En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o. Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto habló del Caso Iguala y reconoció su insatisfacción por no haber alcanzado el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.
Foto: Captura de pantalla / YouTube / Gobierno de la República
Existen evidencias claras y contundentes de que “muy lamentablemente” los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por un grupo delincuencial, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o Informe de Gobierno, recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación que correspondía al ámbito local.
Luego de una “investigación profunda y amplia” se llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“En lo personal, y con el dolor que causa, estoy en la convicción de que lamentablemente pasó lo que la investigación arrojó“, manifestó.
Recordó que ante el rechazo de los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” por aceptar los alcances de la investigación realizada, fue necesaria abrirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con cuatro de sus ocho hijos desaparecidos, María Elena Herrera, quien en 2011 increpó a Felipe Calderón Hinojosa en el Castillo de Chapultepec, ofreció una “trueque” al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a las familias de víctimas que otorguen “perdón” a los victimarios en aras de la pacificación y la reconciliación.
Foto: Benjamín Flores/Proceso
“Si a mí me demuestran con trabajos, con hechos, de que están solucionando el problema, de que ya no habrá más desapariciones y que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros seres queridos, estoy dispuesta a perdonar”, emplazó Herrera, figura emblemática del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y quien junto con su hijo Juan Carlos Trujillo fundó Familiares en Búsqueda, María Herrera AC y Enlaces Nacionales, colectivos que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Herrera Magdaleno participó en un acto en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para recordar que, un día como hoy, hace diez años, le fueron arrebatados sus hijos Raúl y Salvador, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, experiencia que repetiría la familia Trujillo Herrera dos años después. En 2010, Luis Armando y Gustavo fueron desaparecidos en el estado de Veracruz.
La fecha emblemática de la desaparición de Raúl y Salvador Trujillo Herrera coincide con los 40 años en que madres de desaparición forzada durante la “guerra sucia”, lideradas por Rosario Ibarra de Piedra, iniciaron una huelga de hambre en el atrio de la Catedral de la Ciudad de México, con la exigencia de la presentación con vida de las víctimas.
En junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec, en una reunión con víctimas encabezada por Felipe Calderón y Javier Sicilia, María Elena Herrera Magdaleno recriminó al entonces presidente que había perdido cuatro hijos “en está guerra que ustedes iniciaron en nuestro nombre, pero que nosotros no aceptamos”.
Ahora Herrera Magdaleno, quien destaca por su actividad dentro del MPJD como partícipe de las caravanas del norte y sur, advirtió su disposición personal a perdonar, “siempre y cuando nos entreguen a todas y cada una de las personas que nos faltan en nuestros hogares, de esta forma me van a reparar a mí el daño”.
Tras puntualizar que es probable que familias que sufren la misma tragedia “a lo mejor no están dispuestas a perdonar”, Herrera Magdaleno destacó que, desde que empezó su lucha a favor de los desaparecidos, “he sido una piedra, una roca en los zapatos de las autoridades”.
El 7 de agosto de 2018, durante el primer Foro escucha por la pacificación del país –convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo– José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en Ciudad Juárez, brincó a la tarima en la que se encontraban López Obrador y Javier Corral, gobernador del estado.
Decidió hacerlo porque él y otros familiares de víctimas de desaparición y feminicidio estaban enojados por las declaraciones de Corral, que afirmaban que su gobierno atendía estos casos.
Subió porque lleva nueve años buscando a su hija, en un camino de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades –de acuerdo con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, José Luis estuvo detenido durante nueve meses por un delito que no cometió, y amenazado vía telefónica desde, según arrojan investigaciones de la PGR, el conmutador del gobierno estatal–, y porque a pesar de buscar audiencias con Corral en varias ocasiones, este encuentro no se ha dado.
“Pensé: estoy aquí, enfrente del presidente de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. Brinqué hacia el pódium… y le dije: ‘señor, hemos estado buscando una cita desde el primer día de su gobierno’. El señor Andrés Manuel dijo (a Corral): ‘atiéndelos’” y él accedió, narra José Luis.
Ese día, Javier Corral estampó su firma en una hoja, y se comprometió a atenderlos. La audiencia, hasta el 13 de agosto, no se ha dado.
A José Luis le siguieron otros familiares de víctimas –muchas de las cuales se encontraban sentadas en el piso del auditorio– y subieron al escenario. Abajo se escuchaban reclamos: “Ya no queremos niñas muertas”, “enséñele a gobernar”, “enséñeles a trabajar, como cuando usted fue gobernador”. Una de las voces era de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001.
El 8 de agosto, Corral declaró ante medios de comunicación que el gobierno de Chihuahua ha respaldado las exigencias de las víctimas, “que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo.
Aseguró, además, que dos de las personas que tuvieron esas expresiones –refiriéndose a José Luis y a Norma– han sido de las más atendidas por la fiscalía. “Hasta los hemos acompañado en búsquedas personales. De hecho, un caso, que ya está resuelto, es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es”, dijo.
El lunes 13 de agosto, José Luis Castillo y Norma Andrade, acompañados de los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. convocaron a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para posicionarse ante las declaraciones de Javier Corral.
De izquierda a derecha: Karla Micheel Salas, Norma Andrade, José Luis Castillo, David Peña | Foto: Cencos
Rastreos ciudadanos, no búsquedas personales
En primer lugar, expresaron su preocupación por la afirmación de Corral de que la fiscalía ha acompañado a José Luis en lo que llamó “búsquedas personales”, pues según los abogados y el mismo José Luis, las autoridades han acompañado “rastreos ciudadanos”, cuyo objeto es la búsqueda de restos óseos no sólo de Estrella, sino de otras personas que han sido víctimas de desaparición. Y lo han hecho por por la presión ante medios de comunicación.
