Todos vienen y prometen, pero seguimos en la misma: la vida de los desplazados de Aldama, Chiapas

Redacción/Animal Político

En las montañas de Chenalhó todavía viven más de mil personas en casas hechas de ramas y pedazos de plástico negro. Son las familias que desde junio de 2016 fueron desplazadas por un conflicto agrario en Chiapas.

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

Juan de Jesús de 10 años jugaba con una pelota afuera de su casa localizada en las Magdalenas Aldama, Chiapas, en el sureste de México. En ese momento empezó una balacera que terminó por alcanzarlo. Afortunadamente la bala no le pegó directo y “solo” le rebotó en el cachete derecho, por lo que la pudo contar.

Como en su pueblo no hay hospital, lo llevaron a uno de San Juan Chamula, aproximadamente a una hora de ahí, pero no había lugar y lo trasladaron al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal, en donde lo operaron cuando habían pasado más de 24 horas.

Juan de Jesús es otra víctima del conflicto que Las Magdalenas Aldama sostiene por tierras con los pobladores del municipio vecino de Santa Marta Manuel Utrilla, desde 2016 y que en este 2018 tuvo algunos episodios, como la balacera donde resultó herido el niño.

Los habitantes de Santa Marta forzaron con violencia el desplazamiento de varias familias e incluso les quitaron sus parcelas. La violencia ha ido subiendo de tono y cada vez es más común escuchar balazos de armas largas en los alrededores.

Al día siguiente de la balacera donde Juan de Jesús resultó herido, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la cancha de basquetbol municipal para informar sobre lo ocurrido y exigir al gobierno que interviniera y resolviera este conflicto.

Durante la reunión las mujeres se quejaron de no poder usar sus ropas tradicionales -una blusa roja bordada a mano con flores en colores vivos y una falda azul marino con brillos hecha en telar- por temor a que los vecinos las reconocieran como originarias de Las Magdalenas y las atacaran; mientras que los hombres lamentaron no poder regresar a sus tierras a sembrar.

“Alzamos la voz para pedir y exigir al gobernador, ya basta de la promesa y la mentira de una solución favorable. No queremos pleitos, queremos vivir en paz con las comunidades vecinas”, gritó en el micrófono Aurelio Sánchez, representante de los comuneros de Las Magadalenas.

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Desplazados de Chiapas, sin comida

Redacción / La Jornada

Foto: Óscar León / La Jornada

Unos 370 indígenas de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo desplazados en diferentes fechas por conflictos políticos y agrarios, y que el lunes emprendieron una marcha a la capital del estado para exigir el cumplimiento de minutas firmadas con autoridades estatales, acordaron descansar ayer en el kilómetro 16 de la carretera de cuota y continuar este viernes, informó su asesor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

Agregó que los desplazados exigen ayuda humanitaria, pues ya no tienen que comer y el gobierno ha incumplido sus promesas.

Comentó que algunas personas han ofrecido ayuda humanitaria a los desplazados. El gobierno tiene interés de que se suspenda la caravana, pero los desplazados pretenden llamar la atención del próximo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución a la violencia en sus comunidades, aseveró.

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Tijuana y la barrera de metal: llegan migrantes al norte

Redacción / AP / El Economista

Foto: Marco Ugarte/AP

Cientos de migrantes centroamericanos que viajan en caravana llegaron el miércoles a la ciudad de Tijuana y vieron de primera mano la fuerte presencia militar fronteriza enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los migrantes descendieron de autobuses y acudieron a un refugio en el lado mexicano cerca de la frontera, formándose para comer. Los médicos atendieron a quienes sufren de resfriados y otros padecimientos mientras que varios otros migrantes, en su mayoría hombres solteros, pasaron la noche en una playa de Tijuana dividida por una enorme barrera de metal.

Varios agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego los observaban entre los barrotes que dividen a ambos países. Las tropas estadounidenses, armadas con ametralladoras, estaban cerca de los agentes a un costado del nuevo alambrado de púas colocado en un tramo de la barrera.

La primera oleada de migrantes en la caravana, que se convirtió en tema central de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos, comenzó a llegar en los últimos días a Tijuana, y su número aumenta a diario. 

