Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como diversos contingentes, salieron a marchar este 26 de septiembre para exigir justicia por los 10 años del caso que sigue impune.
Este jueves 26 de septiembre se cumplen 10 años del caso Ayotzinapa. Por ello, madres, padres, amigos y contingentes se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar y exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en 2014.
Pese a las lluvias, manifestantes partieron del monumento y avanzaron sobre Paseo de la Reforma con la firme exigencia de encontrar a los 43 normalistas hasta que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, donde realizaron un mitin.
Desde la explanada del Zócalo, familiares de los normalistas señalaron que, a una década de lo sucedido, no están cerca de saber dónde se encuentran los 43 normalistas de Ayotzinapa y que hay padres y una madre que murieron sin dar con el paradero de sus hijos.Ver nota completa
A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en México, las familias continúan su marcha por Justicia. Continúan las irregularidades en la impartición de justicia, se cancelan órdenes de detención, aumentan las absoluciones y la extradición de Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel, aún no se hace efectiva.
La tragedia de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa parece no tener fin. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia y encontrarlos no han tenido cumplimiento. A 8 años de los hechos aún no hay información certera sobre su paradero. Este 26 de septiembre se cumplieron 8 años de aquella noche terrible de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos mientras realizaban una colecta en la ciudad de Iguala. Los autobuses en los que viajaban fueron interceptados y baleados por policías y gente armada vestida de civil, ante la presencia de fuerzas militares. Varios muchachos y transeúntes fueron asesinados y desde entonces no se sabe cuál fue el destino de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos.
[…]
La investigación por la Verdad está a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), quienes en marzo de presente año dieron a conocer su tercer informe donde presentaron pruebas sobre la operación de coordinación de los tres niveles de gobierno para ocultar las responsabilidades de militares, policías y funcionarios. Numerosos documentos mostraron los actos de espionaje, manipulación de pruebas y datos que sirvieron para elaborar y sostener la versión de los hechos que se conoció como “Verdad Histórica”. Dicha versión construida y difundida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, sostuvo que los estudiantes fueron desaparecidos, asesinados y quemados por miembros del crimen organizado, deslindando así toda responsabilidad de participación de policías militares y elementos de los tres niveles de gobierno.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cumple ocho años este lunes, con las investigaciones todavía en marcha y nuevos movimientos judiciales, pero sin que las familias de los jóvenes ya estén cerca del acceso a la verdad y la justicia.
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.
Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó la Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el documento.
“No es creíble que una policía municipal pudiera tener la influencia política ni los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes”.
Foto: Paola Ramos / Cencos
Este 2020 se cumplirán seis años de la desaparición impune de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en un hecho histórico, el 7 de enero pasado, una Corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sentando un nuevo precedente sobre el caso que aún no ha sido resuelto en México.
En el marco de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la Juez Molly S. Frazer determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base en “tortura” para inventar testimonios. Y afirmó que “piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada en Ayotzinapa, Guerrero, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con la misma exigencia de hace 62 meses: el esclarecimiento del caso y castigo a los responsables de ese trágico suceso.
Durante el recorrido, el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, dio a conocer que en los últimos días el gobierno federal ha realizado búsquedas en distintos municipios del estado de Guerrero, como Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Iguala y Taxco, sin resultados positivos.
De manera paralela, dijo, las autoridades exploran otras líneas de investigación, como la de los datos que se encuentran en los teléfonos celulares de los estudiantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sospecha de una reunión realizada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Guerrero, horas antes de los ataques en el municipio de Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH, en compañía del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González, presentó hoy su informe del Mecanismo Especial de Seguimiento a familiares de los estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El comisionado Luis Ernesto Vargas dijo que entregaron 112 preguntas al estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa para que conteste cada una de ellas, y que ayer la CIDH aprobó otras 35 que tienen que ver con tres aspectos: la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR.
Vargas dijo que entre las preguntas están: “¿Por qué hubo reuniones en el C4 poco antes de que ocurrieran los hechos por la noche del 26 de septiembre? ¿Funcionó ahí un centro de coordinación que era el que coordinaba desde el C4?”, cuestionó.
Otro de los planteamientos es “¿Por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre, si éste se descubrió en una llamada anónima el 26 de octubre?, es decir, 21 días antes de la llamada anónima ya estaba la policía cuidando”, preguntó.
También dijo que el estado debe tener certeza de quiénes son los delincuentes identificados como El Patrón y El Caminante, ya que podrían tener un papel importante en la desaparición. Además, aún no se cuenta con un registro de hornos y crematorios de la región, para conocer quiénes los han usado, cuándo; el consumo de gas y así descartar esta línea de investigación.
La CIDH ratificó su rechazo a la “verdad histórica” sobre el caso Iguala, exigió al estado mexicano una investigación imparcial, respaldó la creación de una comisión de la verdad y confió en que la llegada de un nuevo gobierno en el país abrirá la posibilidad de que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.
