Hacemos memoria por quienes cayeron luchando: Estos son los 72 activistas asesinados en 2022 en México

Imagen tomada de Desinformémonos

 

 

Radio Zapote/Desinformémonos

Les presentamos un recuento de activistas asesinadxs durante 2022 en México, realizada a partir de un trabajo colectivo de recolección y búsqueda de información en múltiples fuentes. Se trata de 72 activistas en defensa del territorio, el agua, los derechos humanos, promotores culturales, indígenas, artistas, buscadoras de desaparecidos, abogadxs, feministas, opositores a los mega proyectos, activistas trans, sacerdotes, ejidatarios, sindicalistas, comuneros, ambientalistas y comunicadores comunitarios, que no eran partidistas. Durante la documentación, sin embargo, encontramos a no pocos activistas integrantes de partidos políticos e inclusive funcionarios públicos, también privados de la vida con violencia.

Nuestra metodología consistió en un monitoreo exhaustivo de medios y redes sociales, ubicando denuncias sobre activistas asesinadxs en diversas geografías del país, activistas en general. Por otra parte decidimos incluir solo a activistas que no militaban en partidos políticos oficialistas, por que los miembros de partidos políticos regularmente son reivindicados por el aparato de su partido respectivo y por la clase política local y nacional, mientras que las denuncias de los activistas independientes regularmente quedan silenciadas; el trabajo de los Medios Libres es romper el cerco informativo que hay contra los movimientos sociales independientes que trabajamos desde abajo y para abajo.

Seguramente faltan nombres, pero es imposible crear una base de datos completa, en parte porque muchos familiares prefieren no levantar denuncias, ante la posibilidad de más represión. Esta lista nos da cuenta de lo peligroso que resulta defender los derechos y los territorios comunitarios en este país y el riesgo permanente de la aniquilación a aquel que levante la voz por su dignidad o por su territorio.

De los 72 activistas asesinados durante 2022 en México, una mayoría corresponde a personas con un compromiso comunitario indígena, o de alguna otra minoría cultural. Observamos que predominan los indígenas ambientalistas. Una cuarta parte de estos asesinatos a activistas, ocurrieron en Oaxaca, seguido de Guerrero. Dichas regiones rebasaron por mucho la incidencia de este delito a nivel nacional. Otras entidades son Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora. Pero se cometió este crimen en 21 estados de 32 de la república mexicana. Muchos son opositores al cambio de uso de suelo, que amenaza la propiedad de la tierra, y que ha dejado de ser un bien inalienable para devenir una mercancía y propiedad privada. Un alto porcentaje de las víctimas son personas que defienden una causa que supone la oposición a la explotación capitalista de los recursos naturales de sus territorios. Se oponen a la instalación de los Megaproyectos o industrias depredadoras. O bien son mujeres buscadoras de su familiar desaparecido. Destaca la incidencia de personas que, antes de ser asesinadas, son secuestradas y desaparecidas, hasta que alguien encuentra sus restos abandonados a la intemperie o en fosas clandestinas, muy comunes en este país.

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Ejidatarios de SLP acusan a la Conagua de falsificar firmas

Redacción/La Jornada

Foto: Alfredo Valadez Rodríguez/La Jornada

Zacatecas, Zac., Ejidatarios de La Presa, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, acusaron a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de falsificar actas de asamblea ejidal con las que obtuvieron poderes de representación y firma y realizaron trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) a fin de continuar con la construcción de la presa La Maroma y de un acueducto.

Los señalados son Manuel Téllez Bugarín, director de la Conagua en San Luis Potosí, y Jorge Juventino Tovar Mares, director de la oficina de trámites para la tenencia de la tierra de esa dependencia.

‘‘Acepto el poder’’, firmaron los funcionarios citados las actas de asamblea presuntamente apócrifas que desconocen a los integrantes de la mesa directiva del ejido La Presa: Teodoro Cárdenas Lucio, Arnulfo García Rada y Juan Francisco García Torres, presidente, secretario y tesorero, respectivamente.

La construcción de la presa La Maroma no ha comenzado, pero el acueducto que pasará por el ejido La Presa ya está en obras.

Los ejidatarios denunciaron la presunta falsificación ante un grupo de investigadores y asesores jurídicos del Colegio de San Luis Potosí, quienes desde principios de este año han asesorado a los campesinos en la defensa de sus territorios y agua.

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Yucatán: ejidatarios luchan contra despojo por proyecto eólico de grupo español Aldesa

Foto: Desinformémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Aldesa, el grupo español propietario de la empresa Aldesem que construyó el Paso Exprés de Morelos donde el 12 de julio ocurrió un socavón en el que perdieron la vida dos personas, ahora pretende construir en Yucatán dos parques eólicos por los que ofrece pagar 50 pesos mensuales de renta a los ejidatarios propietarios de las primeras 600 hectáreas. Los campesinos se manifestaron para señalar que impedirán la construcción de las plantas eoloeléctricas autorizadas por Semarnat en 2014.

Ejidatarios de Motul se manifestaron este 20 de julio frente al palacio de gobierno en Mérida, Yucatán para protestar contra el despojo de sus tierras por parte de las empresas transnacionales de origen español, Aldesa, su filial Aldener y Rafael Acosta Solís, quien presta sus servicios a las mismas, para instalar parques eólicos en sus tierras.

Casi 1,500 ejidatarios del municipio de Motul declararon frente a la sede del gobierno estatal que impedirán la instalación de los plantas eoloeléctricas autorizados en 2014 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los parques eólicos y las plantas Chacabal I y II se pretenden construir en los municipios de Motul, Suma y Cansahcab en Yucatán.

“Las empresas españolas iniciaron la construcción de los parques en 600 hectáreas de las cinco mil que pertenecen a los 1,472 ejidatarios sin tener la autorización de estos” señaló a medios locales, el asesor Julio César Balam Escamilla. “De forma ridícula, los españoles ofrecieron una vez más ‘espejitos por oro’, 50 pesos mensuales de renta a cada ejidatario por las 600 hectáreas” señala Balam Escamilla.

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