El fiscal está ahí enfrente, sentado, con la cara dura. La pequeña, de cuatro años, quiere salir corriendo. La investigación para procesar a quien la abusó sexualmente le está resultando un trauma adicional. No entiende los tecnicismos del ministerio público, ni por qué está ahí intentando convencerlos de lo que pasó o de qué sirve todo eso.
Así reconstruye Analía Castañer, coordinadora del grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia (Atij), uno de los casos que el colectivo ha documentado, en el Estado de México, sobre lo que sucede cuando un menor se presenta a declarar sobre un abuso sexual sin acompañamiento especializado.
La historia de la niña no para ahí. Entre el miedo y los nervios se ha enredado mucho. Empieza a contar lo sucedido, pero ante las muchas preguntas, no puede seguir. Empieza a pensar que ese señor de enfrente no le cree y se calla. El fiscal concluye que la declaración es confusa e imprecisa y la investigación se cae. No hay castigo para quien la abusó, y ella sale de ahí como víctima doble: de una violación y de que las autoridades crean que ha sido capaz de inventar una mentira semejante. Ver nota completa
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 16 de marzo de 2017.
“Un crimen de Estado no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar a las investigaciones”, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala. Bajo esta premisa el funcionario ha dejado en claro su posición respecto de las 40 niñas fallecidas el ocho de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Para ser sincero, era de esperarse esta postura mediocre, pues el irónicamente llamado “hogar seguro” es dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en otras palabras, el desarrollo de este centro está ligado casi directamente con su cargo. Y aun cuando ya fue destituido el titular de la secretaría, Carlos Rodas, el presidente debería ser vinculado en los procesos judiciales.
Una pieza clave en las investigaciones deberá ser por qué cuando en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado información sobre las condiciones del centro y sobre las denuncias de trata, las autoridades nunca respondieron.
Este silencio representa una clara omisión por parte de las autoridades, pues de alguna forma la CIDH ya había puesto en el radar las condiciones que podrían estarse suscitando en este centro, mismas que lejos de atenderse fueron ignoradas.
Es necesario precisar que el término crimen de Estado, no se encuentra establecido en ningún tratado internacional, por lo que no existe un precepto que se tome como base para determinar si un hecho es o no un crimen cometido por el Estado, sin embargo, en este caso es evidente que quien corren a cargo del cuidado de las menores es una institución estatal, por lo que hay un vínculo claro sobre la responsabilidad.
Realizando un análisis sobre las funciones que realiza el centro, encontré que el objetivo es muy amplio y conjuga a menores que están sumergidos en problemáticas muy distintas, de acuerdo con la página web de la secretaria antes mencionada, la finalidad es dar “atención personas de entre cero y 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares”.
Nota: La Noticia En Guatemala
Bajo la premisa anterior, el solo hecho de estar internado en el “hogar seguro” podría significar una violación a los derechos fundamentales, ya que es casi imposible que las menores accedieran a atención especializada, por lo que su estancia se reduciría en una especie prisión.
En este sentido, la CIDH en su informe el derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas ha manifestado que “debido a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de instalaciones, en términos sanitarios, higiénicos, de seguridad y hacinamiento, que no son compatibles con el objetivo de protección y cuidado”.
Como sociedad es indispensable seguir de cerca estos hechos y solidarízanos, no porque se susciten en otro país debemos de dejar de exigir justicia y sanción a los culpables, el derecho de niñas y niños trasciende fronteras, no debe vivir una tragedia más.
Una denuncia anónima y la resolución de un amparo han puesto en evidencia graves violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes albergados en la Ciudad de los Niños en Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, las cuales han ocurrido con complicidades de autoridades e instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y el Registro Civil. El lugar de acogida ha recibido amplio respaldo de funcionarios y políticos en el estado y nivel federal.
La resolución del juicio de amparo indirecto con número 475/2016-VIII emitida por la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, puso al descubierto la situación que podrían vivir más de cien niños y niñas albergados en las cincos sedes de la Ciudad de los Niños en Salamanca. Según testimonios de los niños y funcionarios que obran en el expediente, es evidente que los menores acogidos han sufrido violencia física, sexual y sicológica que pone en riesgo su integridad, por lo que la juez federal pide que sean reubicados los internos de dicha asociación.
La juzgadora establece que han existido omisiones de las autoridades que han propiciado los posibles abusos. También, en su resolución, pide indagar al Ministerio Público si los apoyos recibidos por la organización a lo largo de los años, tantos de gobiernos como de particulares, han sido utilizados en la mejora de los centros o si hay desvío de fondos.
DENUNCIA ANÓNIMA
El once de marzo de 2016 se dio inicio a la carpeta de investigación a raíz de una denuncia anónima presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que viven en la casa hogar Ciudad de los Niños, Asociación Civil y desvío de fondo por parte de los encargados.