Estos rastreos, explicó Karla Micheel Salas, comenzaron a hacerse en septiembre de 2016, casi al finalizar el mandato de César Duarte, precisamente ante la resistencia de las autoridades de la fiscalía a realizar búsquedas más a fondo en Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.
Dichos rastreos, seis hasta la fecha, son financiados por la organización, colectivos de víctimas y activistas, y han logrado la recuperación de 61 restos óseos, todos de mujeres y niñas. Ahora exigen que los hallazgos –incluidos ropa y otros objetos– sean analizados para lograr la identificación de personas que se encuentran desaparecidas.
Sobre que José Luis y Norma sean dos de las personas más atendidas por la fiscalía, David Peña asegura que preocupa la declaración ya que, en primer lugar, es obligación de las autoridades atenderlas y, en segundo, asisten ahí con frecuencia porque son personas defensoras que acompañan otros casos de víctimas.
Preocupa también, aseguró, que Javier Corral sólo se haya referido a los casos de José Luis y Norma, cuando fueron varias las víctimas que protestaron el 7 de agosto.
Rastreos ciudadanos en Ciudad Juárez, Chihuahua | Cortesía: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia social
El caso de Lilia Alejandra no se ha solucionado
Corral aseguró que el caso de la desaparición y asesinato de la joven Lilia Alejandra concluyó ya que “está resuelto el asesino serial con prueba científica”. Norma y los abogados que la acompañan aseguran que el gobernador está faltando a la verdad. En primer lugar, porque no existe sentencia en este caso y, en segundo, porque la decisión de ordenar la aprehensión de un presunto culpable no está basada en pruebas científicas, como lo asegura Javier Corral.
David Peña explicó que al inicio de la investigación, en 2001, se encontró una muestra de ADN en la víctima, una muestra de sangre en una cobija localizada en el lugar de los hechos y una muestra genética en las uñas de la víctima (de esta última se tiene un perfil parcial y es, posiblemente, de un tercer agresor). Esto apunta a que cuando menos tres sujetos participaron o pudieron participar en el asesinato de Alejandra.
Desde ese momento y hasta 2008 se agotaron varias líneas de investigación, entonces se volvió a hacer un análisis de las muestras de ADN encontradas: las cotejaron con otros casos similares a los de Lilia Alejandra y se logró determinar que tres víctimas más, entre 1995 y 2005 presentaban el mismo ADN del mismo agresor. En el mismo año se localizó un caso más en el que el modus operandi era similar al de los otros cuatro casos. Se trataba entonces de cinco, donde el mismo agresor o grupo de agresores había actuado, en un periodo de diez años, violando, torturando y asesinando a mujeres en Ciudad Juárez.
Para 2008 los dos primeros perfiles estaban completos y el segundo, incompleto. Dos años más tarde, los abogados pidieron que se cruzaran los perfiles identificados con la base de datos que se tenía en ese momento, que era de personal de la fiscalía –este banco de datos se armó, porque estaban asesinando y desapareciendo a agentes ministeriales–, y el primer perfil –a partir de semen– arrojó la coincidencia con un agente ministerial de la procuraduría de Chihuahua: Enrique Castañeda Ogaz. No significa que él sea el agresor, pero sí que el sujeto involucrado tiene el mismo perfil genético paterno.
A partir de este hallazgo los abogados y la fiscalía fijaron buscar a hombres que en 2001 pudieron haber participado en los crímenes y además estar vinculados con este perfil genético. Hasta 2017 se fue descartando a hombres ligados a este linaje paterno, con 16 pruebas hasta el momento, lo que significa 16 parientes del agresor.
Explica Peña que varios de los hombres vinculados a esta familia están en Estados Unidos o no han sido localizados, por lo que la lógica apunta a seguir buscándolos y analizando sus perfiles genéticos, sin embargo, en febrero de 2018 la fiscalía de Chihuahua decidió atraer la investigación –que hasta entonces estaba en Ciudad Juárez.
En un hecho arbitrario, apunta Peña, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, asignó como investigador del caso a su secretario particular, no a algún agente de la fiscalía; éste, a su vez, solicitó la opinión de una perito para que dijera si el primer ADN encontrado y analizado en 2001 corresponde o puede corresponder a la familia Castañeda Ogaz.
“Sin dictamen ni análisis genético, la perito dice ‘no corresponde a la familia Castañeda Ogaz’, a pesar de tener los 17 dictámenes periciales que relacionan a la misma familia. A partir de esa opinión, el secretario particular cierra la línea de investigación –17 años de investigación científica, pericial– e iniciar otra”, explica Peña.
De acuerdo con el abogado, la fiscalía “inventa una historia… y encuentra a otro hombre que no tiene nada que ver, que no tiene perfil genético y dicen ‘él es el responsable’”; luego, el 21 de abril consigna la investigación contra una nueva persona: Manuel Navarro y pide orden de aprehensión precisamente 14 días antes de que el caso tuviera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque esta nueva persona fuera culpable, dicen los abogados y la misma Norma, el caso no está resuelto, ya que no existe ninguna sentencia; faltarían dos agresores, y esta nueva línea no está basada en una prueba científica, sino en la opinión de una perito que echa abajo una investigación de 17 años.
