Excarcelan a tres defensores de Tlanixco inocentes

Redacción / La Jornada

Imagen: captura de video ONUDHMexico

Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, recuperaron este domingo su libertad, después de 11 años y medio de permanecer presos, acusados de un crimen que no cometieron.

A las 15 horas, Maximiliano Vázquez, juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, decretó el sobreseimiento de la causa penal 32/2003, tras el desistimiento de la acción penal que promovió el Ministerio Público (MP) la noche del sábado anterior, y firmó el auto de libertad, con lo que se iniciaron los trámites para la excarcelación de los pobladores.

Los habitantes de Tlanixco fueron imputados por la muerte del empresario español Alejandro Issak Basso, en abril de 2003. Dominga, Marco Antonio y Lorenzo fueron arrestados en 2006; dos años después los sentenciaron a 50 años de prisión por homicidio.

Su abogado apeló de la condena y en segunda instancia un magistrado de alzada la anuló y ordenó la reposición del proceso desde su inicio, al comprobarse una serie de violaciones al debido proceso.

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Dominga González, 11 años encarcelada sin sentencia

Redacción/La Jornada

Pide la ONU-DH reparar las violaciones al debido proceso

Foto Mvt/tomada de La Jornada

Dominga González, presa política de Tanixco, Estado de México, lleva 11 años en el Cereso de Santiaguito, municipio de Almoloya, y aún no ha sido sentenciada. Es acusada de homicidio junto con otros cinco dirigentes de su pueblo que lucharon contra el despojo de sus manantiales en las faldas del Nevado de Toluca.

Su caso, junto con el de Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, se encuentra finalmente en etapa de apelación ante el tribunal de alzada, con 10 años de atraso.

Según el pronunciamiento del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jan Jarab, este procedimiento judicial constituye una oportunidad única para que el Poder Judicial repare las violaciones al derecho al debido proceso cometidas en contra de los procesados y de otros tres presos por la misma causa –Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles–, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel.

Esta sentencia es calificada por el abogado defensor José Antonio Lara Duque como un castigo bárbaro e injusto, con un fuerte sesgo racista y la clara intención de castigar la lucha contra el despojo de un pueblo náhuatl.

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