El expediente Pegasus en PGR: radiografía de un sistema de espionaje

Foto: Aristegui Noticias

Por Redacción/Aristegui Noticias

El programa Pegasus de NSO Group que usa el gobierno federal para espiar teléfonos inteligentes, también se puede “distribuir” mediante estaciones transmisoras colocadas cerca del objetivo o correos electrónicos, y se autodestruye para borrar todas sus huellas si detecta el peligro de que sea descubierto, señalan documentos anexos al contrato de compra.

Aristegui Noticias presenta la documentación íntegra de la compra que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) a la empresa Grupo Tech Bull, que incluye: la cotización del programa malicioso, el contrato firmado el 29 de octubre del 2014, un convenio entre la dependencia y la empresa para reconocer un adeudo y los anexos técnicos que detallan los alcances del software.

Parte del contrato original para adquirir el software utilizado para espiar a periodistas, activistas, líderes partidistas e investigadores internacionales del caso Ayotzinapa fue revelado por Noticieros Televisa el pasado 29 de junio.

Sin embargo, todavía faltaban diferentes piezas para retratar de cuerpo entero los alcances del “agente” Pegasus, denominación que utiliza el contrato para referirse al programa espía.

LA COTIZACIÓN

Una primera revelación del nuevo paquete de documentos señalan que la adquisición de Pegasus se realizó con prisa. La cotización del software desarrollado por NSO Group está fechada el 24 de octubre del 2014, es decir, cinco días antes de que se concretara la operación de compra venta.

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“Nunca hemos visto nada comparado con alcances del hackeo en México”: Citizen Lab al confirmar espionaje a GIEI

Por Redacción/Desinformémonos

“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, dijo el investigador de Citizen Lab respecto a los intentos de hackeo en México al periódico The New York Times.

“Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”, dijo John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto al señalar que otra investigación confirma que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fueron espiados con el software Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano documenta el periódico The New York Times.

El objetivo del software fue el teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, el cual fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México: “Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje”, indicó The New York Times en la nota que destaca en primera plana de su edición de hoy 10 de julio.

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“Independencia e imparcialidad” en investigación sobre espionaje, exige la CIDH al gobierno de Peña

Foto: Octavio Gómez/Proceso

Por Redacción/Proceso

El peruano Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de “extremadamente preocupante” la confirmación de que un celular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sufrió tentativas de infección con el malware Pegasus, y demandó al gobierno mexicano que garantice la “independencia e imparcialidad” en la investigación sobre las “supuestas acciones de espionaje”.

Según AFP, Eguiguren exigió que la indagatoria “establezca las responsabilidades, tanto materiales como intelectuales”, de las tentativas de espionaje contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos mexicanos, así como contra expertos del GIEI que laboraron en México bajo el mandato de la CIDH.

En marzo de 2016, previo a la publicación de su último informe sobre la investigación que realizaron las autoridades mexicanas sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los expertos del GIEI recibieron mensajes de texto que contenían enlaces infectados por Pegasus, el programa espía que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos y agencias públicas de seguridad.

Esto fue confirmado por Citizen Lab, institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, en un informe que publicó esta mañana.

En lo que va del año, este organismo publicó cuatro informes que exhibieron cómo en 2014 y 2015 el gobierno mexicano trató de infectar los dispositivos móviles de distintos periodistas, activistas y políticos mexicanos.

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PGR, Cisen y Sedena gastaron casi 500 millones en actualizar Pegasus: documentos

Foto: Cencos
Por Redacción/Aristegui Noticias

La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje.

Cuatro facturas digitales y un documento interno de PGR indican que la empresa beneficiada es Proyectos y Diseños VME, una firma que tiene oficinas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Los comprobantes fiscales en poder de Aristegui Noticias confirman que el Cisen y Sedena también poseen la plataforma de espionaje Pegasus que se ha utilizado para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.

La información si bien era pública, solamente había sido revelada a través de correos filtrados por Wikileaks, pero no se había podido documentar.
Los documentos revelan que la Secretaría de Gobernación, PGR y Sedena incrementan de forma constante su capacidad de espionaje para intervenir las comunicaciones electrónicas, ampliando modelos de teléfonos inteligentes y nuevas versiones de sistemas operativos.

Esta cifra solamente refleja el costo de #GobiernoEspía para tres dependencias federales: el Cisen, dependiente del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Sedena bajo el mando del general Salvador Cienfuegos y la propia PGR.

La cantidad de dinero gastado en el malware desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD no contempla la compra del software y el equipo necesario para su operación, además de que todavía se desconoce lo erogado por la Secretaría de Marina para su adquisición y uso.

Pegasus es el sistema de espionaje que se utilizó para tratar de infectar los teléfonos de periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos entre los años 2014 y 2016, de acuerdo con una investigación científica realizada por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

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Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa

Foto: Cencos/Viridiana Ramírez

Por Redacción/The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — Un equipo de investigadores internacionales que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos en el país fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.