Los familiares de las víctimas participaron en las mesas de trabajo
Después del evento en el que surgió la protesta, se realizaron mesas de trabajo en las que participaron José Luis, Norma y decenas de familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otros delitos, con la intención de brindar propuestas que contribuyan a la pacificación del país.
Lo hicieron incluso después de que el evento en el auditorio, al que fueron invitados, se les negara el acceso, aún cuando tenían invitación y gafete, y cuando llegaron a tiempo. José Luis y Norma declaran que cuando al fin lograron entrar los querían acomodar en un lugar poco visible, en el rincón, pero que el evento era dirigido a ellos y decidieron sentarse adelante, en el piso.
José Luis finalmente manda un mensaje al gobernador Corral: “que se sensibilice, que sea más humano hacia las víctimas de feminicidio, que nos ayude a encontrar a nuestras niñas para que no se siga repitiendo”, y el mismo mensaje envía a AMLO: “que nos ayude para que no se siga repitiendo en cada estado y ciudad de la república”.
Nota: Algunos nombres de personas han sido cambiados por seudónimos por petición y seguridad de las y los entrevistados.
Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cifra de víctimas de trata de personas en México es de 500 mil, dDe las cuales, 70 mil son menores de edad explotadas y explotados sexualmente, y alrededor de 50 mil se encuentran en zonas fronterizas.
México es uno de los 25 países en el mundo donde más ocurre este delito.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que a nivel internacional existen 2.5 millones de víctimas de trata de personas, y que generan ganancias a criminales de entre 32 mil y 36 mil millones de dólares anuales. Se trata del segundo negocio ilegal que genera más ganancias, sólo después del narcotráfico.
En la Ciudad de México, hace aproximadamente tres años, surgió Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, con el propósito de buscar a mujeres y niñas víctimas de desaparición para la trata de personas con fines de explotación sexual. Hasta el día de hoy la organización ha logrado rescatar a siete niñas originarias del estado de Tlaxcala, epicentro de la trata a nivel internacional: en 46 municipios de esta entidad existen familias completas que se dedican a crear y fortalecer redes de captura, traslado y explotación sexual de menores de edad en el país y en el extranjero.
Durante los últimos 20 años diversos informes de la ONU Contra la Droga y el Delito, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) y de la CNDH han dado cuenta de que existe una alta incidencia de este delito, sobre todo en la ruta sur de Tlaxcala, que colinda con Puebla: se le conoce a nivel mundial como el corredor de trata Tlaxcala-Puebla.
Con los años este negocio ilícito se ha diversificado y normalizado dentro de la misma sociedad, al grado de que, en ocasiones, cuando desaparece una niña, sus familiares no levantan una denuncia.
En décadas pasadas los padrotes o tratantes invertían alrededor de seis meses para enganchar o enamorar a sus víctimas; las convencían de irse a vivir con ellos a otros estados o países y, una vez lejos de sus familias, las obligaban a la prostitución. Con este proceso de enamoramiento los tratantes podían alegar ante la ley y ante las familias de sus víctimas, que ellas estaban con ellos por decisión propia.
Hoy en día es tal el grado de impunidad que los padrotes ya no ven la necesidad de enamorar o convencer a la víctima, pues las espían en sus rutinas y las capturan en la calle, muchas veces utilizando sustancias como cloroformo para desmayarlas. ¿Para qué invertir en enamorar, si nadie va investigar? Lo de hoy es el secuestro.
Karla Romero Tezmol desapareció en enero de 2016; sigue sin ser localizada
“Karla es una niña tímida. En la escuela, lo que me platicaban sus maestros, es que se llevaba con todos sus compañeros. A Karla no le gusta bailar, es buena hermana, para todos lados iba junto con Rafa, peleaban, pero al ratito se abrazaban”, comenta Olga Tezmol, madre de Karla, quien desapareció el 13 de enero de 2016 y hasta la fecha continúa sin ser localizada.
Esa mañana de enero Olga optó por mandar a Karla sola a la escuela, cosa que no acostumbraba hacer. Sin embargo, le dio un teléfono celular para que en cuanto llegara a la secundaria se comunicara con ella. Pasaron los minutos y las horas y Karla jamás llamó. Su hermano Rafa fue quien se percató de que algo andaba mal, pues al llevarle alimentos a la hora del receso le informaron que ese día Karla no había llegado al plantel.
“Karla era muy cariñosa, le gustaba escribirme cartas, me escribía que me agradecía mucho por haberle dado la vida, que me quería mucho; se disculpaba porque a veces tenía arranques de enojo. Es una excelente hija, con defectos y virtudes, pero yo así la quiero. La recuerdo sonriendo, enojada, llorando. La extraño, extraño escucharla gritando por toda la casa”, menciona Olga con voz entrecortada en la estética que lleva el nombre de su hija, donde ella le ayudaba por las tardes a hacer cortes de cabello y peinados y que, asegura la madre, algún día sería de Karla, ya que mostraba mucho interés en el oficio de estilista.
Con una profunda tristeza en el rostro, Olga comenta que todos los días desde que desapareció su hija se sienta a observar la foto de Karla para pedirle perdón. “El que ella no esté conmigo me hace sentir que no cuidé adecuadamente a mi hija y eso hasta la fecha me duele; me duele porque han sido más de dos años de búsqueda”.
Con el caso de Karla, Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño, hizo su primer acercamiento a la trata de personas en Tlaxcala. “Lo primero que me encuentro es que ni siquiera había una investigación formal. Sólo había una acta de hecho”, menciona Miriam.
Según la abogada desaparecer en Tlaxcala es diferente a desaparecer en cualquier otra entidad del país, ya que la mayoría de las desapariciones son de mujeres, y el rango de edad cada vez ha ido disminuyendo más.
