Comunicado 13 años sentencia Radilla

Imagen: Cencos

 

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

  • La CMDPDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declare el estado de desacato por el incumplimiento del Estado mexicano de las medidas de reparación relativas al caso Rosendo Radilla Pacheco y que adopte medidas provisionales. 
  • La CMDPDH presentó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva ante el Juzgado del 9° de Distrito en Guanajuato, mismo que ya fue admitido a trámite.
  • La CMDPDH interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión y la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. La sentencia, entre otras cosas, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó medidas de reparación del daño.

A pesar del carácter vinculante de la sentencia de la Corte IDH y su indiscutible relevancia en el plano jurídico, el Estado ha optado por incumplir las medidas de reparación relativas al caso concreto. A prácticamente cincuenta años de los hechos, no se han tomado acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia, ni para dar con la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco.

La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. 

En este contexto, familiares del Sr. Rosendo Radilla y la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, hemos emprendido una serie de acciones para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, tanto en el plano nacional como el internacional.

Acciones frente a la Corte Interamericana

En el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia ante la Corte IDH, el Estado mexicano solicitó que la sentencia se tuviera por totalmente cumplida, a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, así como otras formas de reparación. Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato (incumplimiento generalizado) de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas de supervisión reforzadas, para que el Estado mexicano rinda informes en una periodicidad más corta. Por otro lado, y derivado del hecho de que recientemente murió el más alto perpetrador de la época sin haber enfrentado la justicia, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas provisionales para evitar que se consume otro daño irreparable a los derechos de las víctimas.

Finalmente, en el plano internacional, también pedimos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia para que, de primera mano, pueda escuchar los testimonios de las víctimas. Consideramos que este espacio es necesario para que el Estado dé una explicación sobre su incumplimiento generalizado.

Acciones en el plano nacional

Consideramos que distintas autoridades nacionales han fallado enormemente, desde su respectiva esfera de competencias, en propiciar el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, las omisiones del Estado mexicano han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos de la familia Radilla, por lo que decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia.

En particular, señalamos la falta de debida diligencia con la que ha actuado la Dirección de Resoluciones de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República; y, el Congreso de la Unión.

Buscamos que la CNDH emita una Recomendación, en donde pida al Congreso de la Unión crear una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, buscamos que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla durante la etapa de implementación de la sentencia.

Conclusiones y peticiones

Estamos firmemente convencidas de que nuestra actual situación de impunidad y militarización de la vida pública no puede explicarse sin la permisión y tolerancia que históricamente ha tenido el Estado para permitir que los crímenes cometidos por militares nunca sean debidamente investigados.

Frente al estado actual del caso, sumado al desgaste derivado del paso del tiempo y la impunidad, solicitamos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, y que adopte medidas efectivas y deliberadas para garantizar que el Estado mexicano cumpla, inmediatamente, con las obligaciones derivadas de la sentencia del caso.

De igual manera, solicitamos a la Fiscalía General de la República que asuma su labor constitucional con diligencia, que lleve a los responsables ante la justicia y que reanude las labores de búsqueda.

 

Contacto para prensa:

Eva Avilés

comunicacion1@desarrollocmdpdh

 

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FGR no ha dado «ningún paso serio» en investigación sobre el 2 de octubre: Comité 68

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La Fiscalía General de la República «no ha dado ningún paso serio en la investigación de la responsabilidad penal» del expresidente Luis Echeverría Álvarez, «ni de ningún otro funcionario» implicado en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, criticó el Comité 68 ProLibertades Democráticas.

En el marco del 53 aniversario de la Matanza de Tlatelolco, el Comité rechazó que en los últimos 14 años, desde que se dejó en libertad a Echeverría (durante cuyo gobierno se ordenó la masacre de los estudiantes) no ha habido avances en la justicia y castigo a los responsables, pues la FGR «no cumple con su responsabilidad de procesar penalmente a los genocidas».

