La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.
Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.
Por violaciones graves a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura atribuibles a elementos del Ejército mexicano en agravio de nueve hombres –cuatro de ellos con la calidad de militares al momento de los hechos—, ocurridos en Chiapas, Durango, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 16VG/2018 al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El exhortó también se dirigió al ex encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por la violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
La recomendación les fue debidamente notificada el 28 de noviembre pasado, dos días antes del término de la administración de Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Gobernación declaró Alerta de Violencia de Género para 16 municipios de Durango, entre ellos Gómez Palacio y Lerdo, así como la capital del estado.
La resolución de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) fue dada a conocer a las asociaciones que solicitaron la Alerta de Género, Funprodem que preside Sandra Sierra y Sí hay Mujeres en Durango, de Julieta Hernández, la tarde de hoy.
En el documento se señala que la Alerta de Género se aplicará en los municipios de: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán , General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.
El documento señala que los municipios deberán instalar a la brevedad los Consejos Municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación, de la Violencia de Género contra las mujeres a los que hace referencia los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Los municipios deberán contener las bases de coordinación con el estado alineado con el programa estatal, considerando como mínimo acciones de seguridad, justicia y prevención.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reporteros de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la CNDH y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, condenaron y exigieron justicia tras el homicidio del periodista Héctor González Antonio –colaborador de Grupo Imagen y Excélsior– ocurrido en Ciudad Victoria, y cuya muerte eleva “a 136 los comunicadores asesinados desde el año 2000”.
En un comunicado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Red de Periodistas del Noreste consideró que “la muerte de nuestro colega Héctor González Antonio nos pone nuevamente de luto y en alerta”.
También describe que González Antonio lucía golpes “y fue hallado sin zapatos ni camisa, lo cual revela circunstancias violentas en torno a su fallecimiento, que ocurre cuando todavía no se marchitan las flores de las coronas de Alicia Díaz, asesinada en Monterrey la semana pasada”.
Además, los integrantes de la Red de Periodistas del Noreste “demandamos de las autoridades de Tamaulipas y al gobierno federal una investigación clara y a fondo sobre el asesinato del corresponsal del periódico Excélsior”. Además, “exigimos mantener las garantías necesarias para el ejercicio de nuestra profesión”.
Por su lado, la CNDH dijo que solicitó a las autoridades de Tamaulipas medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de Héctor González, “brindarles la contención emocional que sea necesaria y realizar una investigación inmediata allegándose de las evidencias para determinar la responsabilidad del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada con su labor periodística”.
También confirmó que personal de la CNDH se trasladó a Victoria para brindar atención a familiares de la víctima y realizar las primeras diligencias del caso.
Casi el 80 por ciento de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, el porcentaje más alto del que se tiene registro, año 2013, de acuerdo con los resultados de la 19 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Sobre las expectativas de inseguridad en un futuro, el 36.2 por ciento de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal y el 36.3 por ciento mencionó que empeorará. Los resultados de la encuesta del Inegi coinciden con las cifras del Secretariado Ejecutivo, la cuales arrojaron que el primer bimestre de 2018 se posicionó como el más sangriento de las últimas dos décadas con 4 mil 206 carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– El 76.8 por ciento de los mexicanos de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, el porcentaje más alto del que se tiene registro, año 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados de la 19 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) arrojaron que durante el mes de marzo, el 76.8 por ciento de la población se siente inseguro, cifra mayor a la registrado en marzo de 2017.
La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 81.0 por ciento, mientras que para los hombres fue de 71.8 por ciento.
Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Región Oriente de la Ciudad de México (Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco), Coatzacoalcos, Fresnillo, Región Norte de la Ciudad de México (Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza) , Chilpancingo y Cancún, con 96.7, 94.8, 94.7, 94.0, 93.3 y 93.2 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, Saltillo, Los Cabos, La Laguna, Durango y Piedras Negras con 29.9, 33.5, 38.8, 47.8, 48.3 y 48.5 por ciento, respectivamente.
Sobre las expectativas de inseguridad en el país en un futuro, el 36.2 por ciento de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal y el 36.3 por ciento mencionó que la situación empeorará.
Con respecto al tipo de lugar donde las personas se sienten más inseguras, el 81.3 por ciento de la población consideró que es en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; el 74.3 por ciento dijo que es en el transporte público; el 68.7 por ciento en las calles que habitualmente usa, y el 68.1 por ciento en el banco.
Los resultados de la encuesta revelaron también que durante el primer trimestre de 2018 el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (65.4 por ciento), robos o asaltos (64.7 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (54.0 por ciento), venta o consumo de drogas (44.2 por ciento), disparos frecuentes con armas (40.0 por ciento) y bandas violentas o pandillerismo (35.9 por ciento).
Ciudad de México | Desinformémonos. “No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso”, aseguraron los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, en Durango.
Los pueblos y organizaciones que integran el Frente reafirmaron su lucha contra los megaproyectos en sus territorios, como el de la empresa Chemours Company que pretende producir 70 mil toneladas de cianuro de sodio al año.
Las empresas transnacionales, “desde la lógica del modelo extractivo, abonan al despojo y deterioro de los bienes comunes naturales, pues hemos podido constatar que dichos proyectos se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios generando una serie de injusticias y atentados a los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción de la naturaleza”, denunciaron los pueblos.
Aseguraron que estas empresas y proyectos extractivos avanzan con rapidez gracias al “clima de impunidad que genera la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u omisión, al diseño e implementación de políticas que, lejos de representar los intereses de nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan incrementar su riqueza”.
Lamentaron que los empresarios, en complicidad con las autoridades de gobierno, busquen aprovecharse de la pobreza de los habitantes y de la falta de alternativas para explotar a la mano de obra y la naturaleza. “Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, crisis que se materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación que sufren nuestros pueblos y comunidades”.
Por ello, reafirmaron su rechazo a la división de las comunidades, al debilitamiento del tejido social y la militarización de sus territorios, así como al hostigamiento y atentados contra la integridad física y emocional de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión.