“Los informes de hace 10 años establecen un margen de 18 a 25 años; cuando desapareció Karla se inició una discusión entre las organizaciones sociales, porque consideraban que el rango de edad (11 años) no concordaba con los registros anteriores de las víctimas de trata. A partir de los distintos casos que nos han llegado nos damos cuenta de que la amplitud y diversificación de las víctimas también se va transformando a partir de los patrones de impunidad, crece el negocio y el perfil de las víctimas. En ese sentido, desaparecer en el epicentro de la trata de personas implica una situación de búsqueda urgente”.
Alicia Fregoso, procuradora de Justicia en 2016, descartó una averiguación con el argumento de que no había delito que perseguir por la desaparición de una niña de 11 años en San Pablo del Monte, un municipio foco rojo en trata de personas.
“Hay altas y bajas, a veces Rafa también siente el vacío, me dice que se siente muy solo, que por qué le quitan a su hermana, y a veces, cuando me tengo que ausentar para buscarla, él lo siente, me lo dice: cuando te vayas a buscar a mi hermana avísame porque te vas y no me avisas, y cuando yo despierto ya no tengo mamá. Como padres, mi esposo busca el sustento y yo como madre busco a Karla, pero sin desatender a mis otros hijos”.
Olga Tezmol recuerda cómo solían asistir a convivencias familiares, pero desde la desaparición de su hija no han podido incorporarse a ese tipo de reuniones sin sentir incomodidad y culpa por la ausencia de Karla.
“La última reunión que tuvimos fue dos días antes de su desaparición, nos tomamos una foto familiar en el bautizo de su hermanita de un año de edad en aquel entonces, es la última foto de Karla con nosotros”.
Olga Tezmol, madre de Karla Romero, desaparecida desde el 13 de enero de 2016, observa la última foto que se tomaron en familia apenas dos días antes.Olga Tezmol, madre de Karla Romero, desaparecida desde el 13 de enero de 2016, muestra una de las últimas fotos de su hija.Carta que Karla Romero, desaparecida desde el 13 de enero de 2016, escribió para su madre.Rafael, hermano de Karla Romero, realizó este corazón fragmentado, ya que Olga, su madre, alguna vez le comentó que su corazón se encuentra fracturado en cinco partes, que son los miembros de su familia.Olga Tezmol y Rafa –madre y hermano de Karla Romero, desaparecida desde el 13 de enero del 2016– frente a la estética que lleva por nombre el de su familiar desaparecida y que no abren desde el día de su ausencia.Algunos vecinos de la colonia del Barrio de Cristo aseguran que ésta fue la calle donde fue vista por última vez Karla Romero, desaparecida desde el 13 de enero del 2016 en San Pablo del Monte.
“Agradezco a mis familiares y amigos, gracias a ellos se rescató a mi niña; la autoridad no hizo nada”: Magdalena
“Soy originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, tengo más niñas y no quiero que les suceda lo mismo que a Emma. Acá en San Pablo hay muchas niñas que se están perdiendo. Agradezco a mis familiares y amigos, gracias a ellos se rescató a mi niña, la autoridad no hizo nada”, menciona Magdalena, madre de Emma G.
Emma desapareció el 7 de diciembre de 2016 mientras iba caminando a unos metros de su casa, rumbo a la escuela; fue golpeada y arrastrada hasta un vehículo, subida a la fuerza y trasladada.
Magdalena, quien se describe a sí misma como amorosa, exigente y que inculca valores a su familia, comenta que cuando Emma fue raptada sufrió la angustia y desesperación más grande que alguna vez haya sentido.
“Mi vida antes de ese día era tranquila, segura, era todo normal, pero a partir de lo que sucedió ya no estoy tranquila; mi hija no es la única y sigue sucediendo lo mismo, hay varias desaparecidas. Ahora ya no las dejamos ir a la tienda solas, ni a la escuela, la gente esa no tiene corazón de lo que hacen. Ahora salimos con miedo, ya no podemos confiar en nadie”.
En vista de que las autoridades no iban a realizar ninguna investigación o búsqueda de su hija, y al saber del caso de Karla Romero mediante sus conocidos, Magdalena decide ponerse en contacto con Olga Tezmol, y con Miriam Pascual. Desde entonces esta abogada ha llevado el caso de Emma, quien después de una búsqueda inmediata y movilización por parte de familiares y amigos, fue localizada en el estado de Puebla al día siguiente de su desaparición, alrededor de las 10:00, con signos de violencia física y sexual.
“Dado que las víctimas son trasladadas a otros países, la implementación de un protocolo de búsqueda inmediato es imprescindible. Dicen: ‘se fue con el novio’. El novio, generalmente en Tlaxcala, son enganchadores, son hijos de lo que les llaman padrotes, o son novios que tienen 40 o 50 años, y las niñas tienen 15 o menos; no vislumbrar esto fortalece el problema. Hay patrones sistemáticos por parte de las autoridades que violentan los derechos humanos, esto está vinculado directamente a un tema de falta de capacidad técnica, profesional y a una cuestión de falta de claridad respecto a las obligaciones que tienen los funcionarios”, comenta Miriam, que caso tras caso se enfrenta a los mismos obstáculos y arbitrariedades con las autoridades.
“Generalmente en todos los estados se da la cuestión de estereotipos de género, esto de “se fue con el novio, seguro está de fiesta” habla de que las autoridades, al subestimar una situación de riesgo, pierden horas trascendentes; en algunos casos ha habido situaciones en donde son encontradas víctimas de feminicidio.
