“Existe la población callejera, sí existe. No somos la sombra de México, sí existimos”, Susana González, de 38 años, perteneció a la población callejera y compartió su experiencia durante la presentación del diagnóstico.
El diagnóstico, elaborado en colaboración por El Caracol A.C. y la CNDH, arrojó que el principal agente agresor son servidores públicos, por lo que resulta imprescindible sensibilizar y capacitar a policías, agentes del ministerio público y demás servidores públicos; también identificó como una necesidad primordial proporcionar a las mujeres los registros civiles adecuados, principalmente actas de nacimiento, ya que al no contar con documentos de identidad se les niega el acceso a servicios y al ejercicio de sus derechos.
El derecho a la vida, a la integridad legal, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia son los más violados, según el documento. En lo que respecta a la salud, el diagnóstico detalla que cuando las mujeres acuden al servicio médico son discriminadas. “Han narrado las mujeres que los médicos ni siquiera quieren auscultarlas […] asisten por dolores que son internos y ni siquiera los médicos se acercan […] si nos ponemos a entenderlo desde algunos otros referentes simbólicos, podríamos entender como si la pobreza se contagiara”, comentó durante la presentación Myrna Salazar, coordinadora de la investigación.
En relación con el derecho a la educación, se identificó que el mayor grado de estudios que tienen las mujeres en situación de calle es primaria, lo que lleva a que tengan los trabajos más precarios, trabajos de subsistencia. Sin embargo, la preocupación por el acceso a la educación de estas mujeres no queda ahí, ya que también habría que hablar sobre la poca o nula educación sexual y reproductiva que se les brinda, pues esto ha llevado a que no estén informadas sobre enfermedades de transmisión sexual y la forma en que pueden evitar contagiarse, y sobre la planificación familiar.
En la presentación del diagnóstico también estuvieron Eréndida Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH; María Ampudia y Olga Noriega, consejeras de la CNDH; y Susana González, quien formó parte de la población callejera y agradeció la elaboración de esta investigación. “No somos un número, somos humanos, humanas, niños y niñas”, reiteró, y compartió su punto de vista sobre las problemáticas, obstáculos y violencia que viven las mujeres que forman parte de la población callejera.
Habló sobre la necesidad de reconocer que las mujeres en situación de calle tienen hijos e hijas que deberían tener el mismo acceso a la educación que el resto de la población, sin discriminación alguna. Compartió cómo al enterarse de que iba a tener una hija su madre le dijo que no era capaz de cuidarla por la forma en la que vivía y por el problema de adicción que tenía y que por ello era mejor que ella la cuidara, pero cuando se recuperó y reclamó a su hija y la respuesta que tuvo fue que podía vivir con ella. “Se me negó ese derecho, se me negó ser madre”, compartió.
Durante la presentación se hizo énfasis en que para que haya un cambio en la vida de las mujeres integrantes de la población callejera es necesario abordar las diferentes problemáticas de manera interseccional y con perspectiva de género, diseñar procesos estandarizados de atención, implementar brigadas en los espacios de socialización y pernocta, y contar con un registro, tanto cuantitativo como cualitativo, para brindar atención especial.
Las conclusiones del diagnóstico se presentan como una serie de observaciones y recomendaciones divididas entre los derechos más violentados de las mujeres; algunas se presentan a continuación:
Derecho a la vida: establecer un mecanismo para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios para evitar muertes que fácilmente se pueden prevenir. Establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente, a través de los cuales la población callejera, y especialmente las mujeres, puedan mejorar su calidad de vida junto con la de sus hijas e hijos. Promover entre servidores públicos un acercamiento sensibilizado a las adicciones para que no sean vistas como un delito, sino que sean comprendidas como el resultado de una serie de problemáticas económicas, sociales, familiares y culturales.
Derecho a una vida libre de violencia: contar con un registro confiable de feminicidios para su análisis y combate. Informar y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos para que puedan ejercerlos y exigir su respeto. Tipificar en el país la discriminación como un delito desde la perspectiva de género. Capacitar a servidores públicos en materia de violencia de género y garantizar el adecuado funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y su difusión entre la población.