Insistió que para lograr justicia es necesaria una Fiscalía Especial que lleve a cabo las investigaciones judiciales necesarias «para establecer las responsabilidades penales a cargo de los gobernantes que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México».

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Expolicía federal involucrado en el caso Ayotzinapa será juzgado por delito de desaparición forzada

Redacción Animal Político

Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en Iguala, se cree que tiene información sobre la detención y paradero de los estudiantes.

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

La Fiscalía General de la República logró un auto de formal prisión en contra del expolicía federal, Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior significa que un juez determinó que hay elementos suficientes para abrir un proceso e iniciar un juicio contra el acusado, quien fue detenido el pasado 18 de enero.

En un comunicado, la FGR detalló que Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la noche en que desaparecieron los estudiantes.

#FiscalíaQueSirva rechaza opacidad en presunta contrarreforma a la FGR

  • Expresamos nuestra preocupación por hermetismo de estos diálogos en contraste con el proceso participativo con el cual se configuró la actual Ley Orgánica

  • Hacemos un llamado al Fiscal Gertz Manero, a miembros del Senado y otros actores del sistema de justicia que han estado involucrados en estas pláticas a transparentar ante la opinión pública el sentido de las mismas.
  • Una reforma de esta dimensión y naturaleza carecerá en absoluto de legitimidad si no considera una participación amplia y adecuada de todos los sectores de la sociedad.

En días recientes ha trascendido en información de prensa una serie de reuniones que involucran a diversos actores políticos y del sistema de justicia para elaborar un conjunto de cambios legislativos que presuntamente “reformarían integralmente” el sistema de justicia. En este sentido el colectivo #FiscalíaQueSirva y las organizaciones que lo componen expresamos nuestra preocupación por el hermetismo con que se están dando estos diálogos en contraste con el proceso participativo con el cual se configuró la actual Ley Orgánica que aún no cumple un año de haber entrado en vigor y no ha sido implementada en su totalidad.

En este sentido hacemos un llamado al Fiscal Gertz Manero, a miembros del Senado y otros actores del sistema de justicia que han estado involucrados en estas pláticas a transparentar ante la opinión pública el sentido de las mismas. Igualmente, queremos señalar que consideramos que una reforma de esta dimensión y naturaleza carecerá en absoluto de legitimidad si no considera una participación amplia y adecuada de todos los sectores de la sociedad.

Cabe destacar que, de ser cierta esta información, se estarían contraviniendo las disposiciones que la misma ley en su transitorio décimo tercero, mandata a la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar “una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República”. Sin embargo, también es expreso en el sentido de que dicha convocatoria deberá de darse “ a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en este proceso”. 

Al tratarse de una institución en vías de construcción, no contribuye a la confianza pública la opacidad con que se ha desempeñado el trabajo de la FGR durante este proceso de transición, que se refleja y replica en lo relacionado al Plan de Persecución Penal, los nombramientos de las personas titulares de las Fiscalías especializadas y la elección del Consejo Ciudadano, mismos que evidencian el incumplimiento expreso del marco legal.

En virtud de ello las organizaciones articuladas en el colectivo #FiscalíaQueSirva realizamos las siguientes demandas:

  • Demandamos que la Fiscalía General de la República haga público el sentido de las conversaciones que ha estado sosteniendo con actores políticos y del sistema de justicia. 
  • Demandamos a las y los Senadores garantizar el principio constitucional de máxima publicidad y transparencia, lo cual implica dar a conocer de manera pública las reuniones sostenidas al respecto y el tipo de iniciativas que están preparando al respecto.
  • Demandamos a las y los involucrados respetar y actuar dentro del marco legal construido para tal efecto y permitir la participación activa de sociedad civil en la construcción de un modelo de procuración de justicia efectivo.

 

#FiscalíaQueSirva

Piden ayuda para encontrar a migrantes desaparecidos en Tamaulipas

Redacción/mexico.com

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las fotografías de las 26 personas migrantes desaparecidas desde el pasado 7 de marzo en Tamaulipas.