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El espionaje gubernamental habría alcanzado también a miembros del GIEI, acusa la CIDH

Foto: Roberto Campa

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagaron el caso Ayotzinapa, pudieron haber sido espiados a través del software “Pegasus”, del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo revelaron este miércoles durante una audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso.

En el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y cabeza del mecanismo de seguimiento, destacó que recibieron una carta de los integrantes del GIEI donde refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab.

El pasado 19 de junio, una investigación del diario The New York Times reveló que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas habían sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.

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Son más las víctimas de espionaje por parte del gobierno: Red TDT

Por Redacción/Desinformémonos

Hay más víctimas del espionaje por parte del gobierno mexicano a través del software Pegasus, aparte de los 15 periodistas y activistas que identificó el diario estadunidense The New York Times, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Explicaron que las investigaciones de Citizenlab.org apuntan que Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, y Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh AC), también podrían incluirse en los nombres de las víctimas de espionaje.

De acuerdo con la Red, la información la obtuvieron a partir de mensajes SMS semejantes a los descritos en las investigaciones de Citizenlab.org.

La Red TDT manifestó una “gran preocupación” por los defensores de derechos humanos, periodistas y sus familiares, “quienes han sido víctimas del uso ilegal de dicha herramienta por parte del Estado mexicano”.

“Señalamos que este tipo de actos en contra de personas defensoras y periodistas son violaciones a los derechos humanos que limitan el ejercicio del derecho a defender derechos humanos”.

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Pegasus tuvo al menos seis responsables en PGR, entre 2014 y 2016

Foto: Cencos

Por Redacción/Aristegui Noticias

Un análisis elaborado tras la compra del malware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), indica que al menos seis funcionarios distintos de esa dependencia tuvieron bajo su resguardo la operación del programa que presuntamente usó el #GobiernoEspía para atacar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.

Desde su adquisición el 29 de octubre del 2014 y hasta julio del 2016, el sistema de espionaje Pegasus estuvo bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI) y sólo en la gestión de Arely Gómez González como Procuradora General de la República (PGR), el resguardo correspondió a su Jefe de Oficina por un periodo de cinco meses.

Fuentes de la PGR mostraron a Aristegui Noticias diversos oficios en los que consta que el CENAPI, organismo que se dedica a realizar labores de inteligencia de la Procuraduría y que coadyuva a los Ministerios Públicos Federales en sus pesquisas, tuvo a su cargo el manejo y resguardo de Pegasus durante dos periodos distintos que en conjunto suman 26 meses, es decir, más de dos años.

En una primera etapa que va del 29 de octubre del 2014 al 10 de noviembre del 2015, tanto el equipo como el software malicioso de Pegasus estuvieron a cargo de CENAPI, el cual se encargaba de administrar y atender las peticiones de uso que presentaban las Subprocuradurías Especializadas en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de Delincuencia Organizada (SEIDO).

También tenían acceso al sistema la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la oficina de la PGR para combatir el lavado de dinero; ambas creadas por el ex procurador Jesús Murillo Karam; así como de la Visitaduría General, instancia encargada de combatir la corrupción al interior de esa misma dependencia.

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#GobiernoEspía | PGR de Murillo Karam pagó más de 32 millones de dólares por el software “Pegasus”


Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR), en tiempos de Jesús Murillo Karam, pagó 32 millones 16 mil dólares a Tech Bull S. A. de C.V. por el programa de software “NSO Pegasus” para presuntamente espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.

Noticieros Televisa dio a conocer ayer que cuenta con la copia del contrato que la PGR hizo con la empresa tecnológica, el 29 de octubre de 2014, para adquirir 500 objetivos del sistema “Pegasus” y capacitar a 25 elementos del personal de la dependencia en su uso.

El contrato está firmado por el entonces Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el apoderado legal de la empresa Luis Armando Pérez Herrero.

Por su parte, Milenio Televisión difundió que la oficina de la procuradora Arely Gómez fue quien recibió el programa de espionaje, de acuerdo con un acta administrativa fechada en noviembre 2015, de la que el medio de comunicación también tiene copia.

El documento menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, en su momento Jefe de la oficina de la PGR, como “administrador y operador del sistema” y a Rafael Aviléz, Director General de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la PGR, como “administrador del contrato”.

Los medios de información aclaran que estos documentos no comprueban que la PGR haya sido la dependencia que espió a activistas y periodistas, como lo señalaron organizaciones sociales y lo publicó The New York Times.

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“Hay más víctimas de espionaje”, alerta la Red TDT

Foto: Cencos
Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) aseguró que hay más víctimas de espionaje, aparte de los 15 comunicadores y activistas que dio a conocer la semana pasada el diario estadunidense The New York Times.

Según el organismo que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, y Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh AC) —ambas miembros de la Red TDT— podrían sumarse a la lista porque en fecha reciente recibieron mensajes SMS semejantes a los descritos en las investigaciones de Citizenlab.org.

La Red TDT argumentó que dicha práctica representa una flagrante violación a los derechos humanos.

En un comunicado, expresó que “externamos una gran preocupación por las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus familiares, quienes han sido víctimas del uso ilegal de dicha herramienta por parte del Estado mexicano.

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