México, uno de los países con mayores índices de impunidad, según informe

Redacción/Animal Político

Uno de los puntos preocupantes para los investigadores de la Universidad de las Américas Puebla es “la precaria situación en materia de derechos humanos”.

Imagen tomada de Twitter @ImpunidadCeroMx

México es uno de los países con mayores índices de impunidad, según un informe hecho público por la Universidad de las Américas Puebla. El documento analiza variables de 69 países de todo el mundo como el porcentaje de policías por cada cien mil habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos.

Según los análisis de los investigadores, México ocupa el décimo puesto en índice de impunidad. Por encima: Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbayán, Paraguay, Guyana, Nepal y Kirguistán.

“El caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad y que la variación en su posición, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos”, aclara el informe.

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Investigaciones deficientes y corrupción ponen a México en últimos puestos del índice de Estado de derecho

Por Redacción/Animal Político

Incluso a nivel América Latina nuestro país está muy por debajo de naciones como Costa Rica, Ecuador o Colombia. Solo en la variable “Gobierno abierto” México está entre los primeros 40 del mundo.

México se encuentra entre los peores países del mundo en cuanto a Estado de derecho e impartición de justicia.

Pese a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, que ha traído consigo una mejora en la percepción de la eficacia en los juicios, aspectos como las deficientes investigaciones policiales, el sistema penitenciario y la corrupción colocan a nuestro país en el puesto 92, de una lista de 113 naciones, e incluso en las posiciones más bajas dentro de América Latina.

El “Índice de Estado de Derecho 2017 – 2018 (Rule of Law Index 2017 – 2018)” elaborado a escala global por la organización World Justice Project (WJP) y cuyos resultados se presentan hoy en Washington muestra que México retrocedió cuatro lugares respecto al 2016 y está por debajo de países como Rusia, El Salvador, Irán, China o Vietnam.

Para llegar a  estos resultados la organización encuestó a 110 mil ciudadanos y tres mil expertos en los distintos países con el mismo esquema de preguntas y opiniones. Esto para medir su percepción sobre el funcionamiento del sistema de justicia en su país y de la existencia (o no) del Estado de derecho.

“Estamos hablando de la experiencia de las personas, no de resultados administrativos que pueden tener el sesgo que me digas. Y en ese sentido sí, la experiencia del ciudadano en México está muy por debajo de la de otros países. Estamos en los peores lugares a nivel mundial, a nivel regional y también con los países que son pares económicos nuestros”, dijo en entrevista Layda Negrete, investigadora del WJP.

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Denuncian corrupción en construcción del Tren Interurbano México-Toluca

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de la comunidad de Santa María la Asunción Tepexoyuca, en el estado de México, denunciaron los actos de corrupción en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, por lo que interpusieron un recurso de queja.

A pesar de que presentaron el recurso con folio e incidente de violación a la suspensión 118/2017, concedida por un juez federal y resuelto a favor de la comunidad por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo circuito, las obras continúan durante todo el día.

Acusaron que el director general de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo, entregó a dos personas físicas cheques por varios millones de pesos para que permitieran las obras del tren a costa del despojo de la comunidad.

Ante ello, exigieron que se respete el Estado de Derecho y que los trabajos cesen de inmediato, pues están “cansados de la imposición del gobierno”.

Francisco Montes, integrante de la comunidad indígena, aseguró que quienes representan las dependencias “no hacen bien su trabajo”, mientras que Julio Mendoza, de Central Campesina Cardenista, expresó que de no acatarse lo dictado por el amparo, procederán a otras acciones para impedir que siga la construcción.

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