IFEX-ALC condena represión y agresiones a periodistas en Ecuador

Foto: Franklin Jacome/Agencia Press Shout/Getty Images

IFEX-ALC condena las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Ecuador, así como la represión contra quienes han tomado las calles para expresar su descontento con las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.

Las 24 organizaciones que integramos la red IFEX-ALC condenamos las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Ecuador, así como la represión contra quienes han tomado las calles para expresar su descontento con las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.

Las protestas iniciaron el pasado 3 de octubre tras anunciarse la eliminación del subsidió al combustible. Debido a ellas, el gobierno decretó estado de excepción, que fue validado por la Corte Constitucional para un periodo de 30 días.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a la fecha cinco personas han muerto como consecuencia de las protestas. Tal y como lo ha documentado la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, decenas de personas resultaron heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad y de la violencia de algunos sectores violentos de manifestantes y cientos más fueron detenidas.

Hasta el domingo 13 de octubre 127 periodistas y 6 medios de comunicación que se encontraban cubriendo las protestas fueron agredidos, secuestrados, atacados, incendiados y/o detenidos dentro del marco de las protestas.

Manifestantes han asaltado física y verbalmente a varios periodistas. El 10 de octubre, un grupo de 32 periodistas nacionales y extranjeros fueron retenidos, secuestrados, por manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura, cuando se encontraban reportando sobre lo que ocurría al interior del recinto. Uno de los periodistas, fue herido gravemente al momento de abandonar el lugar.

En las manifestaciones, más de 36 periodistas han sido agredidos por las fuerzas de seguridad del Estado mientras cubrían las manifestaciones. Los periodistas agredidos estaban plenamente identificados y estaban en pleno ejercicio de su trabajo.

A las agresiones y amenazas, se suma la censura contra medios de comunicación, como por ejemplo la orden de suspensión de transmisiones para Radio Pichincha Universal. Además, desde la media noche del domingo 6 de octubre durante varias horas se reportaron bloqueos al registro de imágenes, sonidos y videos en redes sociales por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El bloqueo se produjo cuando se estaban difundiendo imágenes de la represión policial a las protestas. Los directivos han negado estos ataques y han señalado que han existido ataques contra la infraestructura que ha provocado interrupciones del servicio en algunas zonas del país.

El 12 de octubre las instalaciones del canal Teleamazonas fueron atacadas por manifestantes que prendieron fuego a un bus que se encontraba al interior. Las instalaciones del diario El Comercio también fueron atacadas por manifestantes. Telesur suspendió su programación en algunas plataformas de televisión paga y medios públicos evacuaron a su personal.

La libertad de expresión ha sido blanco de ataques durante varios años en el Ecuador y la labor periodística ha sido estigmatizada por altos funcionarios, en especial durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa. Los hechos ocurridos en los últimos días son una muestra del ambiente desfavorable a la libertad de expresión en dicho país.

Las 24 organizaciones pertenecientes a la red IFEX-ALC emplazamos al Estado Ecuatoriano a:

  • Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador, los cuales garantizan el ejercicio pleno del periodismo para ofrecer información confiable sobre los asuntos de interés público, y protegen el derecho de la ciudadanía a estar informada. Tener una prensa libre e independiente es un derecho de los ciudadanos y una obligación para cualquier gobierno democrático.
  • Respetar y garantizar los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión de sus habitantes, y frenar inmediatamente la represión en contra de quienes se manifiestan pacíficamente en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno.
  • Respetar y garantizar la libertad de expresión en Internet del mismo modo que en los medios de comunicación, absteniéndose de implementar restricciones o bloqueos de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) por ser una medida extrema -análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión-.
  • Se investigue y se sancione de manera pronta y exhaustiva a los responsables de las agresiones cometidas contra periodistas tanto por agentes del Estado como por particulares, y se investiguen los hechos de censura promovidos por autoridades estatales.
  • Se investigue y sancione de manera pronta y exhaustiva las denuncias de uso excesivo de la fuerza cometido por agentes del Estado en contra de manifestantes.

Sobre IFEX-ALC:

IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 15 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.

México ocupa los peores lugares de América Latina en equidad de género y oportunidades para jóvenes

Por Redacción/Animal Político

México es el país de América Latina más inequitativo para las mujeres y el que tiene el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan, de acuerdo con el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017.

A pesar de las mejoras económicas y una mayor cobertura de programas sociales, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, de acuerdo con el Índice de Equidad Territorial realizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Y en ese ranking México no sale bien parado:  es el más inequitativo para las mujeres y tiene el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan.

México es incluso referente de las grandes brechas entre territorios y entre grupos que prevalecen en la región, según RIMISP: en 93 % de los municipios mexicanos creció la desigualdad de 2010 a 2015. En ese mismo periodo el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan creció nueve puntos, mientras que en algunos municipios del sur la participación de las mujeres en el empleo formal es casi inexistente.

