Exigimos al Estado Mexicano que la búsqueda de las personas desaparecidas y la demanda de justicia no le cueste la vida a las familias buscadoras. El Estado debe garantizar su seguridad.

Imagen: Twitter @CMDPDH

 

Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México

  • La madre buscadora Araceli Rodríguez sufrió un grave incidente de seguridad después de haber presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la búsqueda de su hijo Luis Ángel. Este incidente no ha sido esclarecido, Por otro lado, tampoco se ha garantizado la seguridad y protección de Araceli para continuar con la investigación.
  • Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista. Las familias buscadoras tienen derecho a la justicia, la verdad, la investigación y la seguridad.

El pasado 30 de marzo, la madre buscadora Araceli Rodríguez hizo de conocimiento público un incidente de seguridad que vivió el 4 de marzo en la carretera Chilpancingo cuando volvía de Acapulco, Guerrero. Tanto ella como sus escoltas de la FGR fueron interceptados por un comando armado que les golpeó, amenazó, robó sus pertenencias y les dejó amarrados en la carretera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado en solidaridad con Araceli, quien busca a su hijo, Luis Ángel,  desde hace más de una década. Es fundamental señalar que este incidente ocurrió tan sólo unos días después de que ella presentara una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra del Estado mexicano y que luego de recibir la comunicación sobre el caso, el Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales de forma inmediata con el objetivo de realizar todas las acciones necesarias para determinar el paradero del hijo de Araceli, sin embargo, a más de un mes de está solicitud, el Estado mexicano ha sido omiso y no ha realizado acciones para dar cumplimiento con lo solicitado por el Comité, que dicho sea de paso, representa una obligación para el Estado mexicano

Esto nos lleva a un escenario en donde es innegable que existe un contexto de apatía, criminalización y vulnerabilidad en contra de las buscadoras y los buscadores. Es importante señalar que en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, las familias asumen tareas y riesgos que no les corresponden, y aunque la participación en la búsqueda y la investigación del paradero de sus familiares es un derecho fundamental, estos procesos no deberían realizarse sin la seguridad necesaria y los cambios estructurales correspondientes. Esto quiere decir, fortalecer los procesos de justicia y judicialización de los casos de personas reportadas como desaparecidas, terminar con la impunidad en las investigaciones de desaparición forzada y desaparición asociada a delitos, combatir la criminalización desde la función pública y el trabajo conjunto  con los colectivos y familias que contribuya a la reconstrucción del tejido social.

Son las familias buscadoras quienes conocen y padecen de primera mano todas las falencias que los sistemas -de búsqueda, de justicia y de víctimas- tienen para con ellas. Ahora, se suma la inseguridad.

Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Con mucho dolor recordamos los asesinatos de:  Javier Barajas, Arantza Ramos, José Nicanor Araiza, Brenda Jazmín, Rosario Lilian Rodríguez, Esmeralda Gallardo, María Carmela Vázquez. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista y exigimos justicia para sus casos y los anteriores a 2021. 

Es por ello que para las familias el ataque a una buscadora no resulta un hecho aislado, sino una situación que se ha agravado durante los últimos años. Nos preocupa la integridad física y mental de Araceli, así como de otras buscadoras quienes no han hecho públicos los incidentes vividos. Instamos al Estado Mexicano a garantizar la seguridad de Araceli, así como la de cientos de familiares que todos los días salen a buscar a sus seres queridos en contextos de violencia extrema. 

Por las que ya no están, Por las que han sido asesinadas y asesinados, Por todas las que buscan. ¡Hasta Encontrarles!

 

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Sentencian a 32 años de cárcel al Quillo, coautor del asesinato del periodista Javier Valdez

Imagen: Twitter @PropuestaCivica
Redacción/Animal Político

Un juez federal condenó a Juan Francisco Picos Barrueto, el Quillo, a 32 años de prisión por el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, cometido el 15 de mayo de 2017.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la FGR, señaló haber acreditado la premeditación y ventaja del “coautor material” del homicidio.

El juez, quien había declarado desde el 8 de junio culpable a Juan Francisco Picos de ser coautor material y de organizar el plan para el atentado contra Valdez, también ordenó la reparación del daño a las víctimas indirectas del asesinato.

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Poder Legislativo no debe aprobar la eliminación de las obligaciones de la Fiscalía General de la República en materia de derechos humanos

Espacio OSC

 

México, 4 de febrero de 2021

El día 9 de octubre de 2020 la bancada legislativa de Morena presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar el marco normativo de la Fiscalía General de la República (en adelante FGR). En caso de aprobarse esta reforma en el actual periodo ordinario de sesiones, implicaría, un grave retroceso en materia de derechos humanos  ya que ignora las voces de miles de víctimas en el país, así como sus derechos de acceso a la verdad, memoria, búsqueda y protección.  

La propuesta de dictamen elimina mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la sociedad en el plan de persecución penal; debilita los avances hacia nuevos modelos de investigación integrales y de colaboración entre Fiscalías, al eliminar las Unidades de Investigación y Litigación, los equipos mixtos de investigación y las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto; y desaparecen figuras como la Comisión Especial, que puede estar formada por un grupo de experto con independencia técnica, para desarrollar investigaciones sobre  casos de corrupción. 

De igual forma limita la participación de la FGR en distintas actuaciones de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. Lo anterior, implica el desconocimiento de protocolos de actuación como es el caso del “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, y el “Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, que establecen mecanismos de coordinación interinstitucional en los que la participación de la Fiscalía es fundamental. 