Es una restricción social de derechos por el hecho de ser mujer, esto de no nacer con una cuestión del respeto, sino tener que ganártelo y luchar por él. Siempre hay una situación de criminalización de desaparecidos, incluso termina investigándose más a la persona desaparecida que investigando a los posibles agresores, eso es una constante”, agregó.
A partir de estos acontecimientos, un grupo pequeño de familias, víctimas indirectas y directas, han estado en contacto constante para realizar acciones grupales, como terapias sicológicas o convivencias en hogares. Magdalena ha comentado que a partir de esas juntas que promueven la unidad entre las afectadas se siente un poco más tranquila, ya que entre ellas pueden expresarse y sacar el dolor que esto les provoca.
“Para mí Tlaxcala no es un pueblo seguro, es un pueblo de corruptos, ni en la policía puedes confiar. Lo que ellos ven lo callan, y se alían con los delincuentes. Tlaxcala ya no es un lugar seguro. Aquí lo que reinan son los padrotes, son gente sin corazón.
Emma G., menor de edad rescatada de las redes de tratantes, escribe en su libro de catecismo.Emma G., rescatada de las redes de tratantes, se abraza con su madre a la entrada de su hogar.Retrato de Emma G. en la sala de su hogar, después de haber sido rescatada de las redes criminales de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Silvia trata de adaptarse a una vida normal
“Soy originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, me gustaría no mostrar mi rostro, tengo mucho miedo”, comenta Juana, madre de Silvia F.
Silvia desapareció el 13 de marzo de 2017; fue enganchada por su padrote por medio del enamoramiento, quien logró que ella se fuera de su casa sin avisar a sus familiares, dos días después de haber cumplido 18 años. El delincuente apodado “El Enano”, de aproximadamente 40 años de edad, trabajaba en Puebla cerca del puesto de comida donde Silvia laboraba.
Juana se enteró por Alejandro, patrón de Silvia, que “El Enano” había estado acosando a su hija, así que recolectó datos importantes y presentó una denuncia en su contra. Luego de esto Silvia se comunicó por teléfono con su madre amenazándola de que no iba volver a su casa y que más valía que se retractara de la denuncia.
Esta llamada tuvo una duración de media hora y según la madre de la entonces desaparecida se escuchaba alterada, como si hubiera consumido drogas; de fondo se alcanzaba a escuchar la voz de una mujer que le dictaba cada palabra que debía decirle a su madre.
El día 14 de marzo “El Enano” llevó un video al negocio del patrón de Silvia, donde aparece ella llorando, diciendo que “la dejara vivir su vida”. Alejandro menciona que la veía muy mal de salud, y asustada. En esa misma ocasión, “El Enano” le pidió al patrón que le dijera a la mamá de Silvia que si quería volver a ver a su hija retirara la demanda, o si no nunca la iba volver a ver.
Dados los acontecimientos, la madre de Silvia acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, entonces a cargo de Tito Cervantes Zepeda, actualmente secretario de Gobernación de la entidad, y les relató los actos de amenazas e intimidación de “El Enano”.
Agentes al mando de Cervantes Zepeda le solicitaron firmar una hoja y le comentaron a la madre que todo estaba en orden. Cabe mencionar que la madre de Silvia no sabe leer ni escribir, por lo que firmó el documento con su huella dactilar pensando que incluirían la nueva información a la carpeta de investigación.
El 22 de marzo Juana y Miriam Pascual se trasladaron a la oficina del procurador Tito Cervantes, quien les atendió personalmente, y le dijo a la señora Juana que la investigación de su hija ya se encontraba cerrada, debido a que los policías a cargo de la investigación la reportaron como localizada.
El procurador mostró una declaración firmada por la madre de Silvia, en la cual decía que era de su conocimiento que su hija se encontraba sana y salva, y que daba a su hija reportada como localizada. Juana desconocía el contenido de la declaración que había firmado y asegura que los policías jamás le informaron que cerrarían la investigación si ella firmaba ese documento.
“La encontramos en un cuarto horrible tirada en el piso”, comenta Juana, quien con la ayuda de Alejandro y Miriam Pascual, localizó a Silvia. Los tres negociaron su libertad; “El enano” decidió entregarla cuando se dio cuenta de que Silvia estaba embarazada porque así “no le servía”.
A pesar de la preocupación y angustia que sufrió la familia, Silvia y su madre decidieron que tendría al bebé. Recientemente fue registrado con los apellidos de Silvia, y tratan de adaptarse a una vida normal.
Juana, madre de Silvia F., desaparecida el 13 de marzo de 2017 y hoy en día en casa a salvo, hace tortillas en el patio frontal de su casa.Juana, madre de Silvia F., rescatada de las redes de tratantes, frente a su hogar en San Pablo del Monte.Silvia F. y su bebé, producto de una de las violaciones de su padrote, frente al televisor de su habitación una vez rescatada de las redes de tratantes.
Judith fue rescatada dos días después
“Tengo 16 años, soy de Tlaxcala. Vivo con mi hermana, mi mamá y mi papá. No quiero hablar de cómo son mis padres, ellos no saben mucho de mí, no tienen mucho qué decir, supongo que dirían que soy callada”, comenta Judith B., quien fue raptada al salir de su trabajo el 8 de enero de 2018, y trasladada inmediatamente a la Ciudad de México por medio de las redes de tráfico de personas.
