Acusan a gobiernos de Calderón, EPN y AMLO de ser indiferentes con víctimas de desapariciones

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Imagen tomada de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El caso de la desaparición de cuatro ingenieros agrónomos desaparecidos por policías municipales de Torreón, Coahuila, hace exactamente 10 años, es un botón de muestra de la criminalización de las víctimas, la indiferencia y el incumplimiento de los compromisos con las familias de los desaparecidos, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Así lo denunció María Antonia Melo, hermana de Matusalén Melo Cadena, uno de los cuatro profesionistas que el 21 de octubre de 2009 fueron detenidos por policías municipales de Torreón cuando se dirigían a su trabajo.

En una carta distribuida por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, del que forma parte el colectivo Buscando Desaparecidos México (BUSCAME), María Antonia hizo un recuento de las experiencias que ha tenido su familia en la búsqueda de Melo Cadena con gobiernos federales, sin que hasta ahora se tengan información de su paradero.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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Los casos de desaparecidos, una tendencia constante entre los sexenios de EPN y Calderón

Foto: Cencos

Por Redacción/Animal Político

En lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en promedio, cada dos horas se ha reportado la desaparición de una persona.

Entre 2013 y julio de 2017, en México han desaparecido o se han extraviado un total de 19 mil 156 personas, de acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).

En la actual administración, el 26.3% de personas desaparecidas o extraviadas son jóvenes de sexo masculino de entre 20 y 29 años, y el 16.9% desapareció en el Estado de México.

Otro 17.9% (3,271 casos) son niños y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. En ese rango, el 58.2% de los casos son mujeres y el problema se concentra en cuatro entidades: Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas.

El 13.4% del total (2,450 casos), son personas entre 20 y 24 años. En promedio 7 de cada 10 víctimas son hombres, y el problema se concentra en Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.

De acuerdo con los datos, las desapariciones masculinas tardan más en ser resueltas.

En la base de 2013 se consignaron 10 mil 7 casos de mujeres desaparecidas, y en la actualización más reciente quedaban 2 mil 656 casos vigentes, esto significa una reducción del 73.5%; mientras que en los hombres se reportaron 14 mil 935 casos y continúan vigentes 10 mil 596 casos, ahí la reducción fue del 29.1%.

El RNPED no es un registro estático, se va depurando y actualizando con la información que entregan las procuradurías y fiscalías de los estados, pero muestra que la desaparición es un fenómeno social que ha mantenido en las mismas proporciones en más de una década.

De los 24 mil 943 casos que reportó la administración de Felipe Calderón, hasta julio de 2017 – última actualización de los datos – continúan vigentes 13 mil 249 casos. En agosto de 2014, se había hecho una primera depuración que arrojó 17 mil 351 reportes pendientes.

De los poco más de 13 mil casos que continúan vigentes, el 80% de las víctimas son hombres y el resto mujeres. El 50.6% de esas denuncias se concentran en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Si la tendencia no cambia, el actual sexenio cerrará con una cifra parecida a los 24 mil 943 casos reportados con los que cerró la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (cifra RNPED, febrero de 2013).

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Dar nombre a desaparecidos en México, un trabajo de la sociedad para devolverles la identidad

Foto: Cencos/Marcela Méndez

Por Redacción/Animal Político

En febrero de 2013, dos meses después de concluido el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto publicó una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas con 24 mil 957 registros.

Desde entonces el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) se actualiza, depura y publica de manera periódica en la página de la Secretaría de Gobernación (Segob). La versión más reciente, publicada en junio de 2017, cuenta con 33 mil 482 casos divididos en dos categorías: “Fuero Común”, la que contiene la mayoría de los casos, 32 mil 277; y “Fuero Federal” con 1,205.

A pesar de que la base se creó como una herramienta de alcance nacional para incorporar todos los casos de personas desaparecidas denunciadas ante las autoridades, es un registro con muchas deficiencias, la primera de ellas, dice Mónica Mentis, directora ejecutiva de Data Cívica, es la ausencia de nombres de las personas en los registros.

“Ahorita, como está la base deshumaniza muchísimo a las personas. Desde que se inició con Data Cívica hemos trabajado con los datos del RNPED, en sus diferentes olas (actualizaciones y depuraciones), y en ese proceso nos hemos dado cuenta que como está publicado no es útil en términos de búsqueda de personas, pero tampoco de verdad y justicia. Uno de los elementos importantes para que esto suceda es que estén los nombres de las personas publicados”.

Y agrega: “es horrible reconocer que hay una doble desaparición de las personas, primero desaparecen físicamente, y luego el Estado no se encarga de darle seguimiento a sus casos e invisibiliza sus nombres, y al invisibilizar los nombres les quita identidad y humanización de las personas”.

Desde hace dos años Data Cívica se dio a la tarea de reconstruir esa base de datos utilizando tres registros públicos: el padrón de beneficiarios de Sedesol, el padrón del IMSS y el propio RNPED. El objetivo es que las personas registradas en esa base de datos vuelvan a tener nombre, lo que el gobierno les ha negado al publicar su información con una casilla vacía.

En este momento la base de datos oficial puede descargarse desde la página de la Segob. El registro ofrece información en mayor o menor medida sobre fecha de desaparición, estado, municipio y localidad, género, y algunas características, pero nada del nombre.

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