Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Veracruz
Xalapa, Ver. “No queremos estar en medio del juego -o del fuego- entre la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, y el gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez”, dijo Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito, al llegar a la reunión entre familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales, para acordar los trabajos que emprenderán por el nuevo hallazgo de un cementerio clandestino, en el estado, con 36 fosas.
“Ya no queremos estar en medio, nuestro problema es tan fuerte y doloroso que no queremos lidiar con otro problema más. Queremos que nos dejen trabajar y encontrar a nuestros tesoros”.
Castro Toss, quien busca a su hijo, Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido en diciembre de 2011, planteó: “queremos paz en nuestros trabajos, que no nos obstaculicen y nos dejen trabajar.
“Nuestro trabajo es el más doloroso que puede hacer una madre, buscar a sus hijos en esas condiciones, y por eso queremos que nos dejen fuera de sus diferencias”, señaló la mujer, quien luego ingresó al salón Juárez, en Palacio de Gobierno.
Otra de las asistentes al encuentro, Victoria Delgadillo Romero, del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, indicó que las familias han quedado en medio de la disputas entre gobierno estatal y fiscalía, “pero ya no queremos seguir así, nosotros queremos encontrar a nuestros familiares”
La localización del terreno se mantendrá en secreto por motivos de seguridad; la Fiscalía explicó que aún no ha sido delimitado y que las fosas detectadas abarcan apenas un 10 % de la superficie inspeccionada.
Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Veracruz (fgeveracruz)
La Fiscalía de Veracruz anunció el hallazgo de al menos 36 fosas clandestinas en un predio ubicado en la región centro del estado.
El descubrimiento, de acuerdo con el fiscal Jorge Winckler, se dio tras una denuncia anónima, por lo que autoridades estatales, junto con militares, marinos y las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas visitaron el terreno.
El funcionario estatal dijo en conferencia de prensa que la localización del predio se mantendrá en secreto por motivos de seguridad; explicó que aún no ha sido delimitado y que las fosas detectadas abarcan apenas un 10 % de la superficie inspeccionada.
De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, el terreno era “muy probablemente utilizado por un grupo delictivo para realizar inhumaciones de manera ilegal”.
La comisionada nacional de búsqueda de personas, Karla Irasema Quintana Osuna, explicó que los colectivos de familias de desaparecidos fueron notificadas, y que a partir de la próxima semana empezarán a trabajar en la extracción de restos humanos.
Colectivos civiles critican que el trabajo de las autoridades para identificar a víctimas es muy lento. La Fiscalía señala que ya tienen el ADN de los restos encontrados pero hace falta el de los familiares para identificar a las víctimas.
Foto: Policía Federal
De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las autoridades federales y estatales de investigación han identificado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.
La fosa donde a la fecha se han exhumado más cráneos es en Colinas de Santa Fe, un predio ubicado a escasos kilómetros del Puerto de Veracruz que, según las investigaciones policiacas, era usado por el crimen organizado como un ‘cementerio particular’.
Esta fosa fue descubierta en 2016 luego de que el Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, recibió un mapa anónimo con información del lugar y comenzó a excavar en el predio. De acuerdo con datos oficiales proporcionados a Animal Político por la Policía Federal y la Fiscalía veracruzana, en las fosas descubiertas se han hallado 292 cráneos, de los cuales se han podido identificar plenamente a 16 personas.
En marzo de 2017 tuvo lugar el hallazgo de otra fosa clandestina en la localidad de Arbolillo, en el municipio costero de Alvarado ubicado a unos 70 kilómetros del Puerto. Hasta el momento, se han exhumado 47 cráneos y se han identificado a otras 16 personas, según cifras oficiales.
De los 32 cráneos identificados, 18 ya fueron entregados a los familiares; procedimiento que de acuerdo con la Policía Federal se hace en colaboración con la fiscalía del estado y con personal de la Comisión de los Derechos Humanos. En el resto de los casos, las familias no han querido recibirlos hasta tener los cuerpos completos de las víctimas.
Ante estos resultados, el Colectivo Solecito criticó la actuación de la fiscalía en la identificación plena de las víctimas de desaparición forzada.
El Colectivo Solecito acusó que desde hace un año el gobierno estatal les ha retirado el apoyo de maquinaria pesada y el recurso humano de policías y peritos; han solicitado ingresar a un área cerca de Colinas de Santa Fe, donde podría haber una fosa clandestina con más de 500 cuerpos.
Foto: facebook.com/colectivo.solecitodeveracruz
El Colectivo Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, acusaron que desde hace un año y medio ha solicitado al gobierno de Miguel Ángel Yunes permisos para realizar trabajos de búsqueda en un área localizada a 5 kilómetros de Colinas de Santa Fe, donde podría haber una fosa clandestina con más de 500 cuerpos.
Lucy Díaz, representante del colectivo, dijo que recibieron un mapa—de manera anónima— en el que indican la existencia de una fosa clandestina, sin embargo a más de un año de solicitar el permiso, la Fiscalía del estado no ha permitido ingresar al área luego de ocho solicitudes que se le han realizado.
Lo mismo ocurre con otra zona conocida como Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz, en donde también solicitaron el ingreso. En esta área la Fiscalía y personal de la Marina hallaron hace un año 47 cuerpos, en algunos casos solo extremidades, esto tras la búsqueda de tres marinos que se reportaban como desaparecidos.
“Una vez que los encontraron se detuvo la búsqueda y ya no se sacaron más cuerpos, queremos seguir buscando a ver si encontramos más restos. Esto fue hace un año y sigue olvidado y tampoco nos han permitido ingresar, necesitamos revisar esa área”, comentó Díaz.
