Ex funcionario de Semarnat y un pariente de Larrea hicieron fortuna con la tragedia Río Sonora: ONGs

Redacción/Sin Embargo

En el ejido de Tahuichopa, a tres kilómetros de Arizpe, hay 67 viviendas y 120 habitantes. Cada casa tiene un tinaco. Cada uno es nuevo, apenas con cuatro años de edad. Son los mismos que cumple la tragedia. El Gobierno federal los ordenó como parte del plan para remediar los daños del derrame, mediante un fideicomiso pactado con el Grupo México.

Para monitorear la entrega del dinero del fideicomiso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat creó un sitio web a través del cual informó sobre los pagos a los afectados y el monitoreo del agua; pero en junio de 2015 ya no fue alimentado. Hoy, los reportes que ahí cuelgan, son una colección de fotos de los tinacos en base de herrería. Se indica como conteo final que fueron nueve mil 871.

Del Fideicomiso creado para resarcir el daño causado por el derrame de Grupo México en el Río Sonora, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, mientras 184 millones de pesos han sido destinados a la compra de tinacos, documentó la organización Poder.

Foto: Cortesía, tomada de Sin Embargo

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) y miembros del Grupo Cuenca del Río Sonora acusaron que Rodolfo Lacy Tamayo, ex subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la empresa Rotoplas, de Carlos Roja Mota Velasco, familiar de Germán Larrea, se vieron directamente beneficiados con 28 millones de pesos del Fideicomiso creado para el Río Sonora, que tenía como objetivo resarcir los daños ocasionados por el derrame de una mina de Grupo México en el afluente en 2014.

Están por cumplirse cuatro años desde que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó en el río 40 mil metros cúbicos (o 40 millones de litros) de solución de Sulfato de Cobre Acidulado (CuSo4) debido a la ruptura en uno de sus represos. Tras la tragedia, el Gobierno ordenó a Grupo México crear un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos para resarcir el daño.

El Fideicomiso ha destinado sólo mil 200 millones de pesos, una cifra menor de la pactado al inicio. “El total del gasto realizado por el Fideicomiso fue de mil 231 millones 367 mil 946  pesos, apenas más de la mitad de los 2 mil millones anunciados en un inicio”, precisó Poder.

Y además, de ese dinero, acusó Poder, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, lo que significa apenas el 10 por ciento del total que el Fideicomiso destinó a las “Afectaciones a la salud”, rubro al que se dio 71 millones de pesos; el resto, según se reportó, fue a dar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEA), la cual continúa siendo una obra negra.

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Campesinos buscan participación en mesa de revisión del NAICM para visibilizar la problemática

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Para probar que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) trae consecuencias negativas para los pueblos y el medio ambiente, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidieron que se les incluya en la mesa técnica para revisar la viabilidad del proyecto.

“Llevan menos de 10 por ciento de su plan de construcción y ya vemos las graves afectaciones: se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes”, señaló el Frente.

A pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que los contratos otorgados a las empresas deberían ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea, hasta diciembre de 2017 fueron entregadas 292 licitaciones a 235 empresas por un monto de 127 mil 600 millones de pesos, recordó Julieta Lamberti, de la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).

De los contratos entregados, “196 no se sometieron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi 90 por ciento de las obras”, indicó Lamberti.

“Sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales”, agregaron los integrantes del FPDT, pero aseguraron que ni los recursos naturales ni la convivencia de las comunidades en el entorno “están a la venta”.

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