Con acoso inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños han obligado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares.
Foto: Cencos
Supuestos dueños de departamentos que realizan mobbing(acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños que obligan a salir a inquilinos de la noche a la mañana bajo el argumento de que el edificio será remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma turística Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de México.
El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Político en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa María la Ribera y en la San Rafael.
El 20 de agosto, Carlos Acuña, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que tenía un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.
De acuerdo con Acuña, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel actúa en representación de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial Público Trabajo.
Los habitantes de la Ciudad de México cuentan ya con un marco legal para defenderse contra desalojos forzados: el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada este 8 de febrero.
La Ley fue publicada en el marco de la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la capital y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares.
Entre otras cosas, el artículo 60 establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.
En conferencia de prensa, este martes, realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum a hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.
Te presentamos cuatro breves testimonios de capitalinos que forman parte de las agrupaciones vecinales que, junto con defensores y académicos, buscan poner un freno al desalojo irregular, a los abusos de lo que llaman “cártel inmobiliario” y a defender su derecho a vivir en una ciudad para todos.
“Vivo en Emiliano Zapata 68. El 5 de septiembre fui desalojada de mi departamento teniendo una revisión de amparo. Yo le había dicho a la actuaria que había una revisión pero ella me dijo que eso no importaba y que ya tenía que llevar acabo el desalojo. Llegaron con 300 policías la actuaria y los cargadores. Pero yo sigo en la lucha, y estoy… pero con mucho miedo”
“Soy habitante de la Colonia Roma Norte. En nuestro edificio sufrimos las amenazas de desalojo. Hemos visto que hay violaciones sistemáticas al debido proceso: no fuimos notificados (…) y el año pasado nos dijeron: ‘en cinco días tienen que desalojar’ y nos dimos cuenta de que hay un manejo de las escrituras turbio en el Registro Público de la Propiedad. Logramos un amparo para permanecer en unos meses y vamos a persistir en esta lucha”.
“Fui desalojada del predio Querétaro 122. Fue un desalojo violento, sin que nos hubiéramos enterado. La mayoría de los vecinos estábamos fuera, na’más había una niña de 13 años, a quien violentaron estos golpeadores. Y después vino la Fedapur (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana) y puso sellos, indebidamente. Nosotros fuimos a las instancias legales, las cuales soslayan estas situaciones. Es toda una política de Estado que se desplace a la población más vulnerable hacia la periferia, porque los ricos, los inmobiliarios quieren los inmuebles”
En el predio de Turín 46 compartimos comunidades mazahuas y otomí. Somos afectados por la PGR, que en diciembre quisieron espantarnos para desalojarnos sin notificación. Dijeron que querían desalojarnos porque era un predio que estaba resguardado desde el 2012, entonces estamos en lucha para ver qué podemos lograr porque necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos y para nosotros.
Ciudad de México a 22 de noviembre de 2018.- El colectivo de Damnificados Unidos se manifestó el día de ayer a las afueras del Palacio del Ayuntamiento, donde se encuentran las oficinas de la actual administración de la CDMX para exigir que se publiquen los lineamientos para la reconstrucción de viviendas en las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, que a 14 meses del 19S siguen en la incertidumbre. Dichos lineamientos permitirán conocer la ruta de reconstrucción para viviendas, atención a grietas y les darán acceso al Fondo de Reconstrucción y al fideicomiso.
Tras protestar una hora, el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, salió a hablar con la organización de damnificados, quien les dijo que los lineamientos no se pueden publicar en la Gaceta a pesar que ya están listos, debido a que el Congreso de la Ciudad de México se encuentra discutiendo la nueva Ley de Reconstrucción, aparte de que deben contar con la revisión de la próxima administración de Claudia Sheinbaum. “Es de conocimiento de todos ustedes que se presentó una iniciativa de ley en el congreso mediante la cual se va a hacer una reforma a la Ley de Reconstrucción, hemos estado en comunicación y se esta previendo una reunión con el equipo de transición la próxima semana. Nos pidieron ellos revisar estos lineamientos a la luz de esta iniciativa de ley, para poder tenerlos listos la próxima semana” señaló el funcionario.
Ante tal declaración, que causó molestia en las y los integrantes de Damnificados Unidos, realizaron una caminata alrededor de la plancha del zócalo de la ciudad y después instalaron un platón a las afueras del edificio de gobierno, mismo que en cuestión de minutos fue resguardado por el cuerpo de granaderos de la Secretaria de Seguridad Pública. “Somos damnificados, no delincuentes” gritaban.
La organización civil TECHO pidió a un juez que el Inegi cuente los asentamientos irregulares y las condiciones de vida de las personas que los habitan, para propiciar el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda junto con otros derechos consagrados en la Constitución.
Foto: facebook.com/TECHOmexico
La organización civil TECHO interpuso un amparo para que una autoridad judicial obligue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a contar el número de asentamientos irregulares que existen en el país y las características de quienes los habitan.
“Ojalá no tuviéramos que recurrir a este tipo de medidas para tener esa información, pero el gobierno que va de salida nunca se interesó por el tema de los asentamientos. Esperamos que el nuevo gobierno sí lo haga, aunque no ha dicho nada sobre el punto de generar esa información”, explica Enrique Cano, director social de TECHO México.
