CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, a colaborar en el procesamiento penal contra un oficial y 11 marinos que participaron en la detención arbitraria, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial de cuatro personas que se encontraban cerca de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los hechos narrados en la recomendación37VG/2020, por violaciones graves a derechos humanos, están relacionados con el combate al robo de combustible emprendido en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas, el 20 de febrero de 2019 su hijo estaba empacando zacate junto con otras tres personas en un predio localizado en Guadalupito las Dalias, en el municipio de Tlahuapan, Puebla, “cuando elementos de la Semar, a bordo de tres camionetas, los detuvieron argumentando que trabajaban en un predio ubicado junto a los ductos de Pemex”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos la Policía Federal (PF), detuvieron en esta ciudad a seis elementos de esta última corporación que tenían orden de aprehensión por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Michoacán, con sede en Uruapan, por la probable comisión de los delitos de homicidio y, en cuatro casos también por homicidio en grado de tentativa.
En una primera acción, los policías ministeriales aprehendieron a Israel “S” y Antonio “S” en la alcaldía Coyoacán.
De manera simultánea, cumplimentaron órdenes judiciales en contra de Heriberto “C” y Jorge “C en la alcaldía Miguel Hidalgo, y posteriormente detuvieron a Rodrigo “G” y Juan “G” en la alcaldía Azcapotzalco.
En un comunicado, la FGR afirmó que los policías fueron detenidos “con pleno respeto a sus derechos humanos, sin violencia ni afectación a terceros”, para luego poderlos a disposición del juez que los requirió.
OAXACA, Oax. (apro).- Las víctimas de Nochixtlán desconocieron la Recomendación 7VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “incrimina a las víctimas y favorece a los agresores al justificar la ejecución extrajudicial de personas al concluir que el uso de fuerza letal fue la adecuada”.
Por tal motivo, informaron que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y harán lo mismo con otros organismos internacionales para exigir justicia por las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en el fallido operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en Oaxaca.
Las víctimas directas e indirectas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas acusaron a la CNDH de proteger a los funcionarios públicos responsables de violación de derechos humanos durante la mencionada acción policiaca.
Por ello, informaron que el pasado 12 de junio presentaron una queja ante la CIDH donde acusan al gobierno mexicano de ejecuciones extrajudiciales en agravio de seis personas indígenas mixtecas en la masacre de Nochixtlán Oaxaca.
De entrada, dijeron: “rechazamos la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH por ser un informe parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre del 19 de junio; porque a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas”.
Además, las víctimas destacaron que “no aceptamos la disculpa pública del gobernador, ya que ésta la tiene que dar el presidente de la República o el secretario de Gobernación en base a los estándares internacionales y que esperaremos que en su oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia respectiva”.
Los supuestos
La carta está firmada por Gildardo González Santiago, José Luis Cruz Aquino, Rutilia Santiago Cruz, Angélica Reyes Cruz, y Viridiana Diego Cruz, así como por familiares de Omar González Santiago, Ancelmo Cruz Aquino, Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez, -“ejecutados extrajudicialmente”-, quienes consideran que la Recomendación de la CNDH refiere argumentos para eximir de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales.
Su afirmación la soportan en que la CNDH argumenta como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, inclusive, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016, como en los siguientes supuestos:
-En los cuerpos de las seis víctimas fue negativa la prueba de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, a criterio de la CNDH deja la duda de que si las víctimas portaban o no armas.
“La prueba negativa de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE respecto de las seis víctimas no nos puede establecer si éstas portaban armas y es un resultado falible para determinar si alguna disparó un arma de fuego”. (Página 332 párrafo 971 de la Recomendación).
Con el argumento de que el Ejército es una “institución honorable”, un juez federal trató de evitar que un sargento enfrentara un proceso penal por la presunta ejecución extrajudicial de un civil, en hechos ocurridos el 3 de mayo en Palmarito, Puebla.
De acuerdo con el juez, el soldado tenía derecho a disparar, pues se encontraba emocionalmente alterado y en un “escenario de guerra”, además de que, señaló, los policías son “incapaces y corruptos”, lo que ha obligado a los militares a hacer trabajos de seguridad pública.
Esta decisión fue revocada por un Tribunal federal, tras considerarla carente de toda lógica jurídica. Además, dicho tribunal asumió la jurisdicción del caso y ordenó la apertura de un juicio contra el sargento implicado.
El juez Luis Eduardo Jiménez Martínez consideró en su resolución inicial que las evidencias aportadas por la PGR “no eran suficientes” para abrir un proceso en contra del Sargento José por el delito de homicidio doloso.
En su resolución, el juez consideró que ni un video de los hechos ni las declaraciones iniciales de cuatro soldados ni otros indicios bastaban para sostener la probable responsabilidad del acusado, e incluso puso en duda (ignorando la necropsia del caso) que la víctima murió por un disparo.
Un juez ordenó la liberación de un sargento que fue detenido por su relación con una presunta ejecución extrajudicial en Palmarito, Puebla, durante los enfrentamientos entre militares y presuntos ladrones de combustible, el pasado 3 de mayo, reportó el diario Reforma.
El sargento José fue señalado como el militar que aparece en un video, presuntamente disparando en la cabeza a un civil, que estaba rendido en el suelo.
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, indicó que la PGR no había ofrecido un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del sargento con el homicidio, por lo que ordenó la liberación del militar bajo reservas de ley, misma que se concretó el pasado miércoles 7 de junio.
Aunque se determinó la no vinculación a proceso del soldado, fue sin efectos de sobreseimiento, por lo que la PGR seguirá teniendo la oportunidad de perfeccionar su acusación y volverlo a imputar, apuntó Reforma.
El juez también señaló que el video involucrado en el caso, difundido en redes sociales, no tiene una fuente identificada, y que los testigos de cargo no hicieron señalamientos contra el sargento, tampoco sus compañeros en el Ejército.
