La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que se impongan 70 años de prisión en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, ‘El Larry’, uno de los líderes regionales del grupo de ‘Los Salazar’ (banda que forma parte del Cártel de Sinaloa), por ser uno de los partícipes y autores intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) dio a conocer que presentó la acusación formal en contra de Juan Carlos “M”, por su probable responsabilidad en el homicidio de la corresponsal de La Jornada, quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
La institución ministerial señaló que al concluir la etapa de investigación complementaria autorizada por un Juez de Control federal con sede en el estado de Chihuahua, la Feadle presentó la acusación como lo establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, por la probable comisión del delito de homicidio calificado.
Reporteros sin Fronteras ve positivo el avance desde que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión atrajo el expediente.
Foto: nortedigital.mx
La investigación del homicidio de Miroslava Breach abrió nuevas líneas desde que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ejerció la facultad de atracción, refirió Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, misma que asesora a la familia de la periodista en el seguimiento jurídico del caso.
“Hay avances en el sentido de que la investigación se continúa, entiendo que se están profundizando otras líneas de investigación; …eso es importante porque no había más líneas que hubiese tenido abiertas la Fiscalía local”, refirió.
Señaló que aunque están pendientes resultados concretos, es positivo el hecho de que desde la instancia federal, exista un flujo de información abierto a la familia y sus abogados.
El director nacional de Comunicación Social de la PGR, Ruan Silva, dijo a Norte no estar en posibilidad de adelantar más detalles del caso, y solo expresó que el proceso “sigue su curso y sus tiempos naturales”.
Juicio contra ‘El Larry’ en septiembre.
La etapa de investigación complementaria concluirá el próximo 27 de septiembre y entonces iniciará el juicio en contra del único detenido del caso Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, mientras que su cómplice Jaciel Vega Villa continúa prófugo.
A casi un año y medio de distancia de que ocurrió la violenta muerte de la periodista, la representación legal de la familia continúa litigando para lograr la reparación del daño a favor de las víctimas, informó Nataly Quintero, integrante del equipo jurídico de la asociación civil Propuesta Cívica.
Desde mediados del año 2017 esta organización fue designada por la familia de la reportera, para que los representara ante los juzgados en el seguimiento de las investigaciones y el proceso penal abierto en contra de los presuntos responsables.
Culiacán, Sinaloa, a 15 de mayo de 2018.- El asesinato de Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Río Doce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, es emblemático del fracaso del Estado mexicano en garantizar seguridad para los periodistas en el ejercicio de su labor.
El 17 de mayo de 2017, dos días después del crimen, en un evento inédito que pretendía mostrar la voluntad del Estado mexicano para acabar con la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunciaron una serie de acciones para garantizar la protección de los periodistas en México. Después de anunciadas dichas acciones, 10 periodistas más han sido asesinados hasta el día de hoy. En efecto, se confirma la sospecha fundada de que dichas acciones no revertirían el patrón de agresiones contra la prensa en México.
Aún cuando se aceleró en varias entidades de la República la creación de Unidades de Protección vinculadas al Mecanismo federal, así como Mecanismos locales de protección con base en leyes estatales aprobadas por los Congresos de los estados; la realidad es que la violencia contra la prensa no cesa, y al contrario, crece día a día.
En su visita conjunta a México (27 de noviembre-04 de diciembre de 2017), los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH corroboraron de primera mano el fracaso de la estrategia de protección para los periodistas y de la falta de garantía de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y sus deudos. Un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ineficiente, una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inoperante, fueron sus conclusiones preliminares.
En un marco de absoluta impunidad en los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las y los periodistas, hemos dado cuenta que hasta el 30 de diciembre de 2017, en el actual sexenio ha contabilizado 1986 agresiones contra informadores, de los cuales 42 corresponden a asesinatos. Este año, en el contexto electoral, se han cometido 26 agresiones
No podemos soslayar que recientemente la FEADLE, al haber obtenido orden judicial, capturó el 23 de abril pasado a Heriberto “N, imputándole la autoría material del homicidio de Valdez. En este sentido, en conferencia conjunta de la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Seguridad, al anunciar la detención del hoy imputado, se enfatizó que el crimen respondió al interés de acallar a Javier por parte de un grupo criminal. Asimismo se señaló la posible co-autoría material de otras tres personas (una de ellas asesinada), siendo que Dámaso López Serrano, los habría enviado para cometer el homicidio en contra del periodista por publicaciones que le resultaron incómodas.
En este sentido, debe demostrarse de manera fehaciente y sin lugar a dudas la responsabilidad de los autores materiales y la supuesta autoría intelectual del asesinato de Javier. Evidentemente también urge el esclarecimiento de los hechos para que su familia, colegas, amigos y sociedad general conozcamos penalmente la verdad de lo sucedido.