“Judith es una persona sencilla, le gusta mucho leer, le gusta demasiado escribir, la mayoría del tiempo le gusta convivir con su familia. Es muy inteligente. Por el problema que pasó decidimos que de momento no fuera a la escuela por cuestiones de seguridad. Prácticamente ahorita está todo el tiempo con nosotros”, menciona José, su padre.
Después de dos días de desaparecida lograron dar con el paradero de Judith en la capital del país. Con ayuda de la procuraduría, los padres se trasladaron y realizaron la labor del rescate el 10 de enero del mismo año.
“Ahora mis papás me ponen más atención y eso me incomoda. Todos saben que mi forma de ser es de ‘no me importa lo que digan los demás’, pero yo soy muy seria y con los demás siempre tengo que fingir un poco de alegría. Es lo más normal que ven de mí. Mis padres no saben cuando estoy feliz o cuando finjo estarlo. Me hubiera gustado que me pusieran atención cuando era pequeña. Debido a que faltaron en mi etapa de crecimiento tuve que madurar un poco más rápido. No tuve infancia. Si ahorita me ves tranquila con ellos es porque es una farsa, no soporto estar cerca de ellos”, menciona Judith.
A pesar de la tragedia que Judith sufrió, ella es una joven con una gran expectativa de vida y se muestra entusiasta con su futuro, ha ido recuperando poco a poco la confianza en sí misma y tiene planes de estudiar una licenciatura en administración. Tiene una gran capacidad creativa para las artes, le gusta leer, dibujar, y escribir; incluso creó un personaje novelesco al que nombró Emef, con el que ella logra proyectarse y desahogar sus ideas y sentimientos.
“Me gusta sentir y saber que está bien lo que yo hago, confiar en mí misma, sin necesidad de que los demás vengan a decirme a cada rato que todo estará bien”, agrega Silvia.
“Emef tiene el cabello castaño con unas mechas más largas que otras, tez morena, seria, solo muestra su alegría con su hermana menor. Emef tiene ojos cafés, ni tan claros ni tan oscuros, casi no sonríe a menos que sea necesario. No es muy alta, estatura mediana, todos la identifican porque no la de la razón a nadie, siempre dice lo que piensa de manera muy directa, ella es segura de lo que dice, no duda en decir un comentario. También sabe superar lo que le pasa, a veces tiene miedo de que todo explote dentro de ella pero al final termina superándolo”, menciona Silvia sobre su personaje literario.
“Ahorita me puse una meta: terminar la preparatoria. Si mis papás se preocupan porque si tengo buen promedio o no, ya no me importa. Me enfocaré en hacer bien mis trabajos, no me importará ya que me digan que no logré el resultado que quieren porque quien lo está haciendo soy y no ellos”, dice Judith, y agrega que sus padres siempre han sido demasiado exigentes con ella, que jamás ha logrado tenerlos conformes. “Mi segundo propósito es entrar a la universidad, quiero estudiar administración de empresas porque detesto que me den órdenes”.
Judith B., raptada en Tlaxcala, Tlaxcala, rescatada en Ciudad de México, observa las calles desde una ventana.Retrato de Judith B., raptada por las redes de tratantes en Tlaxcala, Tlaxcala el 8 de enero del 2018 y rescatada en la Ciudad de México un día después.Judith B., tomada de las manos de su madre y padre.
Actualmente existen pocas organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas con vida, la Red Retoño es una de ellas y mantiene sus actividades en los estados del centro y sur del país por la alta incidencia de este delito en la zona.
“Hago esto porque soy mujer, porque las mujeres de mi familia, muchas de ellas fueron obligadas al matrimonio forzado desde los 11 años, es una forma de violencia muy parecida a la trata, y porque siento un compromiso social de vida con otras mujeres. Sé que la transformación de mi realidad por el hecho de ser mujer implica tener que participar en la erradicación de este tipo de violencia, el hecho de que le suceda esto a estas niñas es como si me lo hicieran a mí y al gente que quiero. Incluso este lema de ‘si tocan a una nos tocan a todas’ parece eslogan pero en realidad es trascendente: cuando lastiman a una mujer, a una niña, la siguiente puedes ser tú, tu hija, tu nieta”, comenta Miriam Pascual sobre la labor que realiza.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideraron “inaceptable” que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quede bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por lo que exigieron que la operación del órgano esté a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los colectivos que integran el Movimiento acusaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de haber roto los acuerdos que habían pactado los colectivos de familiares con el gobierno federal durante la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al propio Navarrete Prida, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación”, el Movimiento recordó que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, se considera a la CNB como un ente que “va más allá del ámbito federal y más allá de las tareas de seguridad pública”.
Igual destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgaría facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
“Lamentamos profundamente que el secretario de Gobernación haya roto los compromisos asumidos anteriormente por esa secretaría y que, de forma unilateral, haya decidido debilitar orgánicamente a la entidad responsable de encarar el reto más importante de México en materia de derechos humanos”.
Al recordar que durante la elaboración de la ley hubo estrecha comunicación con la sociedad civil, los colectivos consideraron que, “con su decisión, el secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y de la sociedad civil”.
Los integrantes del Movimiento exigieron “se respeten y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la CNB funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté inscrita al secretario de Gobernación, al nivel de la propia CNS, no por debajo de ella”.
Al descartar que dadas esas características no se justifica el argumento del gobierno federal de adscribir la CNB a la CNS, debido a que este último está encargado de coordinar “el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública federal”, advirtieron que la ley general establece que la primera tiene como objetivos “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas o involuntarias celebró la entrada en vigor, este martes 16 de enero, de la Ley General en materia de desaparición forzada en México.