Imagen: Twitter @FGR_Tamps

La institución difundió en sus redes sociales las imágenes y solicita apoyo para encontrar a las personas que fueron privadas de su libertad en la carreteraSan Fernando–Reynosa, luego de ser bajadas del autobús en el que viajaban por hombres armados.

La información se puede hacer llegar al teléfono 01800-0085-400 ó 088, así como a los correos hasvisto@pgr.gob.mx o al sitio web www.gob.mex/pgr.

El pasado 13 de marzo se puso en marcha el Operativo Búsqueda en Vida Tamaulipas en el cual participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, la Policía Estatal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

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Se abre ruta para dar fuerza a comisión de la verdad para Ayotzinapa

Redacción / La Jornada

Foto: Paola Ramos / Cencos

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se desistirán de los recursos de revisión todas las dependencias que en la administración pasada se opusieron a la creación de la comisión de la verdad y la justicia del caso Iguala que ordenó el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito con sede en Tamaulipas.

Así lo planteó el subsecretario en la reunión que sostuvo en privado con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista, Encinas Rodríguez explicó que la ruta a seguir es el desistimiento de todas las dependencias y así dar más fuerza a la comisión creada por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará la investigación prácticamente desde cero.

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El sector minero, otra línea a investigar en el caso Ayotzinapa

Redacción / La Jornada

Foto: Paola Ramos / Cencos

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se recibieron nuevos testimonios de personas que aseguran tener pruebas que incluyen al sector minero.

Sin dar pruebas, el funcionario continuó: esto es nuevo, o por lo menos no se había investigado, y en eso estamos trabajando. Por el momento estos testimonios no se harán públicos y permanecerán en secrecía hasta entregarlos a la Comisión Especial de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, que él encabeza.

Añadió: Hemos realizado trabajo de campo, siguiendo el proceso de investigación de la Fiscalía General de la República y algunas líneas de investigación que se han hecho con mucho sigilo.

Aquí hay que hacer un análisis del fenómeno de desaparición ligado a los tipos delictivos por distintas actividades económicas. No todo es droga, también hay que decirlo, es la protección también de la industria minera; de la industria del secuestro; del tráfico y la trata de personas. Tenemos muchas líneas de investigación asociadas al problema de la desaparición (de los normalistas); todo se va a investigar, insistió.

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Exigen esclarecer la muerte de Samir Flores y frenar el PIM

Redacción / La Jornada

Foto: Morelos TV

Organizaciones integrantes del Foro Social de Izquierda realizaron un mitin en el Ángel de la Independencia con la finalidad de exigir justicia para Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), al cumplirse un mes de que el activista fue asesinado.

Hicieron un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a no beneficiar megaproyectos que destruyen los recursos y criminalizan a los opositores, demandaron que el asesinato del activista no quede impune y que se garantice que ningún defensor de derechos humanos, del ambiente y del territorio sea víctima de un crimen o de persecución.

En tanto, la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala señalaron que la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el crimen y el gobierno federal se ha negado a atraerlo para que lo investigue la Fiscalía General de la República.

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Asesinan a defensor Samir Flores; piden que FGR atraiga el caso

Paola Ramos / Cencos

Foto: Morelos TV

La mañana de este miércoles, 20 de febrero, el defensor Samir Flores Soberanes fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio, en la comunidad de Amilicingo, municipio de Temoac, Morelos, reportó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT)

“Alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió, se escucharon 4 disparos y dos de ellos ultimaron a nuestro compañero en la cabeza”, reportaron en un comunicado miembros del frente.

Samir era un indígena náhuatl fundador de una radio comunitaria y principal impulsor de la organización contra el Gasoducto Morelos y el Proyecto Integral Morelos (PIM), defensor de la autonomía de Amilicingo y de su territorio.

Este mismo miércoles el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, descartó en entrevista para Radio Fórmula que el asesinato del defensor estuviera relacionado con sus oposición a los megaproyectos, y dijo que la línea principal de investigación es una relacionada con la delincuencia organizada.

