Alberto Pradilla/Animal Político
Víctimas dejaron de recibir apoyos como los de viáticos, para trasladarse y revisar los expedientes de sus casos; también respaldo para despensas o rentas.
Jessica Molina tenía previsto viajar a Ciudad de México a finales de mes. Entre los días 23 y 27 de noviembre estaban programadas sesiones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el expediente de la desaparición de su esposo, Daniel Trejo, capturado por marinos cuando estaba en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018.
Finalmente, la visita no podrá tener lugar. Un funcionario de la CEAV escribió a Molina y al resto de compañeras del colectivo el martes 10 de noviembre explicando que, por la entrada en vigor del decreto que ordena la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, no hay dinero disponible para pagar el viaje.
“Las comparecencias que habían agendadas en Fiscalía se podrán llevar a cabo solo en caso de que ustedes vengan con sus propios recursos”, les dijo.
