Fotos: Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara
Rarámuris de la comunidad La Laguna, municipio de Bocoyna, fueron desalojados por policías estatales del sitio en el cual se encuentra una llave del gasoducto Encino-Topolobampo, donde protestaban por un acuerdo desventajoso con la empresa TransCanada.
Los agentes desalojaron el sábado un plantón en el que participaban hombres, mujeres y niños, dio a conocer la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara. El organismo acusó al gobierno estatal de uso excesivo de la fuerza y de incumplir el compromiso de apoyar las demandas de la comunidad indígena.
Los inconformes aseguraron que TransCanada, operadora del gasoducto Encino-Topolobampo que pasa por Cusihuiriachi, Carichí, Bocoyna, Urique y Guazapares, entre otros municipios de la Sierra Tarahumara, además de Santa Isabel, Gran Morelos y Chihuahua, realizó una consulta ‘‘simulada’’ e hizo compromisos con representantes ejidales mestizos.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Organizaciones denuncian que el 14 de marzo, alrededor de las tres de la madrugada, un grupo de paramilitares vestidos de civiles –entre ellos policía estatal y municipal– reprimió y desalojó a profesores que mantenían un plantón en los arcos del palacio de gobierno mexiquense.
Mencionan que el plantón ha sido de carácter educativo y social, a raíz de las necesidades que hay en 13 escuelas preparatorias “Forjadores de la Patria” y seis centros de la “Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl”, que demandan construcción, reconstrucción (escuelas completas que fueron afectadas por los pasados sismos), pago a más de 60 profesores, mobiliario, equipamiento, laboratorios de computación y ciencias y canchas deportivas.
Hacen un llamado al gobernador del Estado de México para detener la escalada represiva en contra de las organizaciones sociales de derechos humanos.
Participan: Integrantes de las organizaciones convocantes
Convoca:
Centro de Estudios Karl Liebknecht, Dialogo de los Pueblos de Chiapas, Coordinadora Estatal de Organizaciones Sociales del Estado de Oaxaca, OCEZ – ONPP, Organización Campesina Emiliano Zapata, OCEZ- CNPA. Organización Campesina Emiliano Zapata, Momare Región Sección 7 y 40 Movimiento Magisterial en Resistencia, Frente de Organizaciones Sociales del Estado de Chiapas, Unión de Colonias Populares de Chiapas, Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, Redescam Chiapas, Organización Revolucionaria de Oaxaca, FPFV, COCEI, CND-SNTE.
La cita: Marte 20 de Marzo de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes será la segunda noche en la que 15 familias pertenecientes a una comunidad mazahua y otomí pernocten en unas canchas de basquetbol del Jardín Ramón López Velarde, en la colonia Roma, a falta de diálogo con autoridades del gobierno local y delegacional.
Y es que, mientras representantes de la delegación Cuauhtémoc aseguran que no hay espacio suficiente para que la comunidad entera se resguarde en algún albergue y que la reubicación no es una tarea para la cual está facultada, el gobierno de Miguel Ángel Mancera retrasó los avances en materia de construcción de vivienda que ya se tenían pactados con los indígenas desde hace siete años y por el que han luchado desde 2010, según denunciaron.
El recorrido por el que han atravesado cerca de 70 otomís y mazahuas –40 niños y 30 adultos– empezó una vez que fueron desalojados el domingo 19 por la tarde de una propiedad privada ubicada en Torres Adalid 1953, donde apenas permanecieron un mes y 20 días.
Supuestamente, el inmueble que ocuparon tras ser desalojados por primera ocasión de Durango 119, en la colonia Roma, se los consiguió una organización no gubernamental a principios de octubre, pero ya será utilizado por los dueños, narró en entrevista para Apro Lázaro García, otomí y vocero de la comunidad.
De acuerdo con su versión, luego del movimiento telúrico de septiembre, el inmueble que habitaban en la calle Durango, desde el 2000 y en condiciones de irregularidad, fue catalogado en color amarillo, pues presentó daños en su cimentación.
Según el Formato de Inspección Postsísmica que elaboró el arquitecto Jesús Romero Escobar y el ingeniero civil Lázaro Mejía Pérez el 28 de septiembre, el inmueble en la colonia Roma sufrió grietas en muros en un 10% y necesita reforzamiento “urgente” en su cimentación.
Por esa razón, la mitad de familias vivió por 15 días en la banqueta inmediata a su inmueble, a ras de piso y la otra mitad, en dos albergues en Durango 54 y Colima 70, mismos que ya fueron desintegrados.
