Por Redacción/Sin embargo
Pese a los más de 30 mil desaparecidos en México, la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Familias desesperadas y expertos llama a darle luz verde aunque presente deficiencias– como una Comisión Nacional de Búsqueda no desconcentrada y sin presupuesto propio, la falta de asignación de responsabilidad de la cadena de mando en las desapariciones– ya que ven un primer avance para dejar de buscar a sus seres queridos a ciegas.
“Con esta Ley se podría hacer mucho por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen. Estos delitos están impunes porque no quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros servidores públicos los que los desaparecen”, asegura Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.
Ciudad de México, 17 de septiembre(SinEmbargo).-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene lagunas, pero aún así sería un instrumento para buscar y dar seguimiento a las personas desaparecidas en el país, aseguraron familiares de víctimas y expertos a SinEmbargo.
Hasta el momento los padres y madres de personas desaparecidas en México buscan a sus seres queridos casi a ciegas: a expensas de que las fiscalías quieran trabajar y darle celeridad a los casos. Atados de manos ante el Ministerio Público, luchan, no sólo por encontrar a sus familiares, sino contra la corrupción y la impunidad.
Luego de instalar el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, los diputados tienen en la agenda discutir la Ley General en materia de Desaparición Forzada durante los últimos meses de este año.
Con la Ley– que ha estado en la congeladora de la Cámara de Diputados dos años y que ya fue revisada y discutida entre los familiares y los senadores de Congreso de la Unión– se abriría una ventana para frenar las malas prácticas de las autoridades al generar mecanismos más eficientes de búsqueda, dijo Pablo Reyna Esteves, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.
“Con los avances que tiene se permite a las familias tener un cierto marco que les permita salir a buscar y seguir exigiendo que las autoridades respondan. Hay una posibilidad de buscar, generar avances para que en los distintos estados del país las víctimas y los colectivos puedan seguir presionando a su gobiernos, ministerios públicos y fiscales para que hagan el trabajo con la debida protección en la búsqueda de miles de personas que están desaparecidas”, dijo el investigador.
Pablo Reyna explicó que entre algunos de los puntos débiles que tiene la Ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no está planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.
“Eso es una de las limitaciones. Tampoco está claro en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de desaparición y desaparición forzada”, añadió.
Es decir la Ley no plantea la responsabilidad de miles de autoridades involucradas en la cadena de mando en la desaparición de personas perpetrada por distingas corporaciones policiacas.
“Es tal la crisis tan generalizada y sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México, que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera eventualmente agregado. Sin embargo, es imperante, urgente que se apruebe ya como está”, precisó.
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