Centenares de migrantes centroamericanos que se encuentran en Tijuana intentaron ayer cruzar hacia Estados Unidos por el puente fronterizo de El Chaparral, pero al llegar al lugar fueron repelidos por la Guardia Nacional con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que provocó un caos en la zona, que se prolongó durante casi tres horas.
A las 10 de la mañana comenzó todo: un grupo de aproximadamente 500 indocumentados, integrantes de las diversas caravanas que desde octubre ingresaron a México procedentes de Centroamérica, se reunió al exterior del albergue instalado en la unidad deportiva Benito Juárez.
En ese lugar, los migrantes convocaron a una marcha “pacífica” hacia el puente de El Chaparral. Los viajantes portaban mantas y cartulinas que tenían leyendas como: “No tener papeles no es un delito y no quita los derechos humanos” y “Trump we hate you not (sic)”.
Apenas comenzaron a avanzar, los centroamericanos, con las banderas de sus países de origen en la mano, gritaron: “¡No somos criminales, somos trabajadores internacionales!”.
El despliegue militar de hasta 15 mil efectivos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a su frontera con México costará un mínimo de 200 millones de dólares, informaron ayer analistas y miembros del Pentágono al diario The Washington Post.
Por otra parte, el mandatario advirtió ayer que una victoria demócrata en las elecciones legislativas del próximo martes precipitaría la llegada del socialismo y de hordas de criminales provenientes de América Central.
Veteranos y legisladores demócratas se quejan de que Trump malgasta los fondos militares en una maniobra políticamente motivada antes de las elecciones intermedias del próximo martes, en un momento en que el presupuesto del Pentágono está bajo presión para reducir gastos.
Analistas del Pentágono calcularon que el monto de 200 millones de dólares se alcance para finales de 2018, pero podría crecer significativamente si las operaciones militares antimigrantes continúan en la zona fronteriza el próximo año.
El costo de los despliegues militares es una pequeña parte de los 716 mil millones de dólares destinados al presupuesto anual del Departamento de Defensa. Las operaciones militares se anuncian en un momento en que la Casa Blanca ordenó recientemente al Pentágono reducir sus gastos a 33 mil millones de dólares, en respuesta al mayor aumento del déficit federal en seis años.
El Pentágono anunció el despliegue de más de 5 mil efectivos –algunos armados– a la frontera con México para fortalecer la línea contra lo que el comandante en jefe Donald Trump declaró como una invasión de migrantes centroamericanos, pero que el presidente usa para fines electorales a una semana de los comicios intermedios que determinarán el control del Congreso.
¡Esta es una invasión a nuestro país y nuestros militares te están esperando!, escribió Trump por Twitter ayer por la mañana. El presidente ha declarado que la caravana representa una emergencia nacional para su país.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han cumplido cabalmente con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la integridad y la seguridad de los integrantes de la Caravana Migrante, aseveró el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo Sosa.
En entrevista telefónica, el funcionario –que encabeza al equipo de la CNDH que acompaña el éxodo desde antes de su ingreso a México– detalló que apenas ayer, a su llegada al municipio de Mapastepec, se ha notado la coordinación de autoridades locales y federales para brindar atención médica, alimentación, hidratación y resguardo seguro a los miles de migrantes que participan en la caravana.
Los gobiernos se han visto rebasados para atender a las personas en movilidad, de las cuales una tercera parte son menores de edad. El equipo de la CNDH ha documentado que el derecho humano más violentado hasta ahora es el acceso a la salud y el del interés superior de la niñez.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, señaló que las políticas migratorias y de seguridad no pueden reñir con una protección efectiva a los derechos de los migrantes.
Durante su participación en la inauguración del segundo congreso internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas Constitucionales, sostuvo que la pobreza y la desigualdad siguen siendo una característica de América Latina.
Mencionó que sólo con objetivos comunes y esfuerzos compartidos de podrán derribar los muros que actualmente dificultan la consecución de la plena vigencia de los derechos humanos.
Por su parte, iglesias evangélicas, así como la Red de Cristianos por el Cambio, reprobaron el uso de las fuerzas de seguridad pública para detener a la caravana de migrantes hondureños, como ocurrió el viernes pasado en la frontera entre México y Guatemala, y cualquier violación a los derechos humanos.
El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump por su política de tolerancia cero es mucho mayor del admitido: asciende a más de 6 mil en cuatro meses, aseguró este jueves Amnistía Internacional (AI).
La cifra, más del doble de la que se había dado a conocer, fue obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las más de 6 mil separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, precisó un informe de AI.
