Ciudad de México | Desinformémonos. Alrededor de 300 policías estatales golpearon, lanzaron piedras, balas y gases lacrimógenos y bloquearon el paso a campesinos mayas de Ixil, Yucatán, así como detuvieron a al menos un hombre durante un nuevo intento de despojo de más de 300 hectáreas de tierras de uso común por los empresarios inmobiliarios Chikri Abimerhi y Gerardo Millet.
“Nos tiraron piedras, gas lacrimógeno, hubo balas. A una señora le lastimaron su pierna. Ahora van a traer a más policías y hay mucho movimiento. Un señor quería entrar porque tenía una vaca pariendo y los policías lo pisotearon y se lo llevaron, no nos dicen dónde está y no sabemos nada, a su esposa tampoco le dan información”, dijo a Desinformémonos Alejandra Kantún Chim, del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de IXIL.
El despojo, explica la defensora, “empezó noches anteriores, cuando vimos drones”. “Nuestra teoría es que nos estuvieron vigilando. En la mañana, antes de las cinco, que es cuando todos van a sus terrenos a regar y a criar sus animales, los policías estatales ya habían cerrado la calle”, señala Kantún.
Ante la valla policial los campesinos exigieron a los policías papeles que avalaran el bloqueo de la carretera que conecta con el rancho San Rafael, pero los oficiales respondieron que no les darían ninguna explicación.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) fija su postura ante la continuidad por parte de la actual administración pública federal de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y los megaproyectos en tierras y territorios indígenas.
Denunciará el uso de consultas que solo buscan legitimar esas políticas desarrollistas y que no respetan los estándares internacionales.
La Asamblea exige que en las políticas de desarrollo implementadas por el Estado mexicano se consulte y se haga partícipe a los pueblos originarios, respetando en todo momento la concepción de desarrollo emanada desde los propios pueblos.
Participan:
Carlos de Jesús Alejandro, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía
Guillermo Hernández Chapa, Asamblea Popular de los Pueblos de Morelos
Ernestina Ortiz Peña, Consejo Indígena del Trueque
Cecilio Solís Librado, Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México
Carlos de Jesús Alejandro, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía
Convoca: Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA)
La cita: Martes 23 de Abril de 2019 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Con nueva ley, ponen fin los desalojos arbitrarios y a desplazamientos forzosos en CDMX
Vecinos articulados con distintas organizaciones logran incidir en la nueva ley de derechos humanos de la Ciudad.
El contenido del artículo 60 puede transformarse inmediatamente en instrumento de defensa eficaz para quienes enfrentan el riesgo de un desalojo, desplazamiento o despojo, lo que implica la voluntad de las autoridades involucradas y de la jefatura de gobierno.
La ley por primera vez pone un límite explícito a los desalojos arbitrarios y a desplazamientos forzosos.
Participan:
Integrantes de las Organizaciones Convocantes
Convoca:
Hábitat International Coalition América Latina; Vecinos del Trevi; Movimiento Urbano Popular: Plataforma Juárez 06600; Chanti Ollin; Casa 13 MonXs.
La cita: Martes 19 de Febrero de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
El Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl en el estado de México ordenó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la devolución de tierras al ejido de Tocuila que les fueron despojadas a los campesinos y que están siendo utilizadas para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
Sandino Rivero, abogado de los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) dio a conocer que en días pasados el juzgado resolvió el juicio de amparo número 349/2016 en favor de los ejidatarios de Tocuila y ordenó que les sean devueltos 72 mil metros cuadrados de tierras porque no se llevaron a cabo los procesos de expropiación como marca la ley y fueron ocupadas ilegalmente para la edificación de la autopista.
Con esta resolución del juez, las empresas constructoras Pinfra y CIPSA deberán detener de inmediato las obras de construcción en el tramo de Tocuila.
El abogado explicó que hace 15 días el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl resolvió el amparo, y como ni la SCT, Semarnat y las empresas impugnaron el fallo, el pasado viernes quedó firma la sentencia.
En la resolución se ordena a las dependencias devolver los 72 mil metros cuadrados que fueron ocupados del ejido de Tocuila, en el tramo de la obra con el entronque con la autopista Peñón-Texcoco.
“En los próximos días se tienen que devolver las tierras para quedar como estaban previo a la construcción de la autopista. Con esto se está demostrando lo que siempre se dijo de la ilegalidad de la autopista y sobre el aeropuerto y sus obras aledañas. Las empresas ya no tiene que seguir trabajando, tienen que detener sus trabajos para proceder a la devolución de tierras”, dijo.
Sandino Rivero sostuvo que hay un plazo legal para que la SCT y la Semarnat cumplan y será mas o menos en tres semanas por lo que le tocará a las nuevas autoridades federales llevar a cabo este proceso de restitución de tierras.
Pese al anuncio de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, los procesos de despojo y compra ilegal de tierras para obras complementarias continúan, denunciaron pobladores en conferencia de prensa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del uso de grupos de choque, militantes y poder político ha jugado un papel primordial en el despojo de alrededor de 300 hectáreas de tierras ejidales para la construcción de la autopista Peñón-Ecatepec, obra complementaria al NAICM.
Pobladores denunciaron que el uso de esta superficie fue ilegalmente cambiado del régimen ejidal a parcelas de uso privativo a través de una asamblea en 2014, que registró irregularidades como la falsificación de firmas de autoridades ejidales y de asambleas, agresiones por parte de grupos de choque y corrupción.
