Ciudad de México. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México exigió a las autoridades correspondientes el esclarecimiento del asesinato de Rosa Analí Aparicio Vega, estudiante de esa casa de estudios.
En un comunicado, condenó la muerte de la estudiante de la carrera de médico cirujano, quien fue asesinada durante un asalto en la calle de Francisco Villa, colonia San Mateo Cuautepec, del municipio Tultitlán, estado de México.
Puntualizó que los hechos se suscitaron ayer a las 06:30 horas cuando la joven se dirigía de su domicilio al Hospital General Cuauhtitlán José Vicente Villada, en donde cursaba su internado rotatorio.
COLIMA, Col. (apro).- A poco más de un mes de que se declaró en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG), no hay resultados favorables visibles; por el contrario, “estamos viendo un aumento exponencial y un recrudecimiento de la violencia hacia las niñas y las mujeres”, advirtió el Observatorio Ciudadano para el seguimiento de la AVG.
De acuerdo con datos de esa organización, desde que fue emitida la Alerta -el pasado 20 de junio- hasta la fecha, han ocurrido 11 asesinatos más de mujeres, con los que suman más de 40 en lo que va del año.
Integrado por activistas de organismos defensores de los derechos de las mujeres, el Observatorio Ciudadano solicitó por escrito una reunión de trabajo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dialogar sobre las razones por las que el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, los magistrados y los diputados “han omitido dar cabal cumplimiento” a la declaratoria de AVG.
El Observatorio denunció que, pese al tiempo transcurrido, el gobierno estatal no ha dado a conocer el plan de trabajo, el cronograma de actividades ni las acciones concretas a realizar para frenar la violencia y los feminicidios en el estado, por lo que “estas omisiones representan una violación a la Ley General y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Griselda Martínez, integrante del organismo, advirtió que las mujeres colimenses están viviendo una situación de emergencia, mientras que existe una ausencia de sensibilidad de las autoridades, que han sido omisas y han desacatado la AVG.
Nadia Alejandra tenía 24 años cuando sus tres hijos vieron cómo su padre, Bernardo y su tío Isidro la mataron. Las autoridades del Estado de México cometieron irregularidades en la investigación, al grado que pese a la declaración de los menores sobre el asesinato, las autoridades aseguraron que la muerte de Nadia fue por suicidio.
En 2009, tres años después del asesinato, se reabrió el caso, esta vez Isidro fue encarcelado pero no por mucho tiempo. Su defensa apeló el fallo del juez y salió libre. Bernardo tardó 10 años ser detenido y procesado por homicidio y no por feminicidio.
El pasado 27 de junio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el país se castiga a quien agrede a una mujer: “¡Ni una más! Pero no sólo en el discurso, sino en las acciones, para que se sepa que hay castigo a quien comete agresiones a las mujeres”.
Pero la realidad es muy distinta. En México una persona puede atacar a otra sexualmente casi sin consecuencias, pues de cada 100 agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías, según un diagnóstico sobre violencia sexual que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Por Viridiana Ramírez @yavirarom
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 20 de julio del 2017.
El cuerpo de Lesvy fue encontrado sin vida en una cabina telefónica con rasgos de violencia, el 3 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un caso que hasta el momento sigue sin tener claridad y transparencia. Ante lo sucedido, la Procuraduría General de la Justicia de la CDMX mandó un tuit desde su cuenta en donde señalaba que Lesvy había estado consumiendo alcohol y drogas; muchos entendieron este argumento como una justificación de su muerte.
La indignación no se hizo esperar, pues no se puede criminalizar a la víctima tratando de estigmatizarla, juzgando sus actos y forma de vivir como los responsables de su fallecimiento, sin preocuparse por hacer las investigaciones pertinentes y resguardar las evidencias.
Foto: lasillarota.com
Hace una semana, el diario El País presentó un video en donde la madre de Lesvy describe evidencia de las cámaras de seguridad de la UNAM; en las grabaciones se observa que el novio de Lesvy la agrede en diversas ocasiones: le da un cadenazo en el rostro, la agarra fuertemente del cuello y forcejean cerca de la cabina telefónica. Más tarde golpea al perrito de Lesvy y se retira solo del campus.
El cuerpo de Lesvy tenía marcas en los brazos, en las piernas, dos hemorragias internas en la cabeza, además de restos de ADN del novio en las uñas, y a pesar de estas evidencias de violencia en contra de Lesvy, el Ministerio Público vinculó al sujeto por homicidio simple por omisión, que significa que se le acusó por “no hacer nada para evitar que Lesvy se suicidara”.
