Policías federales detuvieron a Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, organización con sede en Tapachula, Chiapas, que se dedica a defender los derechos de las personas en tránsito, anunció el sacerdote Heyman Vázquez, responsable de la Casa del Migrante Nadie es Extranjero y párroco de Huixtla.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que a raíz de una revisión migratoria en el municipio de Suchiate fue puesto a disposición de la autoridad competente, por resistencia a particulares, lesiones y daño en propiedad ajena, un ciudadano de nombre Irineo Mújica, quien al pedirle su identificación tras encabezar a un grupo de extranjeros para iniciar diversas movilizaciones, agredió a elementos del instituto, así como a policías municipales y federales.
Explicó que debido a las agresiones de quien se presentó como ciudadano estadunidense con un pasaporte de ese país a nombre de Irineo Mújica Arzate y dijo tener doble nacionalidad, fue necesario poner a disposición de la autoridad ministerial a las personas que participaron en la agresión contra los agentes del INM y los policías municipales y federales para la integración de una averiguación previa.
El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump por su política de tolerancia cero es mucho mayor del admitido: asciende a más de 6 mil en cuatro meses, aseguró este jueves Amnistía Internacional (AI).
La cifra, más del doble de la que se había dado a conocer, fue obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las más de 6 mil separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, precisó un informe de AI.
De esa cifra, además, están excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de fraudulentas. La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8 mil desde 2017.
Estas escandalosas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública acerca del número de familias a las que había separado, o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones, manifestó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De enero a julio de este año la repatriación de menores mexicanos procedentes de Estados Unidos aumentó 30 por ciento.
En el mismo periodo de 2017, 4 mil 464 niños y adolescentes fueron deportados a México, mientras en 2018 la cifra llegó a 6 mil 450, indican las estadísticas más recientes de la Secretaría de Gobernación (SG).
En el contexto general, en los primeros siete meses del año el número de mexicanos repatriados llegó a 123 mil 648. Esa cifra incluye a menores no acompañados que son enviados a México pese a esa circunstancia.
En los primeros siete meses de 2017, de 4 mil 464 migrantes menores repatriados, 700 eran niños menores de 11 años, de los cuales 52 fueron devueltos solos, sin la compañía de un familiar adulto.
En el periodo referido de 2018, de 6 mil 450 menores, 350 eran menores de 11 años, de los cuales 45 llegaron solos a México.
Durante el año en curso hay altas y bajas en la devolución de connacionales. Por ejemplo, en enero pasado fueron deportados 15 mil 493; para marzo la cifra subió a 21 mil 743, y para julio se ubicó de nueva cuenta en el nivel cercano a 15 mil.
Según tres personas cercanas al caso que fueron consultadas por The New York Times, actualmente la indagatoria está archivada, ya que el PRI no puede arriesgarse a enfrentar otro escándalo de corrupción en la recta final de la contienda electoral. Asimismo, aseguraron al rotativo que la Procuraduría General de la República (PGR) acumuló la evidencia necesaria desde hace meses para acusar a los sospechosos, quienes trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no se ha avanzado por las fuertes presiones políticas.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de México tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios vinculados con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero no actúa porque afectaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), revelaron tres personas con conocimiento directo de la trama al periódico The New York Times.
El medio estadounidense recordó que a finales de 2016 la empresa confesó a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que pagó sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos; así como un total de otorgar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales.
Asimismo, destacó que si bien estas declaraciones han dejado presidentes destituidos y funcionarios en prisión, en México las dos investigaciones federales abiertas por el caso se encuentran estancadas, como las indagatorias políticamente delicadas en el país.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, una de las investigaciones que inició un Fiscal especial identificó a una persona cercana a Presidente Enrique Peña Nieto como sospechoso, pero el Fiscal fue despedido por el Gobierno en octubre y con ello, el caso detuvo su curso y las respuestas a las solicitudes de información al respecto tardan meses, señalaron al periódico dos personas que han tenido acceso a los expedientes más recientes.
Tijuana, BC. En el Cañón del Matadero, en las inmediaciones de Playas de Tijuana se lee la leyenda: “Van 140 periodistas asesinados en México”.
Este lienzo está pintado en fondo blanco y letras rojas sobre el muro de lámina que divide México y Estados Unidos, en una zona por la que durante la década de los años noventa cruzaban migrantes.
La obra fue realizada por reporteros mexicanos, y extranjeros, durante el fin de semana para denunciar el asesinato y desaparición de 140 periodistas desde 1999 hasta la fecha, y la inacción del gobierno mexicano.
En la lista aparecen Javier Valdez, asesinado hace un año en Culiacán, y Miroslava Breach, en Chihuahua, ambos corresponsales de La Jornada.
