Por Redacción/La Jornada
La puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos (PIM) del gobierno federal, que incluye la construcción y operación de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, vulneró los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, particularmente de las comunidades indígenas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez encontró que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades originarias, así como a la información sobre la construcción y operación del complejo.
El PIM originó inconformidad de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y no cumplir el derecho a la consulta previa a pueblos indígenas, lo que quedó consignado en diversas quejas presentadas ante la CNDH.
Tras su investigación, este organismo acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a estas comunidades, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto en Internet y la CFE no realizó sondeo alguno, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a las localidades impactadas, que tienen niveles de marginación de altos a muy altos.