Derecho a la identidad legal: establecer un procedimiento uniforme para el acceso a la identidad legal. Establecer a nivel nacional un periodo único de registro oportuno para desarrollar acciones de combate del subregistro de nacimientos.
Derecho a la salud: visibilizar la ausencia de datos sobre los programas de salud que llegan a las mujeres pertenecientes a la población callejera y que son utilizados por ellas, y evaluar si tienen el impacto deseado. Capacitar al personal que atiende en los espacios de salud en temas de buen trato, derechos humanos y perspectiva de género para mejorar la atención a las mujeres que acudan a ellos. Impulsar acciones para incrementar y mejorar la atención de la salud mental.
Derecho a la educación: brindar talleres sobre educación sexual y planificación familiar para promover decisiones libres e informadas e informar sobre prácticas sexuales seguras, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual e interrupción legal del embarazo.
Derecho al trabajo: crear talleres para la población callejera sobre la eliminación de los roles de género, los derechos laborales de las mujeres para que conozcan la forma de obtener los requisitos necesarios en la búsqueda de un empleo formal. Construir políticas públicas en contra del acoso psicológico y sexual dentro de empresas, instituciones y el espacio público, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres tiene empleos informales en este espacio; de igual forma, es necesario capacitar y sensibilizar a policías y servidores públicos para evitar violaciones a los derechos que atenta a la integridad de las mujeres que realizan este tipo de empleos. Brindar capacitaciones y cursos financieros para que la población callejera sepa administrar y gestionar el dinero que obtienen.
Derecho al acceso a la justicia: desarrollar un mecanismo de atención especial a la población callejera dentro del sistema judicial para que conozcan sus derechos. Sensibilizar a servidores públicos del sistema de justicia para desestigmatizar y descriminalizar a las personas en situación de calle. Trabajar en contra de la revictimización de las mujeres por parte de servidores públicos.
Aun cuando durante la investigación se encontró un amplio marco jurídico internacional que protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de la población callejera, entre las que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los resultados de dicha investigación apuntaron a que “no había programas sociales ni servicios públicos específicos que atendieran a las mujeres que pertenecían a la población callejera”, según Myrna Salazar.
En la presentación se hizo hincapié en que el Instituto de Estadística, Geografía y Estadística (Inegi) no cuenta con información detallada acerca de la población callejera en México, únicamente se estima, de acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, realizado en la Ciudad de México, que existen alrededor de 6,754 personas viviendo en esta situación, de las cuales 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.
Las personas que forman parte de la población callejera podrían ser definidas como aquellas que no tienen una vivienda fija y no cuentan con un apoyo familiar, de hecho, en la mayoría de los casos el haber vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar fue lo que las llevó a refugiarse de esa situación en la calle y luego a vivir en ella.
Para las personas que viven en la calle conseguir documentos de identidad es caro y complicado, pero sin ellos no pueden acceder a mejores condiciones de vida.
Foto: Eréndira Aquino/Animal Político
Gonzalo es un joven que lleva varios años viviendo en las calles de la Ciudad de México y, aunque en diversas ocasiones ha intentado obtener un empleo estable que le permita conseguir dinero suficiente para encontrar un lugar fijo donde vivir, no ha podido lograrlo por falta de documentos de identidad.
Durante un año intentó tramitar por su cuenta su acta de nacimiento, porque sin ella “es como si no existieras, porque no puedes comprobar quién eres, que existes, que eres una persona como todas las demás que tienen una identificación para demostrar quiénes son”.
Sin embargo, sus intentos no dieron resultados, pues tramitar su acta de nacimiento extemporánea en la Ciudad de México no es sencillo: como requisitos se necesitan otros documentos de identidad como las actas de sus familiares –con quienes debido a su situación de calle ha perdido contacto-, y su credencial de elector, con la que tampoco cuenta.
Otros requisitos para realizar el trámite son su CURP –documento que no tiene porque de inicio no cuenta con un acta de nacimiento- y comprobante de domicilio, mismo que no puede presentar porque vive en las calles.