Lo importante no es quienes son los autores del mural, sino el mensaje de los colegas asesinados y desaparecidos en todo el territorio nacional, aseguraron algunos participantes que pidieron anonimato y confían en que el gobierno mexicano reaccione para protección de los periodistas, contra la impunidad y garantía del derecho a la información que tiene la sociedad.
Lista de periodistas asesinados y desaparecidos
2018 Leslie Ann, Pamela Montenegro del Real, Carlos Domínguez Rodríguez
2017 Edgar Daniel Esqueda Castro, Luciano Rivera Salgado, Cándido Ríos Vázquez, Edwin Rivera Paz, Salvador Adame Pardo, Javier Valdez Cárdenas, Hector Jonathan Rodriguez, Maximino Rodríguez Palacios, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea, Cecilio Pineda Birto
2016 Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Aurelio Cabrera Campos, Agustín Pavia Pavia, Pedro Tamayo Rosas, Salvador Olmos García, Elidio Ramos Zárate, Manuel Santiago Torres González, Francisco Pacheco Beltrán, Moisés Dagdug Lützow, Anabel Flores Salazar, Gonzalo Alberto Manzanilla Escobedo, Marcos Hernández Bautista, Reinel Martínez Cerqueda
2015 Rubén Manuel Espinosa Becerril Filadelfo Sánchez Sarmiento Juan Atalo Mendoza Delgado José Gerardo Hesiquio Nieto Álvarez Armando Saldaña Morales Abel Manuel Bautista Raymundo José Moisés Sánchez Cerezo
2014 Mario Alberto Crespo Ayón María del Rosario Fuentes Rubio Jesús Antonio Gamboa Urías Octavio Altilano Román Tirado Octavio Rojas Hernández Nolberto Herrera Jorge Torres Palacios Gregorio Jiménez de la Cruz.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó serias preocupaciones por la crisis humanitaria que atraviesa México al rendir su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del 37 periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, Suiza.
El funcionario de la ONU, quien visitó México en octubre de 2016, expresó sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la ausencia de una Fiscalía General de la República independiente, entre otros temas.
Sobre la LSI, Al Hussein centró sus temores en que la legislación “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”.
Además, dicha ley “no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos”, sentenció Al Hussein en su discurso ante representantes de los Estados parte.
El ACNUDH compartió la inquietud de organizaciones civiles en México por falta de autonomía del órgano de procuración de justicia del Estado, por lo que llamó a “crear una Fiscalía General de la República efectiva e independiente”.
Otro tema del que se ocupó el comisionado en su discurso fue el de la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
“Me preocupa que la sistemática detención de migrantes y su regreso expedito se ha convertido en regla general, socavando seriamente las garantías del debido proceso y el principio de la no devolución”, apuntó Al Hussein.
El comisionado celebró la promulgación de las leyes generales contra la tortura, en junio de 2017, y contra la desaparición forzada en enero pasado, y resaltó la disposición de su oficina en México para “asistir a las autoridades para asegurar su pronta y efectiva implementación, con una plena participación de la sociedad civil y de las víctimas”.
os demócratas dijeron a Bloomberg que en esta séptima ronda de renegociación del TLCAN –que comenzó ayer domingo– quieren dar prioridad al tema laboral al coincidir en que los bajos salarios de México son un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
“Si México no deja de reprimir los salarios de sus trabajadores no sólo será un obstáculo para un nuevo acuerdo comercial, será también una sentencia de muerte para cualquier acuerdo que apruebe el Congreso”, aseguraron los congresistas estadounidenses.
En tanto, algunos grupos empresariales de Estados Unidos se dijeron listos para regresar sus plantas y empleos a ese país si el TLCAN fracasa.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– En medio de la séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), demócratas coincidieron que los bajos salarios en México son un obstáculo para alcanzar un acuerdo comercial.
Así lo declararon a Bloomberg los representantes Bill Pascrell de Nueva Jersey, y Sandy Levin de Michigan. En tanto, algunos grupos empresariales de Estados Unidos se dijeron listos para regresar sus plantas y empleos a ese país si el TLCAN fracasa.
En las seis rondas previas del TLCAN, Estados Unidos y Canadá centraron sus críticas hacia México por su nivel salarial; incluso sindicatos de esos países exigieron que el monto aumentara al poner la competencia en una cancha dispareja.
Ese reclamo se sumó al que durante casi todo 2017 tuvieron organizaciones civiles, políticos y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que no dejaron de insistir en que el salario mínimo tenía que ubicarse en 95 pesos, que es el precio de la canasta básica alimentaria por persona.
Los demócratas Levin y Pascrell dijeron a Bloomberg que en esta séptima ronda de renegociación, que comenzó ayer domingo, quieren dar prioridad al tema de las cuestiones laborales.
“Los derechos laborales en México no son un tema que puedan eludirse. Es el tema central que debe abordarse en cualquier reforma del TLCAN. Si México no deja de reprimir los salarios de sus trabajadores no sólo será un obstáculo para un nuevo acuerdo comercial, será una sentencia de muerte para cualquier acuerdo que apruebe el Congreso”, aseguraron los congresistas estadounidenses.
