Electrochoques, violaciones y golpes: la realidad en hospitales de salud mental en México

Andrea Vega/Animal Político

Un informe de la asociación civil Documenta muestra que el país sigue anclado en un modelo de salud mental que privilegia el internamiento y los abusos.

Imagen: Cencos

Mientras otros países como Argentina y Perú han transitado a modelos de atención a la salud mental más comunitarios y humanizados, en México todavía prima un sistema “maniconial”, en el que hay instituciones donde aún se usan los electrochoques, los internos entran contra su voluntad, hay violaciones sexuales, golpes y demás tipos de abuso. 

Así lo muestra el informe de la organización civil Documenta, titulado “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.

En el documento se señala, por ejemplo, que la respuesta institucional en el país frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación. 

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Comunicado de prensa: El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad

Ciudad de México a 1 de octubre de 2019

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución histórica en la que se pronuncia sobre la responsabilidad del Estado Mexicano al incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Específicamente el Comité se refirió a las obligaciones de asegurar y promover la igualdad y no discriminación (art.5); la accesibilidad (art.9); la igualdad ante la ley (art. 12); el acceso a la justicia (art.13) y la libertad y seguridad (art.14) de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.  

Arturo Medina Vela fue imputado de la comisión del robo de un vehículo en 2011, declarado inimputable debido a su discapacidad psicosocial e intelectual y sancionado con una medida de seguridad en internamiento por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI).

A lo largo de su proceso penal y debido a su condición de persona con discapacidad, las autoridades judiciales le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, aportar pruebas para su defensa e impugnar las presentadas contra él, designar a la defensa de su elección e impugnar las resoluciones que le perjudicaron.

En ningún momento, Arturo contó con los apoyos y ajustes de procedimiento que le permitieran participar efectivamente en su proceso penal y exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás, específicamente el reconocimiento de su personalidad jurídica con la misma capacidad ante las cortes de justicia y los tribunales.

Más aún, desde el inicio de su proceso penal se le privó de la libertad mediante la imposición de una medida de seguridad con base únicamente en los certificados médicos y en su condición de persona con discapacidad. Su internamiento en uno de los centros de reclusión de la ciudad de México por cuatro años constituyó una flagrante violación a su derecho a la libertad y seguridad personal y a no ser privado de la libertad debido a su discapacidad.

Derivado de lo anterior, el Comité de Naciones Unidas concluyó que el Estado Mexicano, a través de sus instituciones de impartición de justicia violó los derechos humanos de Arturo, establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante esta determinación, recomendó:

  1. Proporcionarle una reparación efectiva a Arturo, incluido el reembolso de cualesquiera costos judiciales en que haya incurrido, junto con una indemnización;
  2. Reconocer públicamente la violación de sus derechos humanos
  3. Publicar el dictamen en formatos accesibles
Asimismo, el Comité solicitó al Estado adoptar las siguientes medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro:
  • En estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones, reformar las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad.
  • Revisar la aplicación de medidas de seguridad que discriminan por motivos de discapacidad y generar alternativas ajustadas con los principios de la Convención.
  • Brindar apoyos y ajustes razonables para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica ante los tribunales.
  • Capacitar de forma adecuada y continua sobre el alcance de la Convención y su Protocolo facultativo a todas las personas operadoras del sistema de justicia.

Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que este es un dictamen importante del Comité de discapacidad, diferente a los que han emitido otros Comités como el de derechos humanos, ya que reconoce verdaderamente que la violación a derechos fue por las leyes, y que estructural.

En ese sentido, Jarab hizo un llamado al Estado Mexicano para cumplir cabalmente con las recomendaciones del Comité para reparar el daño a Arturo y para adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición.

El día de hoy, más de diez años después de la ratificación de la Convención, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial declaradas inimputables siguen siendo privadas de su libertad mediante la imposición de medidas de seguridad basadas en certificados médicos.  Dichos internamientos son discriminatorios en la medida en que afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad y representan una sanción impuesta por su condición de vida. Reformar la legislación que permite esta discriminación es un reto que debe afrontar el Estado con toda seriedad y compromiso.

El Gobierno Federal debe cumplir con toda seriedad y compromiso de manera integral la decisión de la ONU en el caso de Arturo Medina, por lo que llamamos al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación a que se conforme una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de dar cabal cumplimiento al dictamen del Comité.

Puedes descargar el Dictamen completo, aquí: Dictamen aprobado por el Comité en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 32/2015

Ve el video de la transmisión en vivo de la conferencia de prensa aquí: VIDEO CONFERENCIA

Contacto:
Corina del Carmen Arriola Romero
corina@documenta.org.mx

Conferencia de prensa: Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad.  

Para profundizar sobre los alcances e impacto de este dictamen histórico para México convocamos a medios y periodistas a la conferencia de prensa con:

•    Arturo Medina, peticionario
•    María Sirvent, directora general de Documenta
•    Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Modera: Katia D’Artigues, periodista

La cita: martes 1 de octubre a las 10:00, en el Hotel Imperial, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 62, Cuauhtémoc.

Contacto y gestión de entrevistas: corina@documenta.org.mx

Existiendo, orgullosamente, desde la locura

Víctor Lizama, facilitador de justicia para personas con discapacidad de Documenta

Los días 26 y 27 de julio tuvieron lugar en la Ciudad de México dos actividades de trascendencia para la comunidad que trabaja por los derechos en salud mental y en discapacidad, particularmente la psicosocial: el Primer foro mexicano de personas expertas por experiencia en salud mental y la Primera marcha del orgullo loco. Las actividades fueron gestionadas por SinColectivo, agrupación plural mexicana de personas expertas por experiencia, y por activistas en salud mental, derechos humanos, educación, arte y cultura loca.