Ante los hechos, el FPDT-MPT exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y usar como principales líneas de investigación los relacionados con grupos que le habían intimidado y amenazado con anterioridad y el propio gobierno federal, por ser omiso ante las advertencias de la situación.

“Nosotros lo que exigimos es que lo atraiga la Fiscalía General de la República y se pronuncien los organismos correspondientes para que se busque de inmediato a los responsables de este asesinato y se les castigue. Ya la denuncia está de oficio por ser un asesinato, pero es de un defensor de derechos humanos”, dijo en entrevista para Cencos Juan Carlos Flores, miembro del FPDT-MPT.

Agregó que la Fiscalía debería indagar en torno a dos líneas de investigación: una, relacionada con un grupo de choque, liderado por Humberto Sandoval -líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos, quien, asegura, ha tenido respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que impulsa el PIM- y del Gobierno del Estado con el fin de dividir a las comunidades para favorecer el paso del gasoducto. 

Una segunda línea sería enfocada al gobierno de la república, encabezado por Andrés Manuel López Obrador “porque esto se da en el contexto de la protesta contra el PIM y las presiones a nivel nacional que estamos teniendo para que ese proyecto se eche a funcionar”, sostuvo.

“Nosotros ya de por sí, desde el 11 de febrero, después de que López Obrador dio su discurso a cerca de la consulta y de que nos tachó de radicales de ultra izquierda y conservadores nosotros le advertimos al día siguiente cómo estaba la situación de proyectos, cómo se habían generado balazos en la Huexca a raíz de su posición como Presidente de la República de apoyar el PIM”.

Apenas este 19 de febrero, Samir Flores encaró a Hugo Erik Flores, superdelegado de López Obrador en Morelos, en el marco de un foro informativo sobre el PIM que se realizó previo al ejercicio de consulta impulsado por el gobierno federal.

Sus compañeros de lucha señalaron que ante el recrudecimiento de la violencia, analizarán solicitar medidas cautelares ante instancias internacionales para protección del FPDT-MPT,  la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Campamento Zapatista de Apatlaco.

Diputados avalan Ley de la Fiscalía General; va sin cambios al Ejecutivo

Redacción/Aristegui Noticias

Con los votos de Morena, sus aliados e incluso del PRI se avaló el dictamen; la oposición reclama la falta de autonomía del próximo fiscal.

Foto: Twitter @Diputados_MX

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular en sus términos la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.

Tras un largo debate de más de ocho horas, con cruce de acusaciones entre Morena y sus aliados con la oposición, el documento fue avalado con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención y turnado al Ejecutivo federal para su publicación y efectos constitucionales.

Durante la discusión, la diputada de Morena, Dolores Padierna defendió el dictamen y señaló que los requisitos para ser nombrado fiscal general están marcados en la Constitución Política, y por eso en esta ley no se pueden agregar más.

Recordó que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece los requisitos para ser titular de la Fiscalía General y sostuvo que el Senado de la República tendrá la última palabra en la designación del mismo.

Afirmó que esto se inscribe en la lógica del rediseño de una nueva estrategia de seguridad a nivel nacional, donde las instancias encargadas de estos temas deberán contar con planes y programas claros y verificables para combatir la delincuencia, así como con programas de prevención del delito, además de que tendrán que transparentar toda su actuación y sus resultados.

En su turno, el priista Rubén Moreira Valdez precisó que el PRI no va a regatear los nombramientos al nuevo gobierno, “pero le advertimos que no es la fiscalía que el país necesita porque la ley aprobada no da autonomía a la fiscalía”, por lo que “emplazamos a quienes ostentan el poder a someter a debate este tema de la autonomía, para que se incluya en el artículo 102 constitucional”.

En tanto, la diputada del PAN, Marcela Torres Peimbert cuestionó que se pretenda presentar como una “fiscalía autónoma” a una institución donde el fiscal puede ser nombrado y removido por el presidente de la República, sin contrapeso de otros Poderes, y mucho menos controles ciudadanos.

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