Las autoridades no están siendo responsables en el cumplimiento de la justicia y están omitiendo las pruebas y acusaciones en contra del novio. Además, el caso no ha sido investigado ni procesado debidamente como feminicidio. El artículo 325 del código penal federal señala que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”; y se considera que existen razones de género cuando se presentan signos de violencia sexual y lesiones, si existen antecedentes de violencia por parte del agresor hacia la víctima, si hubo amenazas, si la víctima tenía algún tipo de relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor, si se le privó de contacto, o si el cuerpo fue expuesto en lugares públicos.
El homicidio simple doloso se castiga entre 8 y 20 años, un feminicidio se castiga de 40 a 60 años, es clara la diferencia por la cual es inaceptable la sentencia de la Procuraduría. Se tiene que estipular que la muerte de Lesvy fue un feminicidio, integrar a la carpeta de investigación las pruebas; como son las marcas de violencia que presenta su cuerpo, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios de conocidos, para poder así tener una resolución con congruencia.
En este caso también ha sido muy señalada la relación que existe entre el novio de Lesvy y Marco Antonio Domínguez, Director General de Personal de la UNAM, pues según algunos medios universitarios el papá del novio de Lesvy era hombre de confianza del director. No sería la primera vez que las influencias sean más importantes que el cumplimiento de la justicia y la protección de los ciudadanos.
Según la abogada del caso, Sayuri Herrera, hay aproximadamente 22 casos de mujeres asesinadas en 2017, en la Ciudad de México, que no han sido investigados bajo los protocolos de perspectiva de género. Y existe un factor en todos estos casos y el de Lesvy: la participación del fiscal Marco Enrique Peña, al dictar sentencia y resoluciones del caso.
Y toda esta impunidad, omisión, desacreditación de la víctima, y fallas en el proceso son también parte de un sistema que busca a toda costa mantener una imagen y ocultar cifras. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio actualmente estima que la cifra de homicidios violentos en contra de mujeres del 2000 a la fecha podría superar los 30 mil, además de que 24 entidades tienen alerta de género.
Necesito un país en donde pueda caminar libremente por la calle, sin tener miedo de que alguien pueda agredirme, sentirme segura de que si eso llegara a suceder se haría justicia por mi muerte, que no se me señalaría por lo que me gustaba hacer o mi manera de vivir para utilizar eso como una justificación, que mi madre no tenga que estar luchando contra un sistema lleno de impunidad y corrupción para que se castigue a mi agresor sin importar a quien conozca o quien sea su familiar.
Dos mujeres del estado de Puebla fueron asesinadas el pasado lunes 17 de julio en distintos puntos de la entidad; la primera víctima fue hallada en un campo de cultivo en Cañada Morelos, aunque no se sabe más al respecto; la segunda fue ultimada por su esposo dentro de su domicilio.
La víctima tenía entre 18 y 23 años de edad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona y esperar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Ciudad Serdán.
En otro punto, Viviana García Garzón de 25 años, fue asesinada por su esposo de un balazo la tarde de este lunes 17 de julio en su domicilio en la Colonia Resurrección del municipio de Tehuacán. Ver nota completa
Aunque la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CdMx) concluyó que Lesvy Berlín Osorio se suicidó, la investigación del caso continúa, y los videos de las cámaras de seguridad de Ciudad Universitaria han arrojado nuevas pistas para hacer justicia a la joven de 22 años.
El diario español El País tuvo acceso a uno de los videos. En este se pueden observar cinco momentos clave, aunque el instante justo de la muerte de Lesvy no fue grabado o no fue presentado.
“Jorge se contradice en su declaración, dice que él no estuvo allí, que se fue antes, cuando se ve en las imágenes que sí”, declara la abogada Sayuri Herrera al rotativo.
“Además, no es verosímil que una persona se ahorque en una cabina telefónica. Tuvo que deslizarse por el pasto y tener la fuerza necesaria para partirse el cuello sin caer al vacío. Ni siquiera el cable tenía un nudo y la herida es más profunda en su lado izquierdo, no en la garganta”, concluye.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de junio de 2017.
El domingo me fui a dormir con una resaca existencial, el PRI ganó nuevamente en Estado de México. Si bien hay muchos análisis sobre las artimañas que los partidos usaron para ganar votos, se ha dejado de lado lo que significa en materia derechos humanos que este partido continúe en el poder.
Más allá de los retorcidos ideales de los partidos políticos existen marcos jurídicos que deben respetarse, pues estas son las vías que se han fijado para que los ciudadanos puedan acceder plenamente a sus derechos, y en el Estado de México parecen no reconocerlas ni tener intención de hacerlas valer.
Foto: Animal Político
Para comprobar lo anterior echemos un ojo en los siguientes datos:
-El Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México reportó 236 posibles feminicidios en 2016, siendo la entidad con mayor número de casos en el país.
-En la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI se dio a conocer que el Estado de México se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros con el 90.7%.