México es un país en el que lo que se entiende por salud mental y cómo abordarla no han sido materia de debate público, por lo que ha predominado el enfoque de la psiquiatría biologicista y su consecuente implicación en el condicionamiento del ejercicio de derechos de las personas usuarias de los servicios.

La crítica a este estado de las cosas no ha pasado del campo académico y a lo más, a activistas por los derechos humanos. Las grandes ausentes, incluso en estos espacios críticos, han sido las propias personas diagnosticadas por la psiquiatría: locas, locos, neurodivergentes, personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría, y personas con discapacidad psicosocial.

Las marchas del orgullo loco surgen en países occidentales, reivindicando el derecho a la locura desde los propios colectivos que han recibido la etiqueta diagnóstica de la enfermedad o trastorno mental, denunciando las prácticas de la psiquiatría y la patologización y criminalización que sufren las personas usuarias de los servicios: personas vulneradas en sus derechos, excluidas, abandonadas, violentadas por su divergencia psicosocial, por no adaptarse a lo socialmente exigido y normal, por no ser productivas; reducidas al simple rol de pacientes que deben tener conciencia de enfermedad y apego al tratamiento, que deben estar bajo medicación, así sea ésta impuesta, para contener potenciales peligros para sí mismas o para las demás, y para contener la cronicidad y degeneración asociada a la enfermedad.

 

SinColectivo es una agrupación de identidades y activismos diversos, más allá de cualquier diagnóstico o decisión sobre la salud mental de cada una de las personas integrantes. Hay personas usuarias, quienes se afirman desde los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como personas con discapacidad psicosocial, personas locas o neurodivergentes, personas sobrevivientes o en proceso de desmedicalización.

A partir del encuentro de esta diversidad en un colectivo es que surgen dos propuestas: un foro en el que una comunidad se hace visible y se expresa de viva voz como experta  por experiencia, y no solo en el ámbito de la salud mental, sino también como profesionistas cuya condición les ha llevado al activismo; y una marcha que convoca a la sociedad –en especial a quienes han vivido la marginación y el estigma–,  a evidenciar  la exclusión y patologización que vive el colectivo de quienes han sido diagnosticados por la psiquiatría, cuestionando la propia definición de salud y enfermedad.

SinColectivo, de esta forma, vinculó la reflexión y el diálogo con la denuncia y la manifestación. Foro y marcha fueron espejos en los que quienes nos reconocemos como parte de este colectivo, nos miramos y decidimos andar juntas y juntos. Existiendo, orgullosamente, desde la locura.

Penales aún son focos de violencia contra presos y visitantes: ONG

Emir Olivares Alonso/La Jornada

Foto: La Jornada/Archivo

Ciudad de México. Los centros penitenciarios del país, en particular los estatales, siguen siendo focos de violencia contra presos y visitantes. La organización civil Documenta detalló que entre 2012 y 2018 se contabilizaron en las cárceles 187 homicidios, 324 suicidios y 2 mil 223 decesos por muerte natural o por enfermedades (2 mil 734 en total).

En ese periodo, añadió, el número de muertes al año dentro de los espacios de privación de la libertad aumentó 45 por ciento, al pasar de 293 fallecimientos en 2012 a 424 el año pasado, más de uno diario.

En un reporte sobre el tema, que se entregó recientemente ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la evaluación a México, Documenta indicó que los incidentes más reportados en penales mexicanos son: violencia sexual, extorsión y homicidios.

Además, los datos muestran que en años recientes en 65 por ciento de las cárceles se han presentado condiciones de autogobierno, 76 motines y 6 mil 804 riñas.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 reportó que 31.9 por ciento de las personas privadas de su libertad en el país se sienten inseguras dentro de la cárcel en la que están internadas, 19.1 por ciento no se sienten seguras incluso en su propia celda, 33.2 por ciento han sido sufrido de una conducta ilegal dentro de su estancia y 5 por ciento han sido víctimas de algún delito sexual.

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Conferencia de prensa: Sentencia histórica a favor de los derechos humanos de poblaciones en vulnerabilidad

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales 

 

  • El Poder Judicial dio un paso adelante por los derechos de las personas privadas de la liberta en la Ciudad de México, a través de la resolución emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que reconoce el interés legítimo de Documenta, como organización de la sociedad civil para promover un amparo indirecto contra las violaciones a los derechos humanos originados por las condiciones de sobrepoblación en las prisiones capitalinas.
  • Esta sentencia reconoce que hay condiciones de hacinamiento en los Reclusorios Varoniles Preventivos Norte y Oriente, y sobrepoblación en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur la Penitenciaría de la Ciudad de México; así como que estas situaciones violan los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
  • Este fallo emblemático también abre caminos a las organizaciones civiles para la defensa de los derechos humanos en México al mencionar que “es necesaria la participación de la sociedad civil para lograr el cumplimiento del derecho a la dignidad humana”.
  Participan:
  • María Sirvent, Coordinadora Institucional
  • Roberto Cortés, Abogado de Documenta
  • Juan Carlos Gutiérrez, Director de I(dh)eas
  • Gabriela Carreón, Abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Convocan: Documenta A.C.
La cita: Martes 3 de Abril de 2018 a las 10:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
 
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104