En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos
37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo”, agrega Encinas: “Llega demasiado tarde”.
“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.
Para diciembre, cuando acabe el sexenio de Enrique Peña Nieto, en México habrán asesinado a 15 mil 16 niños y adolescentes, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a las que mexico.com tuvo acceso.
Y de seguir la tendencia actual, durante los siguientes seis años (2019-2024) morirán en las mismas condiciones violentas otros 26 mil 824 menores de edad, esto es, 4 mil 470 al año o 12 cada día.
El mismo documento estima que, entre 2013 y 2018, recibieron atención hospitalaria casi 135 mil infantes a causa de lesiones por violencia, y proyecta que entre 2019 y 2024 la cifra se duplicará hasta alcanzar a los 276 mil.
“La violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, en sus distintas formas de expresión, muestra una tendencia ascendente en los últimos 5 años. La violencia física se ha incrementado en un 85%, la psicológica en más del 500%, la violencia sexual en 270%, la económica en 363% y la generada por abandono o negligencia en casi 200%”, dice el informe del SIPINNA.
A menos de dos meses de concluir su mandato, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, deja numerosos y graves pendientes y una profunda crisis en materia de derechos humanos. Cifras oficiales muestran que en este sexenio (hasta julio de este año) se han cometido 112 mil 760 homicidios dolosos, 22 mil 983 casos de desaparición, un promedio de nueve feminicidios al día, entre otras violaciones a las garantías de los ciudadanos.
Al hacer un balance de la administración por concluir, defensores de las garantías fundamentales señalaron que el gobierno del priísta dejará un saldo desfavorable en esta materia. En su más reciente informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, enfatizó que el sexenio se vio marcado por graves violaciones a estas garantías, con casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que Peña Nieto deja una situación de crisis en esta materia, en la que entre las graves violaciones vemos que crecen las desapariciones forzadas, que de acuerdo a cifras oficiales entre 2007 y abril de este año suman 37 mil 435 casos; más de la mitad de los estados con declaratoria de alerta por violencia de género o solicitud de ésta; la tortura sigue siendo una práctica cotidiana, al igual que las ejecuciones.
Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas. Foto: Paola Ramos / Cencos
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) respondió al video publicado por el presidente Enrique Peña Nieto en el cual defiende la investigación realizada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Luego de que el mandatario afirmara que “había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial”, el equipo forense publicó que en 18 meses de recolección y exámenes de evidencia física “no se encontraron elementos científicos objetivos” que sustenten la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), conocida como “verdad histórica”.
“En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el EAAF se expresa a favor de que la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos se amplíe para que se les pueda dar una respuesta certera sobre lo ocurrido con sus hijos a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, expuso el equipo en un comunicado.
En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o. Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto habló del Caso Iguala y reconoció su insatisfacción por no haber alcanzado el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.
Foto: Captura de pantalla / YouTube / Gobierno de la República
Existen evidencias claras y contundentes de que “muy lamentablemente” los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por un grupo delincuencial, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o Informe de Gobierno, recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación que correspondía al ámbito local.
Luego de una “investigación profunda y amplia” se llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“En lo personal, y con el dolor que causa, estoy en la convicción de que lamentablemente pasó lo que la investigación arrojó“, manifestó.
Recordó que ante el rechazo de los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” por aceptar los alcances de la investigación realizada, fue necesaria abrirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por Aldo Nicolai, Karen de la Torre y Omar González/Verificado 2018
El presidente Enrique Peña Nieto nunca dijo que los trabajadores no recibirán sus ahorros para el retiro en caso de que se cancele el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Sí dijo, en cambio, que si se cancela el aeropuerto “le vas a dar un raspón muy fuerte” a los fondos de pensiones de los trabajadores, es decir, las Afores. Un “raspón” que sería de 97 centavos por cada 100 pesos invertidos.
“Trabajadores no tocarán ni un peso de su Pensión si se cancela la construcción del nuevo aeropuerto: Amenaza Peña Nieto” (sic), advierte una publicación hecha en la página de Facebook No más PRI, que ha sido compartida casi mil 300 veces.
Lo declaración falsa supuestamente se hizo en respuesta a la promesa de campaña del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de suspender la obra; y habría ocurrido en el foro Impulsando a México, en octubre de 2017.