Adicionalmente se requiere que la FEADLE y las instancias de procuración de justicia locales muestren la misma celeridad en la investigación y judicialización de todos los casos de agresiones contra la prensa, en especial los más graves que entrañan asesinatos, tortura, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones en rezón del ejercicio informativo de las víctimas.
México sigue y seguirá siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina mientras las acciones de prevención, protección, investigación y reparación del daño por parte del Estado permanezcan descoordinadas y no haya voluntad política de todos los actores políticos y gobernantes de integrar una estrategia que conduzca a la erradicación de la impunidad. Mientras permanezcan las condiciones de silenciamiento de la prensa en México, ya sea mediante mecanismos de censura sutil o mediante la violencia física y psicológica, no podremos jactarnos de vivir en democracia.
En este contexto, la obra de Javier Valdez y su compromiso con la verdad y las víctimas de la violencia imperante en amplias franjas del territorio nacional, sigue vigente y es ejemplo y guía para lograr la transformación de México hacia una sociedad más libre y justa.
Nota para prensa
Para mayor información, favor de contactar a Juan Vázquez, oficial del área de Comunicación y Contenidos Digitales, al correo jvazquez@article19.org, o hablar al +52 55 1054 6500
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
Ciudad de México, 19 de marzo de 2018.- El periodista Víctor Eduardo Badillo, del municipio de Apodaca, Nuevo León, ha sido víctima de amenazas por parte del director de Comunicación Social y Prensa del mismo municipio, Edgar Martínez Mercado, con el objeto de coaccionar al periodista para que deje de publicar sobre él. A cambio, el funcionario advierte que no difundirá un supuesto vídeo sobre su vida privada, el cual fue obtenido ilícitamente de su computadora.
En agosto de 2017, Badillo notó que su computadora y su cámara web se encendían automáticamente y la cámara o que el cursor se movía solo. Estos hechos los dio a conocer al Mecanismo federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, al cual se encuentra incorporado por agresiones anteriores contra su persona.
Después de ocurrido lo anterior, comenzaron a repartirse memorias USB cuyo contenido consistía en partes de un vídeo de índole sexual, relativo a la vida privada del periodista, de lo cual éste se enteró a través de otro periodista. Esas mismas memorias que logró conseguir, de igual forma las aportó ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección federal y a efecto de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual forma parte del propio Mecanismo, conociera de esos hechos.
Posteriormente, a principios de enero de 2018, un sujeto desconocido acudió a la escuela donde estudian sus hijas, y entregó a uno de los estudiantes el mismo vídeo diciendo que ahí sale la familia del reportero Víctor Badillo, mismo que se difundió en la escuela. Asimismo, el día de ayer 18 de marzo de 2018, una de sus hijas recibió un mensaje sobre que harían público el vídeo en Twitter, por lo que ha decidido denunciar estos hechos, a efecto de que no genere mayor afectación a su familia.
Ciudad de México, 21 de enero de 2018.- El periodista y director del portal ElQuintanaRoo.mx, Amir Ibrahim, fue nuevamente amenazado de muerte vía redes sociales los días 20 y 21 de enero. Tras expresar su solidaridad con Ibrahim, fueron amenazados como el reportero Gildo Garza de Tamaulipas y a Omar Bello Pineda de Guerrero; todos ellos son periodistas desplazados a causa de la violencia ejercida en su contra.
Estas amenazas partieron desde las cuentas en Twitter @CentauroNorte01 y @PanchoVillajr31, después de que Gildo Garza y Omar Bello expresaran su apoyo al reportero quintanarroense Amir Ibrahim quien actualmente –en calidad de víctima- lleva un proceso penal en contra del empresario y precandidato independiente a la Presidencia de la República, Carlos Mimenza Novelo por el delito de amenazas.
En las amenazas proferidas por parte del usuario @CentauroNorte01 contra los periodistas se puede leer lo siguiente:
“@gildogarza te va a llevar la vergota por andar haciendo segunda a tu novio @AmirIbrahimQRoo pinches jotos cuídense las espaldas perros la basura como ustedes quedan tirados en el monte con un tiro en la cabeza”
“Todo aquel #pseudoperiodista como tu y el pinche narizon de @AmirIbrahimQroo tu novio van a mamar verga se los va a llevar madre y tómenlo como quieran jotos tu y la pgr y quien se ponga se van a la verga”.
