En tiempos oscuros por el coronavirus, su hechizo, su misterio, lo convierte en problemático; las incógnitas que produce la causa de la muerte, su contagio masivo y el que no exista cura alguna se hace más grande la llama de la incertidumbre. La incertidumbre es una sensación que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos han padecido en 68 meses de un proceso de verdad y justicia que los gobiernos se niegan a darla. Es más pesado y gris la realidad en momentos donde la normalidad es el encierro, sin embargo, es cuando más les llega los recuerdos de sus hijos. Estos días eternos donde las madres y los padres son vigías; se sientan en la puerta por si llegan, en la hora de comer de pronto como si se equivocaran sirven un plato de comida de más… la verdad es que falta alguien que está ausente; quien sabe dónde estará y eso parte el corazón. Es como si estuvieras muerta en vida, como si te arrancaran el futuro.
Tener un hijo desaparecido es vivir en una constante incertidumbre, es una agonía, sobre todo ahora que estamos encerrados por el coronavirus y que no podemos salir a gritar a la calle; exigirle al gobierno el paradero de nuestros hijos. Todo se nos queda como un nudo en la garganta. Así se agudiza la preocupación como cuando inicio este dolor, esta angustia. Se renueva el dolor. Estamos como empezamos, imaginando que pasó y con más preguntas.
Los expertos señalaron que tienen reportes sobre casos en México donde las investigaciones por desapariciones no inician de inmediato, o que se limitan a ser un trámite burocrático, sin que haya búsquedas efectivas en el terreno.
Imagen tomada de @FloresLiera
Especialistas que integran el Comité de la ONU especializado en casos de Desaparición Forzada exhibieron este viernes en Ginebra, Suiza, fallas y contradicciones del gobierno y el Estado Mexicano en la tarea de buscar, por lo menos, a 37 mil personas no localizadas o desaparecidas.
Uno a uno, en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza, como parte de una reunión de seguimiento, ya que México ratificó la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, los expertos plantearon interrogantes a la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas.
Entre otros puntos, preguntaron a México por qué si sus funcionarios dicen que están abiertos al escrutinio internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aceptado la entrada del Comité al país y su competencia para conocer en forma individual casos de desaparición forzada, que no hayan encontrado justicia con las autoridades nacionales.
Ruiz Cabañas, en ese sentido, insistió en que antes de aceptar la competencia del Comité, el Estado mexicano optó por darle “prioridad” al sistema jurídico institucional, con la entrada en vigor este año, en enero, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En ese sentido Grace Fernández, del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos, dijo en entrevista que es “frustrante” que la delegación de funcionarios mexicanos haya usado ese argumento, porque en realidad México no ha fortalecido sus instituciones para atender este mal, al menos no lo suficiente dada la dimensión del problema de violencia y desapariciones.
“¿Dónde está el fortalecimiento?”, criticó Fernández en una pausa del diálogo entre expertos de la ONU y la delegación mexicana.
“No venimos aquí a negar las dimensiones del fenómeno, ni el dolor que le causa a las víctimas”, expresó en un momento el embajador Ruiz Cabañas, aunque también destacó como avance la promulgación de la Ley General, y sus repercusiones.
“Si bien es muy pronto para hacer un balance definitivo, contamos ya con las herramientas que ahora deben ser adecuadamente implementadas”, dijo Cabañas.
El grupo de expertos del Comité de la ONU estuvo presidido por la experta Suela Janina, de Albania.
Otro de los puntos que cuestionaron los expertos es cuándo tendrá México en cada uno de sus estados una comisión local de búsqueda de desaparecidos, y fiscalías especializadas en todas la entidades, como lo marca la Ley General, si tiene plazos para lograrlo.
A cuatro años del crimen de Iguala, la ONU-DH subraya que el caso es un símbolo de las desapariciones en México que aguarda ser resuelto
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.- Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subraya que el caso no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.
La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture. Además, la ONU-DH recuerda como en su informe “Doble Injusticia” documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones. A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave -al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad- es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial,” destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH. Preocupa que la respuesta del Gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial. “Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, señaló Jan Jarab.
Para la ONU-DH la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente. “Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, sostuvo Jan Jarab.
La ONU-DH saluda las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad. “El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto.”
Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de seguir caminando con las familias de los estudiantes desaparecidos y de las otras víctimas y de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso.