Verificado 2018 revisó el video original de la presentación de Peña Nieto en el foro y durante su participación dijo: “el proyecto del aeropuerto está construido al amparo de un diseño institucional y está anclado sobre elementos financieros y de mercado que, de suspenderlo, tendría un altísimo costo para el país y un altísimo costo para quienes han invertido… Los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores, están invertidos en el aeropuerto. Si tú lo cancelas, le vas dar un raspón muy fuerte”, añadió.
El tema de las Afores ha motivado además la publicación de notas falsas en las que se “denuncia” que invertir estos recursos en el aeropuerto pone en riesgo el ahorro de los trabajadores, lo que también es falso. Incluso ha habido declaraciones de dirigentes de Morena denunciando que es ilegal lo ocurrido. También es falso.
Sobre lo que sí dijo Peña Nieto y sobre las versiones del “robo de las pensiones”, Jorge López Pérez, miembro del Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó a Verificado 2018, que esta inversión está “bajo el marco de la ley. El porcentaje de lo que invirtieron es menor al 1% del total de las Afores señaladas, es decir, es una apuesta a largo plazo que tiene cierto riesgo, pero con una promesa de rendimiento buena”.
López Pérez explicó que en el peor escenario posible, considerando la cancelación total del nuevo aeropuerto, los trabajadores perderían únicamente el 0.97% de su dinero, es decir, 97 centavos por cada 100 pesos. Y sólo de quienes tienen dinero en las Afores que invirtieron en el aeropuerto: de las 11 afores que hay en el país, cuatro invirtieron en el aeropuerto, que son Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte.
Los trabajadores cuya pensión esté en estas Afores también tienen la opción de cambiarse a otra, sin costo.
El monto total que las afores invirtieron en el proyecto asciende a 13 mil 500 millones de pesos, que representan el 0.9% de los recursos que manejan.
Las Afore pueden, legalmente, invertir en proyectos de infraestructura de larga duración bajo el argumento de que ésto les da mayor rentabilidad; los comités de inversiones y los órganos de gobierno de las Afore analizan de manera continua las estrategias de inversión para maximizar su rendimiento.
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.
Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales.
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.
Estafa Maestra
La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.
La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.
La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrado por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.
La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.
Ciudad de México | Desinformémonos. “No vamos a permitir que el caso quede impune, que la PGR (Procuraduría General de la República) dé carpetazo cuando Enrique Peña Nieto esté por dejar la presidencia”, advirtió Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, durante una rueda de prensa de la caravana “Rompiendo Silencio y Olvido” en la Ciudad de México.
Bautista, madre del normalista Salvador, recordó que los responsables de la desaparición de los jóvenes son el ejército mexicano, la policía federal y los agentes municipales y ministeriales, los cuales no han sido investigados porque “los resultados no les convienen y quedaría evidenciado que fueron ellos los que se los llevaron”.
Agregó que las cuatro líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco han sido agotadas, a pesar de que se cumplen en febrero 41 meses de los hechos.
Los colectivos, que aglutinan más de 300 organizaciones, hicieron un llamado al los aspirantes presidenciales para que convenzan a sus partidos para que avalen una Fiscalía General independiente, y no una designada por el Presidente de la República.
Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya, a los del PAN, y López Obrador, a los de Morena, para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ciudad de México,31 de enero (SinEmbargo).- Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva urgieron este día a los candidatos presidenciales a buscar convencer a los legisladores a crear una Fiscalía General autónoma y eficaz.
“El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas, y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos”, dijo Antonia Meda Cadena, representante de los colectivos.
Como parte de esta iniciativa, los colectivos lanzaran el sitio web reforma102.mx, en el que se pretende ofrecer un medidor para la ciudadanía sobre si los candidatos presidenciales urgen a sus propias bancadas a realizar el cambio antes de los comicios del 1 de julio.
“En las campañas presidenciales los compromisos toman forma de atole con el dedo cuando traen un notario y firman un compromiso. No queremos eso, queremos liderazgo manifestado en que Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya a los del PAN, y López Obrador a los de Morena para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con las herramientas para cumplir con los problemas que aquejan del país, insistieron.
La importancia de reformar el 102 constitucional radica en que el Fiscal General no sea designado por el Presidente de la República, explicó Cardinas.