En un comunicado de prensa, expertos en derechos humanos de la ONU aseguraron que la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas podría dar una vuelta de página a la grave situación que enfrenta México en esta materia, así como iniciar un camino hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas de este delito.
Los expertos resaltaron que es fundamental garantizar una búsqueda eficaz e inmediata de las personas desaparecidas, que es el principal reclamo de las familias que buscan a sus seres queridos.
Los expertos también señalaron que la implementación de la ley debe ser transparente e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas.
Además, aseguraron que la creación de fiscalías especializadas puede dar lugar a estrategias eficaces de investigación para terminar con la impunidad relacionada con la desaparición de personas en el país. “Si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, expresaron.
Finalmente, el grupo de trabajo de la ONU reconoció que en el proceso legislativo el Estado mexicano garantizara la participación de las familias de personas desaparecidas y otros grupos de la sociedad civil.
Un sujeto atendió el teléfono. Dijo que se lo habían vendido y cortó la comunicación. Era el número Ángela Vázquez Bautista, una menor de 16 años, que fue vista por última vez por su familia cuando abordó una unidad de transporte público el 1 de septiembre del 2017 en el municipio de Ensenada, en Baja California.
“Le daría un abrazo. Un gran abrazo. Porque todas la mañanas nos acompañábamos. Lo único que miraba era su rostro. Ella se iba en el micro y yo me iba solo [a casa]. Me siento bien orgulloso de ella. Y la quiero de vuelta. La seguiré esperando aquí, donde me dejó, aquí voy a estar”, dijo su padre, Guillermo Vázquez, a este diario digital.
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Guillermo asegura que esperará en la parada de microbús desde la que vio partir a Ángela Vázquez Bautista, su hija, el 1 de septiembre de 2017 rumbo a la escuela en el municipio de Ensenada, en Baja California. La menor no regresó ese día ni lo ha hecho hasta la fecha, más de un centenar de jornadas después.
Ángela se levantó ese viernes –1 de septiembre– y se dirigió al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 146 en el ejido Padre Kino, en San Quintín, Ensenada, Baja California. Entró a clases, aseguraron sus compañeros y maestros. Normal. Sin embargo, su familia se quedó esperándola ese tarde en la colonia Nueva Era.
“Yo la acompañaba en la mañanas a subirse al micro. Ella nada más se bajaba [al llegar], cruzaba la carretera y ahí está el CBTA. Igual de regreso. Los chamacos se trepan al micro en bola. Siempre la esperábamos. Siempre estábamos esperando que pasara el micro [en el que llegaba de la escuela] porque sabíamos que llegaba a la hora. Nunca se retrasó, nunca salía sin decir. Nunca se desviaba. Siempre, siempre hacía lo correcto, por eso me desesperé mucho”, relata Guillermo, el papá, en entrevista con SinEmbargo.
El hombre se trasladó al colegio lo más rápido que pudo. Ingresó, buscó, pero le fue imposible localizarla. Entonces llamó a una patrulla y notificó a las autoridades del municipio gobernado por Marco Novelo.
Vázquez Bautista tenía 16 años el día en que desapareció. Su familia, a la fecha de corte de este texto, sólo tiene una llamada, dichos de lugareños y ausencia de respuestas por parte de los encargados de la investigación. El caso se encuentra desapercibido como miles más.
“No hay que rendirnos. Hay que buscar a estas chicas que han desaparecido. Que la esperanza no muera”, dijo al respecto Yuri Hernández, del Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México.
Familiares de Pamela Gallardo, quien lleva 17 días desaparecida pidieron ayuda los asistentes al festival SOULTECH, al que fue la joven, para que compartan todas las fotografías que se hayan tomado dentro del terreno, para tratar de encontrarla.
Pamela desapareció el pasado 5 de noviembre tras asistir a un concierto de música electrónica en la zona del Ajusco.
Esteban Gallardo, hermano de Pamela, dijo que el novio de la joven confesó que discutió con ella durante el evento, razón por la que ella se alejó de él para formarse en al área de los camiones que ofrece el evento. Esa fue la última vez que la vio aquella noche.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), María del Carmen, madre de Pamela, pidió las imágenes para tratar de encontrar a Pamela y tener algún indicio sobre sobre el rumbo que tomó la joven en el lugar. Al mismo tiempo comentó: “a las autoridades y al gobierno no les importa que desaparezca una más, pero yo no dejaré de buscar a Pamela, no quiero que pasen años sin encontrar a mi hija”.
Por su parte la abogada Karla Michel Salas y David Peña, de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes acompañaron a los familiares de Pamela, criticaron el accionar de las autoridades por la manera en que han dirigido la indagatoria.
Pese a los más de 30 mil desaparecidos en México, la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Familias desesperadas y expertos llama a darle luz verde aunque presente deficiencias– como una Comisión Nacional de Búsqueda no desconcentrada y sin presupuesto propio, la falta de asignación de responsabilidad de la cadena de mando en las desapariciones– ya que ven un primer avance para dejar de buscar a sus seres queridos a ciegas.
“Con esta Ley se podría hacer mucho por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen. Estos delitos están impunes porque no quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros servidores públicos los que los desaparecen”, asegura Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.
Ciudad de México, 17 de septiembre(SinEmbargo).-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene lagunas, pero aún así sería un instrumento para buscar y dar seguimiento a las personas desaparecidas en el país, aseguraron familiares de víctimas y expertos a SinEmbargo.
