El Gobierno usa policías contra ciudadanos de Mexicali que se oponen a que cervecera les robe el agua

Foto: Víctor Medina/Cuartoscuro

Por Redacción/Sin Embargo

Los manifestantes tomaron un predio en el Rancho Mena, al este de Mexicali, para impedir que se iniciaran  las maniobras de excavación donde se instalará la cervecera, que pretende llevarse el agua de la ciudad. La respuesta del Gobierno fue enviarles policías. La empresa extranjera consumirá el agua de un pueblo en el desierto.

Mexicali/Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que se oponían a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, dejó al menos 10 heridos y cinco detenidos.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando los manifestantes tomaron desde temprana hora un predio en el Rancho Mena, al este de la ciudad, para impedir que se iniciaran  las maniobras de excavación donde se instalará la cervecera.

Al lugar acudieron policías que intentaron desalojar a los manifestantes para que la maquinaria pudiera entrar, sin embargo, se desató un enfrentamiento.

Mientras los uniformados portaban equipo antimotín, los civiles combatieron con piedras y agua desde un predio particular ubicado frente a la zona donde la maquinaria de Constellation busca concluir un ducto que conduzca el agua de la ciudad a la cervecera.

En un lapso de nueve horas, decenas de agentes estatales, municipales y ministeriales se enfrentaron con los manifestantes.

El saldo fue de cinco civiles y cinco policías lesionados, de acuerdo con los reportes de la Policía local.

Además, se informó que Jorge Benítez, José Luis Pozo, Juan Antonio Fregoso, Javier Guillén y Daniel Vejar fueron aprehendidos por daños y lesiones.

La empresa Cadena– que construye el acueducto– inició sus maniobras de excavación alrededor de las 17:00 horas.

Después del enfrentamiento, el Gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, informó que existen dos órdenes de aprehensión contra dos integrantes de los movimientos.

Ver nota completa

Desalojo violento del Zócalo suma 3 años de impunidad; autoridades bloquean las investigaciones

Foto: Cencos

Por Redacción/Animal Político

A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.

Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.

En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.

El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.

Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.

El laberinto de la impunidad

“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.

“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.

Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.

Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.

“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”

Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”

Ver nota completa

Interponen denuncia ante ataque contra ambientalistas en Toluca

Foto: Desinformémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Una de las víctimas del ataque a los defensores de 175 árboles en Toluca, estado de México, interpuso una denuncia por las agresiones sexuales, golpes, amenazas y robo de pertenencias que sufrió el pasado 11 de julio, cuando un grupo armado de alrededor de 30 hombres irrumpió en el campamento en el que hacían guardia los ambientalistas.

La mujer, identificada como D.E.G.A por motivos de seguridad, narró que la madrugada del martes tres camionetas se estacionaron junto al campamento ubicado en Paseo Tollocan, de las cuales se bajaron hombres con armas de fuego y punzocortantes para agredir a los integrantes del movimiento “Abracemos Tollocan”.

“A quienes se encontraban durmiendo, los sacaron de manera violenta de sus casas de campaña”, además de que “fueron sometidos boca abajo, golpeados y amenazados de muerte con armas de fuego, mientras se les despojaba de sus pertenencias y se destruía el campamento”, señaló.

La víctima que presentó la denuncia explicó que un par de hombres se abalanzaron contra ella y uno la pateó en el estómago, mientras el otro jaló su cabello e intentó tirarla al suelo.

Ver nota completa