Imagen: Segundo Informe Breve sobre Desigualdad de Género, IBERO Puebla
Roberto Pichardo Ramírez/Desinformémonos
Históricamente, la participación económica de las mujeres se ha dado bajo condiciones de explotación, precariedad, disparidad salarial, inseguridad y violencia. El contexto derivado de la COVID-19 ha evidenciado múltiples manifestaciones de desigualdad de género que van desde la caída de la participación laboral hasta el aumento de la violencia doméstica.
Ante este panorama, el Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla presentó el Segundo informe breve sobre desigualdad de género, texto que rastrea el agravamiento de las condiciones económicas y sociales de las mujeres en el contexto de crisis sanitaria.
En rueda de prensa, la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, destacó el documento como una propuesta que ilustra el quehacer de las academias de la Universidad Jesuita. “[El informe] nos ayuda a observar la realidad y poner el piso para nuevas recomendaciones”.
Trabajar en algunas plantas maquiladoras asiáticas de autopartes en Zacatecas pasó de ser un alivio para centenares de hombres y mujeres ante el alto desempleo en la entidad –poco industralizada y de alta migración–, a convertirse en un trabajo extenuante, con jornadas de 12 a 14 horas diarias.
Al igual que la mayoría de las maquiladoras en el país, se impone a los empleados la obligación de laborar horas extras y en ocasiones domingos y días festivos; a ello se suma el constante riesgo de sufrir accidentes y enfermedades laborales por el manejo de sustancias tóxicas y cancerígenas, y por el uso de maquinaria obsoleta.
Los obreros también se quejan de trato soez y racista de los directivos de maquiladoras japonesas y chinas. Pinches mexicanos pendejos; si no quieren trabajar, váyanse a la verga, y las mujeres se callan, aquí no opinan, son algunas de las expresiones usuales, afirman.
Un grupo de hombres y mujeres jóvenes, trabajadores de las compañías japonesas Toyotsu Smelting Technology Mexico (TSTM), filial de la también nipona Ahresty Mexicana, y YUSA Autoparts de México, así como de la china Johnson Electric, ubicadas las dos primeras al sur de la capital del estado y la tercera en el municipio de Calera, ofrecieron a La Jornada testimonios sobre sus condiciones de trabajo, de manera anónima, por temor a represalias.
Según los denunciantes, derivado de una aparente omisión de los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prácticamente no existe regulación de los químicos utilizados en Toyotsu y en YUSA Autoparts, ubicadas la primera al oriente del parque industrial del municipio conurbado de Guadalupe y la segunda a un costado del almacén general de Petróleos Mexicanos, en la salida sur de la zona conurbada del municipio de Zacatecas, en la carretera federal 45 a Aguascalientes.
En las maquiladoras de capital asiático cientos de obreros son expuestos diariamente a sustancias peligrosas como el tolueno, MIBK (metil-isobutil-cetona, un solvente de alta toxicidad), azufre, plomo, mercurio y zinc. Algunas incluso están sujetas a control de la Onceva Zona Militar, con sede en Guadalupe.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que tan sólo en los años 2015 y 2016 se tiene un registro de 1,100 personas jornaleras en condiciones de explotación laboral, de las cuales 152 son niñas y niños, y el gobierno ha hecho caso omiso.
Señalaron que el 30 de septiembre, a través de una denuncia anónima de un jornalero, se reveló la situación de esclavitud en el campo agrícola “Nidia Edith” en Coahuila. Vida insalubre, alimentación deficiente y maltrato verbal eran las condiciones en las que tenían que trabajar.
Informaron que según datos del INEGI un 80% de hombres y 72 % mujeres jornaleros no cuentan con prestaciones laborales; sin embargo un trabajador jornalero en promedio trabaja 48 semanas al año y más de 8 horas diarias.
Proponen que exista un registro actualizado de la población jornalera en México que permita diseñar políticas integrales que atiendan las necesidades de la población.