Hasta el momento los padres y madres de personas desaparecidas en México buscan a sus seres queridos casi a ciegas: a expensas de que las fiscalías quieran trabajar y darle celeridad a los casos. Atados de manos ante el Ministerio Público, luchan, no sólo por encontrar a sus familiares, sino contra la corrupción y la impunidad.
Luego de instalar el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, los diputados tienen en la agenda discutir la Ley General en materia de Desaparición Forzada durante los últimos meses de este año.
Con la Ley– que ha estado en la congeladora de la Cámara de Diputados dos años y que ya fue revisada y discutida entre los familiares y los senadores de Congreso de la Unión– se abriría una ventana para frenar las malas prácticas de las autoridades al generar mecanismos más eficientes de búsqueda, dijo Pablo Reyna Esteves, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.
“Con los avances que tiene se permite a las familias tener un cierto marco que les permita salir a buscar y seguir exigiendo que las autoridades respondan. Hay una posibilidad de buscar, generar avances para que en los distintos estados del país las víctimas y los colectivos puedan seguir presionando a su gobiernos, ministerios públicos y fiscales para que hagan el trabajo con la debida protección en la búsqueda de miles de personas que están desaparecidas”, dijo el investigador.
Pablo Reyna explicó que entre algunos de los puntos débiles que tiene la Ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no está planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.
“Eso es una de las limitaciones. Tampoco está claro en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de desaparición y desaparición forzada”, añadió.
Es decir la Ley no plantea la responsabilidad de miles de autoridades involucradas en la cadena de mando en la desaparición de personas perpetrada por distingas corporaciones policiacas.
“Es tal la crisis tan generalizada y sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México, que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera eventualmente agregado. Sin embargo, es imperante, urgente que se apruebe ya como está”, precisó.
El Estado de México, entidad gobernada por Eruviel Ávilla Villegas, se ha convertido en una de las más violentas, es líder en homicidios dolosos, feminicidios, e incluso robos a traseúntes y autos. Esta semana tres mujeres fueron asesinadas, dos de ellas, registraron abuso sexual antes de su muerte.
En los primeros cinco meses y medio del año, 112 mujeres del Estado de México han sido asesinadas por ser mujeres. Aunque desde 2015 la SCJN determinó que las autoridades investiguen con perspectiva de género y sin discriminación todas las muertes de este tipo, de los 626 casos ocurridos en la entidad durante 2016, solo 296 de ellos (el 47 por ciento) fueron investigados como feminicidios.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Tres mujeres fueron asesinadas en el El Estado de México en una semana: una era estudiante de medicina, una más estaba reportada como desaparecida y también había una menor de 11 años; dos de ellas registraron abuso sexual antes de su muerte.
El primer caso se registró el pasado el pasado 26 de julio, en la colonia San Mateo Cuautepec, en Tultitlán, cuando Rosa Analí Aparicio Vega, estudiante de 23 años de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, fue asaltada por sujetos armados que la interceptaron mientras ella se dirigía a su internado en un hospital de la zona.
En otro hecho, el pasado viernes, la joven Mariana Joselín, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida tras salir a la tienda, fue localizada sin vida y con señales de abuso sexual al interior de una carnicería en el municipio de Ecatepec.
El cuerpo de la joven, quien presentaba problemas de epilepsia, tenía heridas de arma punzo cortante en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen.
Tras las protestas de vecinos y familiares, las autoridades dieron a conocer la identidad del presunto asesino identificado como José de la Cruz, alias “El Güero”, quien trabajaba como ayudante en el local y desde ese día se encuentra desaparecido, por lo que autoridades ya lo buscan.
El último caso ocurrió ayer sábado. Los cuerpos de una niña de 11 años y su padre fueron encontrados enterrados en el interior de su casa en la colonia San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecamac.
De acuerdo con información del periódico local A Fondo Estado de México, durante la madrugada del sábado una llamada anónima reportó a las autoridades del estado sobre el olor putrefacto que se desprendía de la casa perteneciente al hombre desaparecido desde el 23 de julio, Roberto Martínez Ledesma.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Mexico (FGEM) confirmó el hallazgo de los cuerpos de el padre de 58 años de edad y su hija Emily. Los cadáveres fueron enterrados con cal y arena, y con rastros de que fueron quemados parcialmente.
Desde el pasado domingo comenzó el calvario para sus familiares, quienes narraron que tras una fiesta en la casa de Roberto, su hija y él se fueron a dormir después de que los invitados se fueran.
Al siguiente día, cuando la madre de Emily fue a buscarla, se encontró con un desgarrador escenario. La casa estaba vacía y en el inmueble había rastros de sangre en uno de los cuartos.
La familia procedió a iniciar una denuncia registrada con el folio SABEN/879/2017 de Alerta Amber por la menor y una más en Odisea por la desaparición del padre. Además, junto con vecinos, bloquearon la carretera México Pachuca para exigir a las autoridades el apoyo en la búsqueda.
Uno de los implicados en el caso fue el primo de la menor, quien fue el último en verlos con vida antes de dejar la fiesta. El familiar que responde al nombre de Freddy dijo al principio de la investigación que uno de los asesinos intentó secuestrarlo al salir del lugar de la celebración. Sin embargo, ya detenido por las contradicciones en su declaración, confesó al hermano de Emily que él fue quien saltó la barda de la casa y dio acceso a los cuatro hombres que mataron a su padre y a la pequeña.
También declaró que vio cómo los hombres asesinaron a Roberto y abusaron sexualmente de la menor. Según su versión, Freddy tuvo un momento de arrepentimiento e intentó encender una camioneta para atropellar a los sujetos pero no lo logró. Ver nota completa