De esa cifra, además, están excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de fraudulentas. La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8 mil desde 2017.
Estas escandalosas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública acerca del número de familias a las que había separado, o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones, manifestó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre del 2016.
Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.
FOTO: Cencos
No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.
Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.
FOTO: Cencos
Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.
El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.
Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.
FOTO: Cencos
Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?
Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.
FOTO: Cencos
Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.
Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.
FOTO: Cencos
Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.
La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 2 de febrero de 2017.
El inicio de año ha sido adverso para el país, con el gasolinazo, las acciones del presidente Trump y la ineficiencia de nuestras autoridades para dar respuesta a estos grandes problemas, la incertidumbre ha cercado la economía nacional. Sin embargo, para este 2017 los planes para el “desarrollo económico” de la administración de Enrique Peña Nieto continúan.
Foto: Red Política
En junio del año pasado se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual plantea 3 regiones (Puerto Lázaro Cárdenas, Corredor del Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas) a las que se les otorgará beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales, con el objetivo de incentivar la productividad y dotar de las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar a los habitantes de estas demarcaciones.
El tema viene a colación por dos motivos, el primero es el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, la cual ha dejado en claro nuestra dependencia económica, misma que según diversos sectores de la sociedad, se debe atacar consumiendo la producción nacional y diversificando las alianzas comerciales internacionales.
Justo en este contexto la implementación de estas zonas suena bastante congruente, pues por su posición geográfica podrían ser enlaces para la implementación de nuevas relaciones económicas con América Latina, Asia y Europa, cosa con la que coincido.
Pero no hay que olvidar el concepto de desarrollo que tiene esta administración, el cual sobrepone los negocios frente los derechos humanos. Aquí viene mi segundo motivo, desde el Centro Nacional de Comunicación Social hemos documentado la relación entre las comunidades indígenas y/o pueblos originarios con actores que están detrás de megaproyectos (autoridades y empresas), como una constante encontramos graves violaciones a los derechos fundamentales.
Estas violaciones van desde la aplicación de consultas previas que no cumplen los estándares internacionales, hasta la fabricación de delitos graves a los principales opositores a los proyectos, por ello, la implementación de estas zonas especiales nos pone alerta, aun cuando la misma ley manifiesta que “atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”, pero siguiendo esta lógica no concibo que esta vez será diferente.
La incertidumbre y el difícil contexto económico se presta para forzar la implementación de las zonas especiales, y con la experiencia de los megaproyectos se vuelve necesario estar pendientes del desarrollo de esta política pública. Aun en tiempos difíciles hay prioridades y sobre las económicas está el respeto de los derechos.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre de 2016.
Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.
Foto: Cencos A.C.
No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.
Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.
Foto: Cencos A.C.
Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.
El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.
Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.
Foto: Cencos A.C.
Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?
Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.
Foto: Cencos A.C.
Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.
Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.
Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.
La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.
En la vigésimo octava edición de la Caravana de Amistad EEUU-Cuba, los Pastores por la Paz viajarán hacia La Habana el jueves 13 de julio con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y de manifestar su oposición al bloqueo en contra de la isla.
En conferencia de prensa, Gail Walker, directora ejecutiva de Pastores por la Paz, afirmó que la solidaridad con el pueblo cubano es más importante que nunca, sobre todo ante la política agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, los integrantes de la Caravana de Amistad exigen que se mantengan los avances de la pasada administración en lo que respecta a la relación entre ambos países. También piden que termine la política que impide a los ciudadanos estadounidenses viajar libremente a Cuba.
En este sentido, el viaje de los Pastores por la Paz vuelve a ser un “desafío al gobierno norteamericano”, ya que viajan a Cuba sin permiso del Departamento del Tesoro, con el riesgo de recibir sanciones y multas.
La Caravana de Amistad, que se encuentra ahora en México, está integrada por 28 luchadores sociales y líderes religiosos, estadounidenses, mexicanos y europeos.
Antes de viajar a México, los Pastores por la Paz visitaron más de 50 ciudades en Estados Unidos, con el objetivo de dar a la sociedad información sobre la realidad cubana, y de dialogar con miembros del Congreso norteamericano para exigir el fin del bloqueo y la devolución de la base naval de Guantánamo.
“La mayoría de estadounidenses está en contra del bloqueo, nosotros viajamos representándola”, expresó Walker.
Además, en esta edición se hará a Cuba una donación simbólica de medicamentos de primera urgencia.
Con nuestro viaje a Cuba “desafiamos las políticas injustas de Trump y afirmamos nuestra solidaridad con Cuba”, expresó el director de Pastores por la Paz, Luis Barrios.