Miles de personas en situación de calle se enfrentan a la discriminación, a la violencia y al rechazo en la Ciudad de México; el Gobierno local ha implementado acciones para reintegrarlas a la sociedad, pero éstas no son suficientes para restituir sus derechos humanos
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Ángeles vive cerca de la Alameda Central y frecuentemente ve a niños, jóvenes y personas mayores en esta situación, cargando plásticos y bolsas. En ocasiones, ha observado cómo grupos religiosos acuden a dejarles comida y ropa. En otras ha sido testigo de cómo se llegan a agredir entre ellos.
“A mí a veces sí me da miedo, porque cuando están drogados no te hacen nada, pero pues en ocasiones sí se te acercan o te da cosa que te vayan a quitar algo, incluso cuando yo estaba en mi anterior trabajo, pues nos decían que no nos acercáramos a ellos porque ya a unos compañeros les habían robado”, relata.
Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, organización civil dedicada a apoyar a las personas en situación de calle, explica que éste es uno de los fenómenos más complejos que hay en la Ciudad de México, porque se trata de personas que se han quedado sin su red social y las autoridades no han logrado encontrar las acciones adecuadas para que salgan de ella. Además no tienen acceso a la salud, sufren discriminación e incluso limpieza social por parte de las autoridades.
“Un tema delicado es que no es sencillo contarlas, hay un censo ahora en la Ciudad de México, pero no sabemos si es toda la población que conocemos o puede ser más, es un detalle. El otro es que las políticas públicas durante mucho tiempo han sido de corte asistencial, es decir, han intentado resolver un poco la emergencia ofreciéndoles albergues, comida, pero no han atendido el tema de fondo que tiene que ver con toda la restitución de derechos”, dice Luis Enrique.
La organización ha encontrado en la calle a personas sin ningún tipo de documento oficial, como actas de nacimiento, y con problemas para acceder a los servicios médicos de salud a causa de la discriminación que se vive en estos espacios, ya que les niegan los servicios por carecer de hojas del seguro popular.
Jazmín vivía en una calle de la delegación Cuauhtémoc. Un día enfermó de gravedad y murió luego que la ambulancia solicitada por sus compañeros tardara dos horas en llegar. Tuvieron que pasar 33 días de trámites antes de que sus conocidos y una asociación pudieran recuperar su cuerpo y darle una sepultura digna.
Jazmín tuvo quién se preocupara por ella. No así las 2 mil 556 personas que en los últimos 10 años murieron en las calles de Ciudad de México sin que nadie las identificara. De ese total, 412 vivían en ellas y fallecieron por accidentes de tránsito, negación del servicio médico, enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias (activo, básicamente) o hechos violentos, de acuerdo con reportes del colectivo El Caracol.
Todas ellas son causas “excesivamente prevenibles o evitables” de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y a los registros del colectivo, que desde hace 23 años trabaja con hombres y mujeres que sobreviven en las calles de la ciudad, y que desde hace 14 recopila información sobre las prácticas que se convierten en un riesgo de muerte para ellos.
Datos de la Secretaría de Salud confirman que el VIH/SIDA, la desnutrición, los accidentes de tránsito y los suicidios son muertes prevenibles con la atención médica adecuada, pero aún así representan las principales causas de fallecimiento para los integrantes de poblaciones callejeras.
Morir en la calle no es cosa voluntaria
Cada año desde 2013, El Caracol realiza una campaña para enmendar la falta de un protocolo de búsqueda de personas que no cuentan con documentos de identidad y que fallecieron en las calles de Ciudad de México. El nombre de la campaña es “Chiras Pelas, Calacas Flacas” y el objetivo de este año es “seguir reflexionando sobre el derecho a la existencia legal vinculada a la muerte de presonas que forman parte de las poblaciones callejeras”.
Por ello la frase “morir en la calle no es cosa voluntaria” forma parte de la campaña, y se refiere al ambiente de discriminación en el que viven estas personas. Ello facilita “la negación de servicios y el rechazo de la comunidad en factores muy altos entre estas poblaciones”, explica Enrique Hernández, director de El Caracol. Y el caso de Jazmín evidencia “la discriminación que viven las poblaciones callejeras aún después de la muerte”.