Entre los principales operadores de este proceso se encuentra Andrés Ruiz Mendez, actual presidente municipal de Atenco por el PRI, y quien entonces fungió como representante del comisariado ejidal.
“En el Estado de México, la estructura de poder del PRI aún se va a hacer valer en la región. Es decir: el PRI no va a perder de forma sencilla la intención de utilizar esas autopistas complementarias al aeropuerto para poder desarrollar proyectos inmobiliarios y proyectos comerciales”, sostuvo en entrevista Armando Bernal, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
“Literalmente lo que están pensando es: ante la derrota del aeropuerto, los proyectos secundarios sí hay que echarlos a andar. Principalmente autopistas, extracción y desarrollo inmobiliario”.
Adela Romero, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT Atenco) señaló que desde el pasado trienio, encabezado por el priista Andrés Ruiz aumentó la presencia de agrupaciones políticas para forzar la compra y venta ilegal de terrenos.
“En Atenco hay algunos que se han prestado a cambio de una cantidad de dinero, o inclusive nosotros supimos que hasta por plazas (puestos públicos) se prestaron para grupos de choque, a buscar personas para venta (de tierras) e intimidando para que vendieran”, señaló la pobladora.
“Toda la gente del pueblo sabe de esa situación: es el PRI y sus principales aliados, grupos de choque”
Recientemente, el Tribunal Agrario del Distrito 23 de Texcoco falló a favor del ahora presidente municipal Andrés Ruiz en respaldo al cambio del uso de tierras ejidales a uso privado, por lo que el FPDT Atenco llamó al poder judicial a anular la asamblea por haber sido ilegal.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, miembro del Frente, la superficie de hectáreas despojadas podría ascender hasta más de 4 mil si la venta ilegal continúa.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
La Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca hace pública su exigencia de restitución de los territorios ancestrales de los pueblos despojados por el crecimiento irresponsable de la mancha urbana de la Ciudad de México.
Se informará sobre la declaración de los territorios libres de mega-proyectos que no los benefician.
Además, darán a conocer su postura frente a la problemática e intromisión de la Procuraduría Agraria en los procesos internos del pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.
Participan: Integrantes de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM)
Convoca: Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM)
La cita: Viernes 19 de Enero de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
OAXACA, Oax. (apro).- A través de cuatro filiales, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras con las que ha despojado de 80 mil hectáreas a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reveló una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
De acuerdo con el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa minera canadiense, se logró establecer que sus cuatro filiales –Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.– monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
Esa situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos, precisa el documento.
Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, sobre todo en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.
Ante este panorama, comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que sobresale la cancelación de las concesiones mineras.
Cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios, por el contrario, las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en ese tema.
Según Educa, la empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, obtiene ganancias ventajosas a cambio del despojo del territorio de pueblos zapotecos.
En un comunicado difundido en agosto de 2017, la empresa informó que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82 mil 630 hectáreas, sin embargo, la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto.
En el área concesionada también están involucrados al menos otros dos proyectos mineros con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.
Según Educa, al indagar sobre la compra de la empresa Radius Gold se sorprendieron de la existencia de una concesión denominada “Tlacolula” (con título 230278) en el municipio de San Juan Guelavía, con una extensión de 16 mil 465 hectáreas. Sin embargo, el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., que tiene dos concesiones más en la región (títulos 232270 y 233392), con una superficie de 6 mil 699.28 y 12 mil 642.00 hectáreas, respectivamente.
Zacatecas I Desinformémonos I En La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, no cesa el despojo y el desplazamiento de la comunidad por parte de la minera canadiense Pan American Silver. En un pronunciamiento, la asamblea general de la comunidad La Colorada hace un llamado y denuncia las graves violaciones a sus derechos humanos y territoriales por parte de la empresa canadiense que desde hace tres años destruyó sus casas, los despojó de sus tierras, los hostiga y amenaza, destruye a la Madre tierra y los hace vivir en una permanente incertidumbre.
En 2015, habitantes de la comunidad La Colorada denunciaron que la minera canadiense destruía sus vivienda para expander sus instalaciones. Más de 20 familias con más de 30 años habitando sus casas, fueron despojados y desalojados sin más argumento de los abogados que “la empresa necesita los terrenos”.
La minera canadiense Pan American Silver hizo su arribo a La Colorada en 1998 para explotar la plata y el oro de la zona en una mina subterránea que veinte años después ha duplicado su producción, sin ningún beneficio para la comunidad. Desde entonces, la afectación a los habitantes ha ido en aumento al apropiarse de su territorio y desalojarlos bajo amenazas, demoliendo sus viviendas y suspendiendo servicios básicos como agua y energía eléctrica. Así es la cotidianidad de la comunidad La Colorada.
“Aquí nacimos y aquí vamos a morir” señalaron en enero de este año al medio Pórtico de Zacatecas las familias despojadas a quienes les demolieron 142 viviendas. Sus propietarios, hostigados y presionados por la empresa, firmaron contratos de comodato para habitar las viviendas diminutas y de lámina que la canadiense Pan American Silver les ofreció a cambio, para apropiarse así del territorio y explotar a tope la plata y el oro. A pesar de la minuta firmada ante el gobierno estatal en 2015, en la cual la empresa se comprometía a no construir sobre las casas derribadas y a darles dos hectáreas de tierra para huertos familiares y la construcción de un equipamiento recreativo, tres años después, nada se ha cumplido.