Estas amenazas de muerte se dan en un contexto donde, tras varios meses de investigación por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a partir de la denuncia interpuesta por el periodista Amir Ibrahim, el juez especializado del centro de justicia federal, Alejandro Ávila Gutiérrez, decidió que existen los elementos suficientes para vincular a proceso a Carlos Mimenza por otras amenazas previas vertidas en contra el periodista en julio del año 2017[1]. Además, al empresario le fueron impuestas algunas medidas cautelares como la prohibición de salir del país, así como de acercarse al periodista, a su familia o a su lugar de trabajo.
Muy dura fue la carta que envió el pasado 30 de junio el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el francés Anthony Bellanger, al presidente Enrique Peña Nieto.
El secretario general de la FIP -la organización gremial más grande del mundo que representa a 600 mil trabajadores de la prensa de 140 países- también le dice a Peña Nieto que “es realmente preocupante la escasez de respuestas que, debido a la debilidad de sus partidas presupuestarias y la falta de voluntad política, viene destinando su gobierno tanto al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (…) como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión (FEADLE)”.
No sólo consideró “aberrante” que este año no les haya asignado recursos a ambas instancias, sino que además lamentó “que en el curso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente”.
Pero la carta de Bellanger no fue la única que en esa fecha transmitió la FIP al gobierno mexicano. El organismo dirigió otra al procurador general de la República, Raúl Cervantes, la cual está firmada por el presidente de la FIP, el veterano periodista belga Philippe Leruth.
Como la del secretario general, la misiva de Leruth destaca igualmente por su severidad.
En una parte reconoce que “México no es el único país en el que los periodistas pagan con su vida su voluntad de cumplir con su deber de informar”. Pone como ejemplo los casos de dos periodistas franceses y uno iraquí que murieron recientemente en las calles de Mosul, donde seguían los avances de las tropas iraquíes contra el grupo terrorista Estado Islámico.
“Tales muertes, aunque son intolerables, se pueden entender en el contexto de un país en guerra”, le escribe Leruth al procurador Cervantes, para después aclararle que, “las muertes de los colegas mexicanos, sin embargo, son doblemente intolerables, no sólo porque México no es un país en guerra, sino también porque sus asesinos quedan impunes en más de un 90% de los casos”.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 22 de diciembre de 2016.
Está por terminar un año complicado para el país y en materia de libertad de expresión no ha sido la excepción, el número de periodistas asesinados incrementó respecto a años anteriores.
De acuerdo con información recaba por La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 14 periodistas asesinados, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.
Haciendo una revisión de las cifras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la libertad de expresión documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, por lo que en este año el número de asesinatos aumentó en más de 100%. Siendo lo anterior un indicador más que demuestra la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.
Foto: Cencos A.C.
El pasado 13 de diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su balance 2016, en el que estableció que México es el tercer país del mundo más mortífero para la prensa y el más letal en América latina.
A todo esto, las autoridades han quedado una vez más rebasadas, La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sigue sin funcionar. Motivos hay varios, pero el eje central es la dificultad para atraer los casos, por tanto, en la mejor de las situaciones realizan investigación paralela.
Buscando estadística en la página de la FEADLE sobre el número de casos que revisan, encontré que en 2015 dieron seguimiento a solo una investigación relacionada con homicidios a periodistas. Lo que deja claro la inactividad del Estado ante este grave problema.
Foto: Cencos A.C.
Pero hay algo que no debemos olvidar, detrás de todos estos números en informes hay familias que han perdido un ser querido, situación que no debemos dejar que continúe. Como lo ha dicho Irina Bokova, directora general de la UNESCO, “La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista un debate público informado. No puede permitirse que la violencia sea un freno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información”.
Partiendo de que este derecho es la piedra angular de la democracia, la seguridad de quienes nos mantiene informados es prioridad, los próximos años son de suma importancia y la labor de los periodistas es medular para que la ciudadanía pueda acceder a más derechos y por tanto mejore el funcionamiento del país.
Es deber de las autoridades prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación integral del daño, por la libertad de expresión sumemos las voces.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un elemento de la Policía Federal (PF) fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad agravado en perjuicio de un periodista que cubría un evento informativo en el estado de Michoacán.
En un comunicado precisó que luego de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), este miércoles cumplimentó la orden de aprehensión librada en su oportunidad por el juez Octavo de Distrito, con sede en el municipio de Uruapan.
“La presente detención es parte de la estrategia implementada por la FEADLE para investigar y cumplimentar mandamientos judiciales en casos en los que se afecta la libertad de expresión de las y los periodistas en nuestro país”, puntualizó la PGR.
Tras reiterar “el compromiso absoluto con el respeto a la libertad de expresión”, la dependencia subrayó que llevará a la justicia a aquellas personas “que atenten contra este derecho fundamental”.