Son dos puntos a los que Colectivo Solecito solicita el ingreso: Al Arbolillo y kilómetro 13.5 (uno de los tramos más transitados por los choferes de carga), este es el área trazado en el mapa que les hicieron llegar y que se ubica a tan sólo 10 minutos de Colinas de Santa Fe, y que podría superar el número de cuerpos hallados en la llamada fosa clandestina más grande del país.
El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.
Imagen: Animal Político
Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte– entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.
Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.
Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.
Pero además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.
A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.
Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.
Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.
Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.
La Fiscalía dijo haber realizado “dictámenes científicos, entrevistas y trabajos de campo” que confirman que “no existieron ejecuciones extrajudiciales” en el caso de las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez de 16 y 14 años, respectivamente.
Los hechos sucedieron el pasado 10 de marzo, cuando los tripulantes de una camioneta Honda “hicieron caso omiso de comandos de voz” de policías estatales quienes les marcaron el alto para hacer una revisión, de acuerdo con la Fiscalía de Veracruz.
Posteriormente se inició una persecución en la colonia Benito Juárez, donde los tripulantes “efectuaron disparos con armas de fuego en contra de las fuerzas del orden”, aseguró el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien señaló que la autoridad se basó en pruebas de Rodizonato de Sodio para identificar si las personas abatidas accionaron armas de fuego.
“En resguardo de su vida y en cumplimiento de su deber, los elementos de la SSP repelieron el ataque, encontrándose a larga distancia, como se comprobó de manera científica, desmintiendo categóricamente el dicho popular de que se efectuaron disparos a quemarropa”, expuso la Fiscalía luego de que se dieran a conocer imágenes en redes sociales donde se observa a una de las hermanas aún con vida y sometida, pero después aparece muerta en otra fotografía en medio de un charco de sangre.
El noticiero En Punto, conducido por la periodista Denise Maerker, dio a conocer la postura de familiares y testigos, quienes aseguran que las hermanas no tenían relación alguna con José Eduardo “N”, –presunto criminal abatido también en el enfrentamiento– y que fueron “asesinadas extrajudicialmente” por los elementos estatales, cuando ellas se dirigían al cine.
La Comisión ve irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o ausentes en el estado.
Hasta la fecha se desconoce el paradero de la activista y no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables.
En un comunicado, la Comisión destaca que acreditó que cinco servidores públicos de la Fiscalía del estado violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición.
“Omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación”.
La CNDH solicitó en su momento a dicha Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida, para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares.
Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016, un portal de noticias publicó en Internet una nota periodística sobre un grupo armado que privó de la libertad a la activista en el local en el que trabajaba. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, se trata de la activista Claudia Ivonne Vera García.
Se llaman Héctor, José, Ulises; y desde hace años sus familias no conocen su paradero.
Los tres están desaparecidos desde 2013, cuando un grupo de policías de Veracruz los detuvieron –en momentos diferentes– únicamente por considerar que tenían una “actitud sospechosa”, sin presentarlos ante un juez o agencia del Ministerio Público.
Foto: plumaslibres.com.mx
Era la administración de Javier Duarte, y en Veracruz el terror se había institucionalizado: la policía estatal –a través de dos grupos: Fuerza de Reacción y Fuerza Especial– operó para detener y desaparecer a por lo menos 15 jóvenes –hombres y mujeres–, ente los que se cuentan Héctor, José y Ulises.
Los mismos que tenían que protegerlos fueron los que los detuvieron un día, entre abril y octubre de ese año, en alguna carretera o avenida del estado.
La semana pasada se completó la detención de 19 personas –policías, exmilitares y exmandos de la Secretaría de Seguridad– por su presunta implicación en estas desapariciones forzadas. Están en el penal Pacho Viejo, una localidad en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Este miércoles 13 de febrero las 19 personas fueron vinculadas a proceso.
Arturo Ángel, reportero de Animal Político, ha seguido y reportado el caso, y ha comenzado a publicar las historias de cómo, en dónde y bajo qué argumentos los jóvenes fueron detenidos. Ha narrado los primeros seis casos, desde la detención hasta que fueron llevados a una academia de policía fuera de Xalapa, en donde se perdió su rastro.
En el diario La Jornada, Eirinet Gómez publica datos aún –si todavía se puede– más espeluznantes. Por ejemplo, que según la audiencia de vinculación los presuntos culpables no solo detuvieron y desaparecieron a los jóvenes, también solían contactar a sus esposas para abusar sexualmente de ellas.
Es, porque no hay otra forma de decirlo o de concebirlo, una historia de terror. Que pasó –y que se sigue desarrollando– en nuestro país, frente a nuestras narices, y en manos de agentes públicos. Que destapa la responsabilidad de las autoridades, esa que han venido negando desde hace años. Que nos muestra las heridas más profundas del México en el que vivimos, en el que con frecuencia las autoridades no sólo no cumplen con su labor, sino que vulneran nuestros derechos más fundamentales, incluyendo nuestro derecho a vivir.
En los juzgados de Pacho Viejo, familias de personas desaparecidas siguen gritando su dolor, porque todavía no encuentran a quienes buscan y exigen saber dónde están sus hijos.
Que haya elementos detenidos, una investigación en curso, es un primer paso para dar justicia y certeza a decenas de personas.
Pero Veracruz sigue siendo una herida abierta. Y como esa hay muchas en México.
Hay más de 33 mil personas desaparecidas. Más de 33 mil familias buscando.