-Según el COVENAL el 49.6% de los habitantes del Estado de México vive en situación de pobreza, y de este el 7.2% en extrema pobreza.
-De acuerdo con el Índice de Impunidad Global México, en 2016 el Estado de México registró 76.48 grados de impunidad ocupando el tercer lugar solo por debajo de Michoacán y Quintana Roo.
-El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México (PNUD) concluyó que “Si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en el Estado de México coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Qatar y Ghana”.
Estos son algunos de los datos que nos dibujan la realidad del Estado que ha sido gobernado por el mismo partido 82 años continuos, aunado a esto -y lo más preocupante- es que en el contexto de las elecciones los diversos actores llevaron los debates al juego de las propuestas sin fundamentos, demostrando que ninguna de las opciones a votarse tiene un interés legítimo de solucionar a fondo los grandes conflictos, al menos en el dialogo.
Resolviendo el título de la columna, los mexiquenses nos encontramos en medio de un dilema: al ser unos de los estados más importantes para acceder a la silla presidencial hemos sido rezagados al campo de batalla entre los partidos políticos y en el que solo votamos al ganador, sin que esto represente una modificación en las condiciones de la población.
Foto: Anguardia
La permanencia del PRI es un duro golpe al ejercicio pleno de los derechos humanos, esta opción ha dejado claro que la ciudadanía no es de su interese y que sólo busca mantener el peso político que representa la entidad.
Lesvy no se suicidó, su muerte es un feminicidio señala su familia, el Centro de DH Fray Francisco de Vitoria que lleva la defensa legal del caso y el Observatorio Nacional de Feminicidio, durante la audiencia celebrada el lunes 10 de julio, en la que vincularon a proceso por “homicidio simple doloso por omisión” a su pareja sentimental.
Antes de iniciar la audiencia, a la que las autoridades de Tribunal negaron por más de media hora la entrada a la defensa legal de la familia de Lesvy, la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, dijo que de acuerdo a los videos que la UNAM entregó a la PGJDF, se observa antes del asesinato, como Jorge Luis González Hernández golpeó a su hija con una cadena, ello ocurrió, dijo, en el lugar donde fue hallado su cuerpo: “Hoy ganó la misoginia y el machismo, se sigue privilegiando la palabra del feminicida”, denunció Aracely.
Las pruebas que pueden acreditar su muerte como feminicidio son estas lesiones infames que generaron sangrado interno, la posterior exposición pública de su cuerpo y la probada relación afectiva con el agresor.
Asimismo, la familia, el Centro de DH Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio exigen también la renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por las constantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Luego de que la Procuraduría capitalina concluyera que la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio se suicidó en Ciudad Universitaria en mayo pasado, las académicas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM manifestaron su inconformidad y exigieron que se investigue como feminicidio.
Esta mañana, colectivos de estudiantes, organizaciones y sindicatos protestaron frente al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en la calle Sullivan, donde se llevó a cabo una audiencia con el presunto responsable de la muerte de Lesvy.
Aunque en la versión de las autoridades se dice que en los videos de cámaras de seguridad de la UNAM se ve que fue un suicidio, la madre de Lesvy aseguró hoy que las grabaciones no muestran dicho delito, sino que el novio de su hija la golpea.
De acuerdo con la dependencia, con todos los datos de prueba reunidos y su análisis respectivo, se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso; toda vez que el acompañante de la víctima, su novio, tuvo la posibilidad de evitar su deceso y no lo hizo.
El mismo día que las autoridades de la PGJ-CdMx dieron a conocer las conclusiones del caso de Lesvy Berlín, la familia de la joven y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria rechazaron las declaraciones del organismo.
A través de un comunicado, señalaron que “de nueva cuenta” las autoridades dieron a conocer información y realizaron la detención de una persona sin que la familia fuera notificada de manera previa y adecuada.
Aunque la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue un logro de las organizaciones civiles en el Estado de México, hasta el momento presenta fallas en la aplicación de los protocolos que establece la medida. Errores que han ocasionado que los feminicidios continúen, dicen activistas y legisladoras.
La medida se implementó cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente. Un día después de emitida la alerta, los expertos en el tema y activistas involucrados, dijeron que debía impactar en toda la entidad con medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia. Sin embargo esto no ha sucedido.
“Llevamos 37 feminicidios al día de hoy. La Alerta de Violencia de Género, a unos días de que se conmemore el día internacional de la mujer el 8 de marzo, es letra muerta, porque aunque existen los protocolos de actuación para ponerla en marcha, no lo han hecho porque no saben cómo capacitar al personal. Los homicidios de mujeres, asesinatos, siguen siendo tratados como homicidios normales, lo dejan al libre albedrío del Ministerio Público” dijo David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias. Ver nota completa
