemente no se incluyen desde el inicio sin dar una explicación sobre esto a las solicitudes de información realizadas en diferentes momentos.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por irregularidades durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que tanto Silva como Gina Domínguez, también exvocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de doce dependencias distintas.
Domínguez fue detenida con una orden de aprehensión girada por un juez local, sin embargo en el caso de Silva la fiscalía no puede solicitarla debido al fuero con el que cuenta como legislador federal.
Una vez que la solicitud del juicio de procedencia (como se le denomina al procedimiento de desafuero) quede oficializada ante el Congreso, será turnado a una comisión instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Esta será la segunda vez en el año que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal que antes fue exfuncionario del gobierno de Javier Duarte.