El Índice forma parte del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017, presentado por RIMISP el pasado miércoles, en el que revela que algunos países han avanzado hacia los Objetivos del Milenio al sumar los indicadores a nivel nacional, lo que les da un promedio positivo. Sin embargo, a nivel territorial persisten las profundas brechas que podrían provocar que los países más pobres no alcancen estas metas.

Esto se debe, entre otros factores, a que los países han enfocado sus esfuerzos en atender los problemas más primarios como el hambre, la mortalidad infantil y la alfabetización, dejando rezagados otros temas más complejos como el embarazo adolescente y la equidad de género, explica el informe.

El documento analiza los indicadores de desarrollo de siete países latinoamericanos –Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala y México– en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la ONU con el fin de llegar al año 2030 sin hambre, pobreza ni desigualdad.

“Que nadie se quede atrás” es el lema de este plan mundial, al que RIMISP acota “no dejar a ningún territorio atrás”, argumentando que las cifras nacionales esconden la desigualdad que prevalece en los pueblos, dejándolos en riesgo de ser olvidados por completo una vez que los Objetivos sean cumplidos.

México, “ejemplo” de desigualdad

El Informe destaca el caso de México, país que resulta representativo del fenómeno latinoamericano de aumento en la desigualdad, ya que teniendo crecimiento económico macro, todavía tiene grandes rezagos a nivel municipal.

Entre 2010 y 2015 la desigualdad creció en cerca de 93 % de los municipios mexicanos con información disponible, destacando el alza en Santa Magdalena Jicotlán (Oaxaca), San Juan Achiutla (Oaxaca) y El Plateado de Joaquín Amaro (Zacatecas), cuyos respectivos índices subieron 20 puntos porcentuales o más, según el reporte.

Otra de las grandes desigualdades en México es la de género. “Las elevadas brechas promedio se explican por un conjunto de municipios donde, en la práctica, la mujer no tiene participación en el mercado laboral formal”, puntualiza el reporte. Cita como ejemplo 21 municipios del país -casi todos en Oaxaca y Chiapas- donde la tasa neta de participación laboral de la mujer no superó el 5% durante 2010. Para el reporte de 2017, los municipios de mayor aumento de la brecha de género en las tasas netas de participación laboral se concentraron en Oaxaca.

Este panorama coincide con el ofrecido por Naciones Unidas en su Informe Anual de Actividades 2017, que reveló que en México solo 43 % de las mujeres en edad productiva participa en la fuerza laboral, y de las que trabajan, casi el 60 % tienen empleos informales.

Otro foco rojo de desigualdad en México, en comparación con la región, es el aumento transversal del número de jóvenes que no estudian ni trabajan. “México es el país que ha tenido un mayor aumento (…) el promedio simple pasó de 24.9 % a 33.6 % entre 2010 y 2015”, refiere el informe, y subraya que durante ese periodo cerca del 98 % de los municipios mexicanos aumentaron el porcentaje de jóvenes desocupados.

Los municipios con un mayor aumento -ambos de Oaxaca- son Santiago Tepetlapa y San Martín, de 12.5 % a 85.7 % y de 27.1 % a 77.2 %, respectivamente. En contraste, las localidades que lograron reducir esta proporción fueron Santo Domingo Tlatayapam (Oaxaca), de 26.3 % en 2010 a 12.5 % en 2015 y San Miguel Ixitlán (Puebla), de 36.9 % a 18.8 %.

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El obrero mexicano es de los más desprotegidos y maltratados del mundo, confirma Índice Global

Por Redacción/Sin embargo

La calificación 5 es para las naciones donde “si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y está por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”. México está acompañado en este grupo por países como Arabia Saudita, China, Colombia, Corea, Ecuador, Egipto, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irán, Nigeria, Pakistán, Qatar y Ucrania.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- México se encuentra entre “los peores países del mundo para trabajar” en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional. Nuestro país se encuentra en la categoría 5 de este ranking por ser una nación que no garantiza los derechos de los trabajadores.

En esta categoría están los países donde “si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y está por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”, detalla la descripción de esta clasificación.

En este grupo se encuentran en total 32 países: Arabia Saudita, China, Colombia, Corea, Ecuador, Egipto, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, Nigeria, Pakistán, Qatar, Turquía y Ucrania, son algunos de los países que acompañan a México.

El último de los niveles del índice, el 5+, de “Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho”, están países donde los “están igual de limitados que en los países del grupo 5. No obstante, en los países del grupo 5+ la situación está vinculada a unas instituciones disfuncionales como resultado de un conflicto interno y/o una ocupación militar”.

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