La noche del sábado siete personas murieron en el Baja California Sur en la localidad turística de San José del Cabo; además, el domingo en Guerrero, once personas murieron en dos enfrentamientos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, un grupo armado y policías comunitarios.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El primer fin de semana del 2018 dejó 27 muertos tan sólo entre sábado y domingo en diversos hechos ocurridos en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Colima y Zacatecas.
Este domingo en Guerrero, uno de los estados más violentos, once personas murieron en dos enfrentamientos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, un grupo armado y policías comunitarios. Según Roberto Álvarez, portavoz de seguridad de la entidad, en el primer incidente, sujetos armados emboscaron aproximadamente a las 3 de la mañana a policías comunitarios en la localidad de La Concepción, lo que dejó un saldo de ocho muertos; dos de ellos pertenecían a la policía comunitaria de esta zona cercana al puerto turístico de Acapulco.
Posteriormente, se desató un segundo tiroteo cuando la policía estatal llegó para desarmar a los agentes locales. Álvarez dijo desconocer como perdieron la vida esas personas y la prensa local las identificó como policías comunitarios.
Xavier Olea Peláez, Fiscal General de Guerrero, señaló que 30 miembros de la policía comunitaria fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, posesión ilegal de armas y drogas, informó AP.
Uno de los arrestados responde al nombre de Marco Antonio Suástegui, identificado como fundador y promotor de un movimiento social que se opone a un proyecto hidroeléctrico en la región.
AP informó que el fotoperiodista Bernandino Hernández refirió que mientras realizaba su trabajo y cubría los hechos, la policía estatal lo golpeo, pateo y arrastró además de obligarlo a entregar las tarjetas de memoria de su cámara. Hernández dijo que otros periodistas también fueron agredidos.
Hernández explicó que en las tarjetas de memoria tenía fotografías en lasque captó el momento en el que agentes hacían uso de la fuerza contra los pobladores que intentaban impedir el arresto de los policías comunitarios. “Algunas personas eran arrastradas de los cabellos para llevárselas a la fuerza”, dijo para AP.
En 2014, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Guerreo después de que la policía los detuviera en la ciudad de Iguala y presuntamente los entregara a un cártel del narcotráfico.
Además, la noche del sábado siete personas murieron en el Baja California Sur en la localidad turística de San José del Cabo.
De acuerdo con información de la Fiscalía, elementos de la Marina respondieron al reporte de la colonia Costa Dorada, San José del Cabo, en el que se señaló la presencia de hombres fuertemente armados y con uniformes tácticos que abrieron fuego a bordo de dos vehículos con matrículas de California, Estados Unidos.
Las autoridades iniciaron una persecución que terminó en un choque. Los vehículos eran ocupados por siete sujetos que fallecieron debido a los disparos de la marina en dos tiroteos por separado, se señaló en un comunicado.
Ciudad de México | Desinformémonos. Ni el gobierno mexicano ni los empresarios tienen la voluntad política para lograr que los salarios agrícolas sean iguales en México, Estados Unidos y Canadá, tal como pretende el presidente estadounidense Donald Trump, aseguró el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), Sergio Barrales Domínguez.
Señaló que entre las prioridades gubernamentales de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “no está el campo”, pero que “sí van a entregar los hidrocarburos”, por lo que advirtió los mexicanos no se beneficiarán del acuerdo.
“Nos quieren imponer un salario en el campo” que no se podrá pagar, afirmó Barrales Domínguez, quien explicó que mientras en Estados Unidos se paga entre 9 y 12 dólares la hora, en México son 90 pesos por una jornada de diez horas o máximo 150 pesos por una jornada de siete de la mañana a medio día, de acuerdo al cultivo y la zona de trabajo. “Jamás podremos pagar ni nueve dólares la hora. Nunca se podrá pagar así”.
Por el contrario, indicó que la propuesta se trata más bien de un “mecanismo de control en la comercialización a favor de Estados Unidos” para impedir las exportaciones nacionales.
Durante la presentación de Innovación del Proceso Agroindustrial para la Transformación y Comercialización de Haba, expresó su apoyo a la Campaña Nacional de recopilación de dos millones de firmas para impulsar la Consulta Ciudadana con el fin de que el Senado no continúe con la renegociación del TLCAN o que excluya el apartado agrario del acuerdo.
Por último, señaló que es necesario impulsar la producción y el mercado interno y alejar las invasiones extranjeras de países como China o Estados Unidos.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre del 2016.
Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.
FOTO: Cencos
No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.
Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.
FOTO: Cencos
Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.
El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.
Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.
FOTO: Cencos
Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?
Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.
FOTO: Cencos
Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.
Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.
FOTO: Cencos
Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.
La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.
