El interminable trabajo en la narcofosa de Río Blanco, un “campo de extermino” de Los Zetas

Redacción/Proceso

Foto: Carlos Hernández/Proceso

RÍO BLANCO, Ver. (apro).- Es como una jornada laboral, día a día, desde que sale el sol y previo al atardecer.

Medio centenar de personas del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba; la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Fiscalía General de la República (FGR); policías estatales, ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal suben-escalan medio kilómetro del cerro de Río Blanco, en la colonia Venustiano Carranza.

Allí, continúan con la exhumación de fosas clandestinas hechas por la célula delincuencial de Los Zetas.

El corte pericial al día de hoy indica la exhumación de 12 cuerpos, dos de ellos sacados este jueves.

Del total, 11 aún tienen tejido adherido al hueso, lo cual indica una temporalidad de mortalidad de entre 7 y 10 años atrás, es decir, en el período 2009-2012, la etapa inicial del sexenio del priista Javier Duarte (2010-2016) y la época de terror de Los Zetas en esta región montañosa de Veracruz.

Con binomios caninos, trajes de bioseguridad, machetes, palas, picos, cubrebocas, guantes, repelente de insectos y protector solar, la brigada mixta que exhuma cuerpos desde la semana anterior sube el cerro, entre piedras rocosas, árboles frondosos y caminos sinuosos, para continuar los trabajos en cuatro cuadrantes de 20 x 20 metros.

“El trabajo parece interminable. Tenemos puntos marcados aquí, pero también del otro lado en Los Sótanos (otra congregación de Río Blanco), en donde tenemos la certeza que también criminales enterraron a nuestros desaparecidos”, externa Araceli Salcedo, vocera del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien desde septiembre del 2012 busca a su hija, Fernanda Rubí Salcedo, “levantada” por un comando en una discoteca de Orizaba.

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Los desaparecidos, fuera de la agenda de AMLO

Redacción/Proceso

Según cifras oficiales, los últimos 12 años han dejado en México 38 mil desapariciones forzadas, 26 mil cadáveres sin identificar que se amontonan en las morgues y más de dos mil fosas clandestinas. Familiares de las víctimas se han organizado en colectivos de búsqueda e identificación y éstos se agruparon en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el mismo que le exige al nuevo gobierno incluir en su agenda esta crisis humanitaria y ofrecer soluciones; algo que no ha ocurrido.

Foto: Cencos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La “guerra contra las drogas”, que desde 2006 llenó de violencia al país, ha dejado entre sus saldos la desaparición de casi 38 mil personas que podrían estar atrapadas en redes de trata, haber sido forzadas a trabajar para el crimen organizado o ser alguno de los miles de cadáveres que se amontonan en anfiteatros o yacen en fosas comunes o clandestinas.

La baja cantidad de personas identificadas entre el enorme número de cadáveres acumulados en los servicios médicos forenses –al menos 26 mil cuerpos, según cifras oficiales– y los restos exhumados en las más de dos mil fosas clandestinas localizadas en el país, son un tema que unificó a colectivos de familias de desaparecidos que hicieron un llamado urgente a Andrés Manuel López Obrador para que declare una “emergencia nacional” por esta crisis humanitaria.

También pidieron que, como parte de esa declaratoria, tome medidas extraordinarias, como pedir ayuda internacional a fin de ordenar, analizar e identificar los cuerpos y restos no identificados; y que cree mecanismos de búsqueda de personas y de impartición de justicia. 

Aunque desde finales de septiembre Alejandro Encinas, el ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instaló mesas de trabajo para tratar el problema de las víctimas de la violencia –en las que participan integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que abarca a 50 colectivos de familias buscadoras y 35 organizaciones de derechos humanos–, el presidente ha guardado silencio en torno a los más de 37 mil desaparecidos.

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