En una carta fechada el 9 de octubre último, un grupo de expertos de la ONU solicitó al gobierno de López Obrador cambiar o dejar sin efectos los aspectos del acuerdo presidencial que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales y que son contrarias a los derechos humanos.
Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso
GINEBRA (proceso).– Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señala que en la pasada administración se protegió a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes del crimen organizado, ocurridas el 30 de junio del 2014, pero que ahora se tendrá que revisar, tras el fallo de un tribunal federal que ordenó recapturar a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.
El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.
Foto: Twitter @CentroProdh
A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.
“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.
“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.
Luego de las críticas al Estado mexicano señaladas en el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”, el vocero de Presidencia dijo que el gobierno de México está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en materia de seguridad.
La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:
Fuerzas de seguridad, detenciones y reclusión
Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.
Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.
Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.
Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.
En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).
El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.
De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.
Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.
Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.
En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.
Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).
Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.
En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.
Periodo manchado por los abusos
Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.
