Todos vienen y prometen, pero seguimos en la misma: la vida de los desplazados de Aldama, Chiapas

Redacción/Animal Político

En las montañas de Chenalhó todavía viven más de mil personas en casas hechas de ramas y pedazos de plástico negro. Son las familias que desde junio de 2016 fueron desplazadas por un conflicto agrario en Chiapas.

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

Juan de Jesús de 10 años jugaba con una pelota afuera de su casa localizada en las Magdalenas Aldama, Chiapas, en el sureste de México. En ese momento empezó una balacera que terminó por alcanzarlo. Afortunadamente la bala no le pegó directo y “solo” le rebotó en el cachete derecho, por lo que la pudo contar.

Como en su pueblo no hay hospital, lo llevaron a uno de San Juan Chamula, aproximadamente a una hora de ahí, pero no había lugar y lo trasladaron al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal, en donde lo operaron cuando habían pasado más de 24 horas.

Juan de Jesús es otra víctima del conflicto que Las Magdalenas Aldama sostiene por tierras con los pobladores del municipio vecino de Santa Marta Manuel Utrilla, desde 2016 y que en este 2018 tuvo algunos episodios, como la balacera donde resultó herido el niño.

Los habitantes de Santa Marta forzaron con violencia el desplazamiento de varias familias e incluso les quitaron sus parcelas. La violencia ha ido subiendo de tono y cada vez es más común escuchar balazos de armas largas en los alrededores.

Al día siguiente de la balacera donde Juan de Jesús resultó herido, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la cancha de basquetbol municipal para informar sobre lo ocurrido y exigir al gobierno que interviniera y resolviera este conflicto.

Durante la reunión las mujeres se quejaron de no poder usar sus ropas tradicionales -una blusa roja bordada a mano con flores en colores vivos y una falda azul marino con brillos hecha en telar- por temor a que los vecinos las reconocieran como originarias de Las Magdalenas y las atacaran; mientras que los hombres lamentaron no poder regresar a sus tierras a sembrar.

“Alzamos la voz para pedir y exigir al gobernador, ya basta de la promesa y la mentira de una solución favorable. No queremos pleitos, queremos vivir en paz con las comunidades vecinas”, gritó en el micrófono Aurelio Sánchez, representante de los comuneros de Las Magadalenas.

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Frenar los desplazamientos forzados en Chiapas, demandan indígenas a AMLO

Redacción/La Jornada

Mujeres en esa situación piden leyes para castigar a quienes las obligan a abandonar sus hogares

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Mujeres indígenas de Chiapas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga y detenga el acelerado proceso de desplazamiento existente en esa entidad, derivado de conflictos políticos y sociales.

Las integrantes de la Caravana de Pies Cansados, que se realizó desde San Cristóbal de las Casas hasta Tuxtla Gutiérrez, demandaron al Congreso de la Unión que elabore leyes que garanticen el castigo a los desplazadores de pueblos indígenas por motivos sociales, religiosos, políticos o económicos.

Luego de su llegada a Ciudad de México, las mujeres, que son apoyadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), detallaron que es necesaria una ley general para la prevención y atención integral del desplazamiento forzado interno (registro de personas desplazadas, fondo económico para la atención integral, procesos de pacificación y la reconstrucción del tejido comunitario, entre otros) y tipificar como delito el desplazamiento forzado. En conferencia de prensa, Daniel Zúñiga Maldonado indicó que la CNPA apoya esta caravana y solicitó la intervención del gobierno federal para detener ese fenómeno en Chiapas.

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Conferencia de prensa: Desplazados de Chiapas denuncian que Estado mexicano ha incumplido en garantizar sus derechos

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • La Coordinadora de Personas Desplazadas del estado de Chiapas –integrada por 381 personas, de las cuales 99 son mujeres y 193, niñas, niños y adolescentes– denuncia que el Estado mexicano ha incumplido con su obligación internacional de garantizar sus derechos humanos, los cuales se traducen en necesidades básicas: derecho a la educación, a la alimentación y a una vida digna.
  • Las personas desplazadas aseguran que su situación fue resultado de un conflicto social entre el grupo de poder local y disidentes, en el que recibieron agresiones que finalmente los condujeron al desplazamiento.  
  • La coordinadora exige a los tres niveles de gobierno que se cumpla el Estado de Derecho y que se asegure el regreso a sus lugares de origen.

Participan: Integrantes la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas

Convoca: Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas 

La cita: Miércoles 5 de Diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Comuneros desplazados de Chiapas viven con el miedo de ser asesinados o detenidos

Redacción/Animal Político

Las 780 personas que permanecen desplazadas de sus comunidades en el municipio de Aldama salen a trabajar con el riesgo de ser baleados por los paramilitares o detenidos por la autoridad que les impuso órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Foto: Cuartoscuro

Los campesinos desplazados del municipio de Aldama, Chiapas permanecen aislados en el campamento al que fueron obligados a huir a principios de este año. Al salir a trabajar en los cafetales o a comprar alimentos corren el riesgo de ser baleados por grupos paramilitares, que permanecen a lo largo del camino para atacarlos a su paso.

Desde hace tres semanas temen salir también ante la posibilidad de ser detenidos, pues les fueron giradas siete órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, según su representante, Cristóbal Santiz.

En esa zona los ataques armados son frecuentes desde 2016, cuando revivió un conflicto territorial que data de la década de 1970 entre las comunidades de Santa Martha y Aldama, que disputan 60 hectáreas de terreno cafetalero.

Sin embargo, Santiz asegura que la violencia arreció el miércoles pasado y no ha cedido hasta la fecha. Producto de ese reciente ataque, dos comuneros resultaron heridos en un brazo y el torso, respectivamente. La noche del domingo, incluso, los comuneros advirtieron un intento de entrar a sus campamentos.

Ante estas amenazas, las 780 personas desplazadas evitan salir más que para lo indispensable, aunque dentro de sus campamentos varios niños y ancianos ya presentan diarrea y enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, se les acaban los recursos para adquirir alimentos y medicinas, ante la dificultad de cosechar el café y las pérdidas que han tenido cuando salen huyendo de las balas sin poder llevarse la cosecha.

El gobierno municipal les ha enviado algunas tandas de alimentos y medicinas durante los ocho meses del conflicto agrario que los mantiene fuera de sus comunidades, pero estas se acaban y desde hace un mes no han llegado más, según Santiz.

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