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Son mil 700 los indígenas en desgracia por desplazamiento en Chavajeval; urge ayuda: Frayba

Redacción / Proceso

Foto: Facebook Panther Angel

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) confirmó que son más mil 700 indígenas tzotziles los que fueron desplazados de manera forzada el pasado 7 de noviembre de la comunidad de Chavajeval, municipio de El Bosque y que viven en una situación de emergencia por falta de víveres y cobijas para enfrentar el frío de la temporada.

El Frayba exigió hoy al gobierno estatal proporcione ayuda humanitaria a cada una de las personas, y garantice su integridad y retorno en condiciones óptimas de seguridad.

El desplazamiento sucedió mientras se realizaba una asamblea comunitaria. Las personas escucharon disparos y decidieron irse de la comunidad por temor a ser heridos, según relata el comunicado.

“Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esa noche se desplazaron forzadamente buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña” informó el Frayba.

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Minería en México invade bosques y selvas

Por Redacción/Desinformémonos

“En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país”.

Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.

Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.

Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.

No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.

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Bases de Apoyo Zapatistas, amenazadas y en riesgo de desplazamiento forzado por violencia

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, de Chenalhó, en Chiapas, están “en grave riesgo” de desplazamiento forzado y ven amenazadas su “vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado” que provocó el desplazamiento de 145 familias tsotsiles el pasado 20 de marzo, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El Centro agregó que otras 90 familias indígenas de la comunidad de Koko’ fueron desplazadas el pasado 24 de marzo “por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó”. “Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento”, explicó el Frayba.

Los integrantes del Centro culparon a “la ineficiencia del gobierno de Manuel Velasco Coello” que ha generado impunidad en la zona, “protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región”.

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Comunicado de prensa: CEAV revictimiza a familia en situación de desplazamiento forzado interno

Ciudad de México a 30 de octubre de 2017.- El pasado 16 de octubre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) fue notificada sobre la negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por reconocer la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a más de 60 personas que forman parte de la Familia Ponce Ríos, quienes desde el año 2013 se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de origen hacia otras entidades del país como consecuencia de la violencia generalizada imperante en el estado de Chihuahua y las violaciones a derechos humanos que sufrieron por autoridades de dicha entidad federativa.

La familia Ponce Ríos, originaria del municipio de Saucillo, Chihuahua, contaba con un total de 94 miembros dedicados principalmente a los negocios de ganadería y agricultura. A partir del año 2010, los miembros de la familia fueron víctimas de secuestros, homicidios y persecuciones, por lo que el 70% de la familia fue forzada a abandonar su lugar de residencia, sumándose a las más de 310 mil personas desplazadas a causa de la violencia en México.

Ante ello, la CMDPDH, como representante de las víctimas, solicitó a la CEAV desde 2014 que se les reconociera su calidad de víctimas del desplazamiento interno forzado como una violación a derechos humanos, ya que ello implica que se les brinde una atención diferenciada y especializada. Sin embargo, después de más de dos años la resolución emitida el pasado 16 de octubre argumenta que la negativa se debe a la “falta de elementos” para determinar que la Familia Ponce Ríos haya sido víctima de violaciones a los derechos humanos, cuando la propia CEAV conoce de la investigación en materia de derechos humanos que está abierta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que su personal ha constatado que se trata de víctimas del desplazamiento interno forzado.

La resolución de la CEAV, contraria a la Constitución y a la Ley General de Víctimas, representa una nueva afrenta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, a la par que constituye una revictimización del Gobierno Federal contra la Familia Ponce Ríos.

La CMDPDH repudia la respuesta tardía de la CEAV y demanda a su Presidente que actué en cumplimiento con el marco legal aplicable, y registre a la Familia Ponce Ríos como víctimas del desplazamiento interno forzado. Es momento que la institución encargada de velar por los derechos de las víctimas del país, reconozca el desplazamiento como un hecho victimizante autónomo y preste medidas de atención diferenciadas y especializadas a quienes atraviesan por condiciones específicas de vulnerabilidad, como lo son las personas internamente desplazadas por la fuerza.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

