Ciudad de México | Desinformémonos. Tan sólo en septiembre seis personas resultaron heridas por los ataques armados del grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, contra las comunidades tsotsiles de Aldama, Chiapas, reportó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Desde que se intensificaron los ataques en Aldama en marzo de 2018, se han registrado 28 heridos y seis muertos, así como miles de desplazados forzados, agregó el Frayba.
El pasado 29 de septiembre se reportó otro ataque con armas de alto calibre en la comunidad de Tabak, donde fue herido de bala el joven de 26 años Artemio Pérez Pérez.
Ante la violencia en Aldama, el Frayba exigió al Estado mexicano que investigue de manera pronta y adecuada los ataques, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, «responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas».
Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de cinco mil personas causado por la violencia paramiliar en Chalchihuitán y Chalchihuitán, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973. Pero la amenaza para las familias continúa.
La familia Pérez Paciencia intentó volver a casa después de tres meses de desplazamiento forzado en Chiapas pero a pocos minutos de estar ahí se escucharon disparos nuevamente y tuvieron que regresar a su campamento. Solo alcanzaron a ver el saqueo y las paredes quemadas y perforadas por los balazos.
“Ya hemos intentado llegar a nuestras casas. Hace una semana fuimos con mi hermana y con mi mamá y cuando llegamos nos vieron y nos dispararon”, contó Ausencio Pérez Paciencia desde el Campamento Uno, en la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, un pequeño conjunto de casitas improvisadas donde está la prueba de que la emergencia sigue vigente.
Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de cinco mil personas causado por la violencia paramiliar en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973.
Este pleito habría llegado a su fin el pasado 14 de diciembre gracias a la decisión del Tribunal Unitario Agrario de dar las tierras en disputa a Chenalhó y resarcir daños a Chalchihuitán.
El 2 de enero retornaron tres mil 858 personas pero otras mil 165 se quedaron en los campamentos, de acuerdo con cifras recabadas por agentes comunitarios. Según personas entrevistadas en los campamentos, la paz y el desarme que se anunciaron fueron una mentira.
Un día antes, el ayuntamiento de Chalchihuitán había admitido un comunicado en el cual puntualizó que se trata de un “retorno parcial” puesto que “no existen totalmente mejorías de las condiciones de seguridad. Prevalecen aún los disparos en los puntos de la zona limítrofe”. Aún así, la gente volvió, pues necesitaban labrar sus tierras y atender sus cultivos.
