Por Redacción/Animal Político
En 2016, seis entidades de la administración federal y una de la Ciudad de México aplicaron el esquema de desvío de recursos públicos utilizando a dos universidades, a las que contrataron para realizar supuestos servicios por 794 millones de pesos. El dinero terminó en empresas fantasma y los trabajos no se realizaron.
Se trata de la Secretaría de Agricultura, Pronósticos para la Asistencia Pública, Indesol, Conagua, CFE, Conapesca y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México las cuales hicieron convenios con las Universidades Tecnológica de Salamanca y la Politécnica del Sur de Zacatecas.
Animal Político documentó en la investigación La Estafa Maestra que entre 2013 y 2014, 11 dependencias del gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios. Éstas a su vez contrataron a 186 empresas, de las cuales 128 resultaron ilegales.
En la segunda entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, realizada este martes 31 de octubre, la Auditoría Superior incluyó dos auditorías forense a ambas universidades en las que detectó el mismo esquema de desvío que se ha repetido desde 2012.
En él, las dependencias públicas aprovechan la existencia del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre entidades de gobierno para hacer servicios. Aunque la intención es evitar burocracia, ha sido utilizado para desviar recursos, pues los supuestos servicios no pueden ser cumplidos por las entidades contratadas.
En los últimos cuatro años se ha repetido el patrón: utilización de universidades públicas por parte de las dependencias para hacer supuestos servicios que no tienen relación con labores académicas, como ocurrió con Sedesol al contratar a la Universidad del Estado de México para repartir despensas como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, o Pemex, contratando a universidades para revisar ductos.
El auditor Juan Manuel Portal asegura que una manera de inhibir este desvío es reformar el artículo 1, “poniendo candados”, como obligar a los titulares de las dependencias a firmar este tipo de convenios para hacerse responsables.
También, que los convenios entre dependencias públicas se publiquen en Compranet, porque hasta el momento no ocurre, justamente aprovechando que no se trata de convenios o contratos con empresas, sino entre pares de la administración pública.
La Sagarpa desvía el dinero para campesinos
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), fue la dependencia que más recursos desvió a universidades en 2016. Durante la administración del actual titular y exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, la secretaría entregó 601 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Salamanca y 18 millones de pesos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
La Sagarpa hizo cuatro convenios con la Universidad de Salamanca entre febrero y abril de 2016 cuyo objeto consistió en “llevar a cabo la operación del componente bajo el concepto de apoyo: Incentivos a la Producción con o sin financiamiento”, que corresponde al programa de Fomento a la agricultura, cuya población objetivo son las Unidades Económicas Rurales Agrícolas.
Para cumplir con las Reglas de Operación de la Sagarpa, se designó al Universidad como la “instancia dispersora de recursos”, es decir, entregar el dinero a los beneficiarios, lo cual le implicaría también gastos de operación.
Sin embargo, para realizar la entrega de recursos, la Universidad subcontrató a “expertos técnicos”, que a su vez enviaron los recursos a empresas como Especialistas en Servicios de Administración Contable y Laboral de la Península, S.C.P, Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, S.A. de C.V., Servicios Administrativos Blackbeaty, S.C.P. y Gestoría y Consultoría, G.C.P.
Para realizar el plan de trabajo de la supervisión y elaboración del libro blanco del componente del programa, la Universidad contrató al Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN) por 2 millones 400 mil pesos, pero no cumplieron.
La Auditoría impuso una multa pues “no presentó la evidencia documental correspondiente a la descripción detallada de las operaciones realizadas, cheques, evidencia de los pagos realizados, ni el archivo electrónico con los proveedores contratados”.
Además, según la Secretaría de la Función Pública, en caso de contratar a terceros para elaborar el libro blanco, esto debe ser autorizado por el titular de la dependencia y contar con la opinión de la SFP, pero la Sagarpa no cumplió con ninguno de los preceptos.
Durante el proceso de auditoría, la dependencia justificó como parte de “gastos de operación” para llevar a cabo la ejecución de las acciones de política pública, facturas emitidas por 20 empresas por un monto de 5 millones 972 mil pesos, pero no presentó comprobantes de que efectivamente las haya pagado.
Incluso, una de ellas, Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, S.A. de C.V., es una empresa señalada por el Servicio de Administración Tributaria, precisamente por emitir facturas sin contar con activos, infraestructura y personal para cumplir con los servicios para los cuales fue creada.
En tanto, entre enero y febrero de 2016, la Sagarpa hizo dos convenios con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas por 18 millones 55 mil pesos para “seguimiento de la implementación de acciones de mejora en la dirección general de recursos materiales, inmuebles y servicios” y para “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales”.
Mientras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) entregó 136 millones 740 mil pesos a dicha universidad a través de cinco convenios que incluyen desde realizar actividades de apoyo administrativo y del programa anual de comunicación, hasta la “implementación de acciones en materia informática que complementen las actividades operativas.
La universidad no podía cumplir con los servicios pues su plantilla incluye 29 docentes y 23 administrativos, por lo que contrató a 802 prestadores de servicios por un monto de 113 millones de pesos, “sin identificar por cada persona a qué convenio, anexo técnico o contrato corresponde la prestación de sus servicios”.
En la revisión de expedientes de los supuestos prestadores de servicio contratados está incluso un cirujano dentista y licenciados en gastronomía, psicología, turismo, música y educación entre otros.
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