En el caso del Mecanismo de Protección su intervención efectiva en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Análisis de Riesgo y Seguimiento de Medidas, potencialmente permite vincular los planes de protección de personas defensoras y periodistas con las investigaciones que realizan. Asimismo, en relación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es clave ya que, es la instancia de coordinar y formular políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral en todos los ámbitos de gobierno. 

Si bien la Fiscalía no ha sido capaz de combatir la impunidad ni garantizar un verdadero acceso a la justicia a víctimas, pretender eliminar obligaciones fundamentales de ella  sin un análisis de su necesidad ni de su impacto, invisibiliza los problemas estructurales relacionados a la falta de acceso a la justicia, al desconocer que a la fecha las fiscalías no han sido depuradas, no cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes, no han sido creadas las Unidades especializadas, ni tampoco la designación de las y los fiscales especiales se ha hecho conforme el procedimiento en la Ley, y se carece además de un plan de persecución penal construido de manera participativa con la ciudadanía y otras instituciones. 

Los impactos en esta reforma, lejos de fortalecer a la Fiscalía, institucionalizan la impunidad e ignoran logros  de víctimas y sociedad civil en su búsqueda de garantías al derecho a la verdad, reparación integral y no repetición. Tal como lo ha indicado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México (OACNUDH),  es importante que las autoridades de procuración de justicia entiendan que son parte fundamental de un sistema de protección integral en materia de derechos humanos.

En un verdadero proceso de fortalecimiento de los aparatos de justicia, es importante que se escuche a personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y personas víctimas, que viven las limitaciones en las investigaciones y el acceso a esta, y han  construido y generado propuestas para su fortalecimiento de sus experiencias y procesos de búsqueda. 

En el caso concreto de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma no abona a generar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. No es suficiente  implementar medidas de protección para personas defensoras y periodistas si las agresiones que ejercen actores diversos permanecen impunes al no existir  una investigación penal y una sanción, lo que  envía un mensaje de permisividad  y  alienta estas agresiones. 

Por lo anterior, las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado las y los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados/as a que:

  • A no aprobar la propuesta de dictamen que abroga y reforma el marco normativo de la Fiscalía General de la República,  
  • A generar un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y personas expertas respecto a las limitaciones actuales del acceso a la justicia y las reformas legales necesarias para el fortalecimiento de una Fiscalía que garantice una justicia seria, imparcial, efectiva, ex officio y sin demora.
  • A abstenerse de generar marcos normativos que revictimizan y no abonan en  generar entornos seguros para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. 

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Expolicía federal involucrado en el caso Ayotzinapa será juzgado por delito de desaparición forzada

Redacción Animal Político

Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en Iguala, se cree que tiene información sobre la detención y paradero de los estudiantes.

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

La Fiscalía General de la República logró un auto de formal prisión en contra del expolicía federal, Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior significa que un juez determinó que hay elementos suficientes para abrir un proceso e iniciar un juicio contra el acusado, quien fue detenido el pasado 18 de enero.

En un comunicado, la FGR detalló que Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la noche en que desaparecieron los estudiantes.

CNDH instruye a Marina y FGR a esclarecer la desaparición forzada de 27 personas

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Imagen tomada de gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, 12 de ellas ejecutadas extrajudicialmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó al esclarecimiento y sanción de los hechos así como a la reparación del daño a los familiares de las víctimas en una recomendación dirigida a  los titulares de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Rafael Ojeda Durán y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

La recomendación por violaciones graves 36VG/2020, dada a conocer este martes, está relacionada con 17 expedientes de queja por hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, atribuidos a elementos de la Semar, en que 27 personas fueron detenidas de manera arbitraria, permaneciendo 15 en calidad de desaparecidas.

El organismo resaltó que los cuerpos de 12 víctimas fueron encontrados sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo y Anáhuac, Nuevo León.

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Pobladores de Amatán exigen desarticular a grupos paramilitares y que la FGR atraiga el caso

Proceso / Cencos

 

 

Aproximadamente dos mil personas participaron este viernes en una marcha-peregrinación en Amatán, para exigir el desmantelamiento del grupo civil armado que opera en ese municipio.

Además, demandaron justicia por la muerte de Carlos Guerrero Mayorga, Noé Jiménez Pablo y Jorge Santiago Álvarez, quienes encabezaron manifestaciones contra el cacicazgo político de los hermanos Carpio Mayorga. El primero fue ejecutado el 23 de noviembre de 2018 y los últimos dos el pasado 18 de enero.

oé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Noé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

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Elección de Fiscal general es acelerado: #FiscalíaQueSirva

Redacción / El Economista

Por considerar que la premura de nombrar a quien será el primer fiscal general de la República vía fast track no responde a los estándares internacionales implementados por el Senado y no se garantiza una participación ciudadana para auditar el proceso de designación, el colectivo #FiscalíaQueSirva determinó no participar en los “acelerados procedimientos de auscultación” de aspirantes.

El colectivo integrado por diversas organizaciones civiles y sociales informó que la propuesta ciudadana es crear una Fiscalía “autónoma, independiente, eficaz de garantizar las legítimas demandas de la sociedad que buscan consolidar un sistema de justicia en el que se pueda confiar”, sin embargo, consideraron que otorgar 10 a 15 minutos a los postulantes —en su comparecencia en el Congreso— no garantiza probidad. De acuerdo con #FiscalíaQueSirva, los estándares internacionales otorgan 45 minutos.

Asimismo, abogaron por que la auscultación se haga con “transparencia, publicidad, mérito, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva, en la cual los medios de comunicación cumplan un rol protagónico para garantizar transparencia y auditar el proceso de designación para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad”.

Por tal motivo, comunicó a los integrantes del Senado de la República que consideraba “inadecuado” asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia este lunes.

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