La CNDH obliga a Sinaloa a atender a 2.000 desplazados por la violencia

Foto: El País, Oswaldo Ramírez

Por Redacción/El País

Cristina salió de su pueblo con su esposo y sus tres hijos en el verano de 2011. Una noche antes de su partida, un comando llegó a esa localidad de la zona serrana de Sinaloa y saqueó casas para luego incendiarlas. “Llegaron varias camionetas y hombres con (rifles) cuerno de chivo y entraron a las casas en busca de los contras (rivales) de su cártel. Lo que querían se lo llevaban, o quemaban casas y golpeaban a los hombres que oponían resistencia”, cuenta la mujer. Después de tres horas de viaje desde el poblado cercano al municipio de Choix, llegaron a la ciudad de Los Mochis y se instalaron en casa de un conocido. “Cuando volvimos a intentar rescatar algo, ya no había nada, se habían llevado los animalitos, y las pocas cosas de valor que teníamos”, narra en entrevista.

La vida de Cristina y su familia comenzó de cero. Vendieron el coche para ahorrar unos cuantos pesos y desde entonces recorren las oficinas gubernamentales pidiendo ayuda, pero sólo han obtenido evasivas. “Siempre dicen que no les toca a ellos (atenderlos), y nos mandan a otra parte… lo único que hemos conseguido es una que otra despensa, como si con eso se nos fuera a solucionar el problema”, asegura.

El caso de esta mujer evidencia el drama de los desplazados en Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades de ese estado del noroeste del país para que atienda a 2.038 víctimas de desplazamiento forzado interno en los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix. “Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia”, señaló el organismo en un comunicado.

En mayo del año pasado, la CNDH presentó un informe donde denunciaba que el Gobierno mexicano era incapaz de combatir la violencia que llevaba al desplazamiento forzado. Entre 2007 y 2016 habían contado en todo el país a 35.433 personas que abandonaron el lugar donde vivían y en nueve de cada 10 casos la causa fue la violencia desatada por la pugna entre bandas del crimen organizado.

Luz es otra sinaloense que salió hace diez años de su pueblo, cerca de Choix, ubicado en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, huyendo de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. “Ahí hay gente dice ser dueña de la plaza y ellos nomás disponen”, cuenta en entrevista telefónica con este medio. La mujer de 31 años dice que una vez estaba en una fiesta con unas amigas y un grupo de sicarios se las llevó en un coche. “Nos dijeron que a dar la vuelta, pero luego ya no nos querían bajar. Hay muchachas a las que se las han llevado y agarrado de mujeres, otras a las que han levantado para que les hagan comida o les laven, y ya no las vuelven a ver”, afirma.

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35 mil 433 mexicanos han sufrido desplazamiento forzado: CNDH; la mayoría es por la violencia

Por Redacción/Sin embargo

En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado. La CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.

“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Gobierno federal a crear un registro de víctimas por desplazamiento forzado interno, durante el Foro Nacional sobre Desplazamiento Forzado en México. Las autoridades federales estuvieron ausentes del evento.

“Yo espero que el próximo mes [enviar el anteproyecto de Ley]. Nosotros estamos listos. No debe haber temor a la palabra forzada“, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.
El Ombudsman adelantó que presentará un anteproyecto en las próximas semanas de Ley que contará con la participación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados y la Relatoría de la Comisión Interamericana para Migraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dada la ausencia de los representantes federales en este foro, adelantó que enviaría una carta a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para que se concrete la visita de la Relatoría de Naciones Unidas para este tema a México.

Sólo este año la CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.
En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, constató el más reciente informe de la CNDH sobre este tema publicado el año pasado.

Después de un análisis sobre este problema la Comisión expuso que no existen esfuerzos articulados de los tres niveles de Gobierno para garantizar los derechos de las víctimas.

“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Angélica de la Peña.
Del total de las víctimas, son 31 mil 798 las que tuvieron que moverse de donde habitan por motivo de la delincuencia.

Estas personas no se van por su propia voluntad, aclararon representantes de diversas instituciones nacionales internacionales durante la presentación del informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, producto de mil cuestionarios aplicados en 65 municipios de las 32 entidades, entre el 10 de marzo y el 28 de abril del 2014. Un metodología con un grado de confianza del 95 por ciento.
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