Los mazahuas y otomís son migrantes –en su mayoría oriundos de las comunidades de Santiago Mezquititan, en Querétaro, y San Pedro El Alto, en el Estado de México– que desde hace varios años dejaron sus pueblos por falta de trabajos bien remunerados y las condiciones pobreza en que vivían, comentó Lázaro García.
Desde su llegada a la capital han luchado por obtener una vivienda digna. Apenas en 2010 obtuvieron la expropiación del predio por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), pero los trabajos se detuvieron a falta de recursos.
Para su proyecto de construcción de vivienda de interés social se estimaron entre 10 y 12 millones de pesos.
Violentando un amparo y actuando fuera de la jurisdicción estatal, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, ordenó el desalojo del plantón que ciudadanos mantenían a la entrada de la empresa cervecera Constellations Brands en vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad.
La noche del viernes, policías estatales y municipales irrumpieron de manera violenta en el plantón con el fin de permitir el ingreso de seis tanques de 30 toneladas a las instalaciones de la cervecera de origen norteamericano. Dichos depósitos llevaban nueve días varados en la carretera federal.
Ese mismo día por la mañana, la maestra y activista Alma Aracely Piña obtuvo el amparo 425/2017 que la protegía contra una posible detención; sin embargo, el gobernador ordenó el desalojo por la noche, violentando la protección de que gozaba la maestra, detenida junto con Gerardo Durán y Juan Manuel González, los tres miembros de la agrupación Mexicali Resiste.
Además, Vega de la Madrid ordenó actuar a la policía estatal en zona federal aun cuando las corporaciones no están autorizadas para hacerlo en la carretera federal, lugar donde se ubica la cervecera y donde estaban los integrantes de Mexicali Resiste.
Los tres detenidos fueron liberados la tarde del sábado 23. Sus abogados defensores, a quienes además se les impidió el paso para que hablaran con sus defendidos durante la noche y madrugada de hoy, anunciaron que presentarán una denuncia por abuso de autoridad, ya que recurrieron a la violencia contra los manifestantes quienes en ningún momento, aseguran, opusieron resistencia ni agredieron a los policías.
En la mañana del 28 de marzo, un centenar de policías estatales desalojaron a más de 200 indígenas tsotsiles desplazados del municipio de Chenalhó cuando bloqueaban la carretera de cuota entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez para botear y exigir al gobierno que garantice el retorno de unas 80 familias a su comunidad. El operativo dejó un saldo de 14 civiles lesionados y, según las autoridades de 13 uniformados.
Javier López Sántiz, representante de las 241 personas originarias del Ejido Puebla que se encuentran desplazadas desde el 27 de mayo de 2016 debido al conflicto post-electoral en Chenalhó, denunció que “estábamos los 241 desplazados, entre hombres, niños y mujeres, algunas embarazadas, y nos lanzaron gases lacrimógenos; tenemos cuatro lesionados: Pedro López Méndez, Alberto Hernández Méndez, Uvencio Arias Gómez y una niña, además de otros diez golpeados”.
Después de ser desalojados, las y los desplazados acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con sede en San Cristóbal de Las Casas. Después de los últimos hechos de violencia en la cabecera de Chenalhó a principios del mes, las familias se trasladaron a esta ciudad hasta obtener las condiciones para su retorno.
Indígenas tsotsiles de Chenalhó, desplazados de la comunidad Puebla, fueron desalojados esta mañana del kilómetro 46 en la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo, luego de que instalaron un bloqueo para botear y exigir al gobierno que gestione el retorno de unas 80 familias.
Desde muy temprano, hombres y mujeres se instalaron en esa vía que comunica a la zona Centro con la zona Altos del estado Chiapas, sin embargo, en el marco del operativo policiaco para poner fin a los bloqueos de carretera como lo demandaron cámaras empresariales y prestadores de servicios turísticos, este martes los uniformados realizaron el primer desalojo.
Con gases lacrimógenos, los agentes liberaron el tramo para que pudieran pasar sin contratiempo los automovilistas, pero los indígenas, aunque huyeron, respondieron con palos y piedras esta embestida policiaca.
Unas 80 familias fueron desplazadas de la comunidad Puebla el 26 de mayo del 2016 por simpatizantes y seguidores de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, impulsada por el PVEM. Los expulsados son simpatizantes de Miguel Sántiz Álvarez, quien era el síndico y al que la población puso por varios meses como presidente municipal.
En la trifulca de ese día, murió Guadalupe Cruz Hernández, de 53 años, y la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años, cuando los médicos las atendían en Tuxtla.