Contar los asentamientos irregulares es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda de las personas que se ven obligadas a vivir en ellos, junto con otros derechos consagrados en la Constitución, considera la organización.
“Las causas estructurales que dan pie a los asentamientos informales son la baja oferta de suelo asequible y adecuado, sumado a los niveles de pobreza y desigualdad del país. Sin información no podemos avanzar en la construcción de un México más justo”, señala Cano.
TECHO, una organización latinoamericana con presencia en varios países que busca ayudar a superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos informales, ha denunciado que en México no hay la información mínima sobre estos asentamientos ni mucho menos sobre quienes los habitan: no se sabe cuántos asentamientos de ese tipo existen en el país, cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones y si tienen acceso a los servicios básicos.
Integrantes de organizaciones y movimientos sociales denunciaron que los habitantes del predio Dr. Rafael Pascasio Gamboa, ubicado en el municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, han sido agredidos y hostigados por parte de policías municipales y estatales, y además informaron que detrás del acoso se encuentran los propietarios de terrenos que colindan con el predio y que quieren apropiarse de él.
En conferencia de prensa el 11 de octubre, los integrantes de las organizaciones explicaron que una brigada civil de observación –que salió de la Ciudad de México– acudió al predio para documentar durante el 7 y 8 de octubre la situación de hostigamiento.
Informaron que en dicho predio viven 49 familias, las cuales tuvieron que asentarse ahí ante el riesgo de que los cerros se desgajen por las lluvias. “Lo que hacen es un acto de supervivencia: edificarse en una zona de menos peligro, pero no están invadiendo ningún terreno, puesto que es un terreno que es bien nacional”, explicaron.
El predio Dr. Rafael Pascasio Gamboa tiene una superficie de 184 hectáreas, y colinda con el estado de Tabasco. El 21 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de terreno nacional. Sin embargo, propietarios de terrenos colindantes han invadido este predio, apoyados –según los miembros de la brigada– por policías municipales de Ixtapangajoya, Chiapas y Teapa, Tabasco, y por policías estatales de las dos entidades federativas.
Rafael Darío Calzada Balboa, explican en un comunicado de prensa, se hace pasar por propietario de un manantial de donde se abastece de agua la comunidad, “privilegiando el líquido para los animales… amedrentando a los habitantes y cercando límites dentro del área deslindada como terrenos nacionales”.
Por su parte, otro propietario de la zona, Carlos Resendez, ha invadido parte el predio Dr. Rafael Pascasio Gamboa, donde ha sembrado palma africana. La brigada dio a conocer que en este espacio “el mes pasado personas vestidas de civil realizaron disparos al aire con la intención de amedrentar e intimidar a la población solicitante de tierras… Resendez se ha presentado a la comunidad acompañado de elementos policiacos de Teapa y Tabasco ante la actitud omisa del gobierno municipal y estatal en su responsabilidad de brindar seguridad a esta comunidad”.
Resendez, dijeron, ya amenazó diciendo que “así corriera sangre, esas tierras iban a ser de él”.
Foto: CortesíaFoto: Cortesía
La brigada además documentó que las 122 personas asentadas en el predio no tienen acceso a servicios básicos, como electricidad, salud y educación. “Aquí se está violando lo más elemental que debemos tener los seres humanos; se está violando, y lo están permitiendo las autoridades”, acusaron.
Además de exigir el alto al hostigamiento y agresiones a los pobladores del predio Dr. Rafael Pascasio Gamboa, los integrantes de la brigada pidieron la “libertad plena” de Julio César Carrera, Cornelio López, Marcos Martínez, Pedro Muñoz y María Luisa Ruiz, habitantes del predio que actualmente se encuentran en libertad bajo caución.
También exigieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, bajo la figura de ejido, regularice el predio en beneficio de los pobladores. Y a las autoridades, que protejan el derecho a la vivienda y a la integridad personal de las familias afectadas.
Los miembros de la Brigada Civil de Observación informaron que presentarán un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que documentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante las comisiones estatales de Derechos Humanos de Chiapas y Tabasco.
Las más de 300 muertes y los miles de bienes inmuebles –entre casas, escuelas y edificios históricos o culturales– que fueron dañados o declarados pérdida total después del terremoto que sacudió a México el pasado 19 de septiembre pueden entenderse no sólo como consecuencia de un fenómeno natural. También son el resultado de la acción u omisión de autoridades que antes y después del sismo incrementaron el riesgo para los mexicanos al permitir la construcción irregular de proyectos inmobiliarios, al no brindar información oportuna o al no cumplir con sus obligaciones en las labores de prevención, rescate y asistencia.
El martes 19 de septiembre, después de la gran sacudida, el primer impulso de miles de mexicanos fue ayudar a que el otro se mantuviera en pie, a que recobrara la respiración, a organizar el tránsito y, lo más urgente: a buscar vida entre los escombros.
Sin embargo, las preguntas no tardaron mucho en llegar: ¿Qué permitió que se desplomara el colegio Enrique Rébsamen, sepultando a niños y adultos? ¿Por qué no se detuvo la construcción de un helipuerto ilegal en la colonia Condesa, construcción que ahora deja sin hogar a decenas de familias? ¿Por qué es tan difícil conseguir herramientas necesarias en los lugares de rescate? ¿Cómo se explica el desastre?
En los días posteriores al sismo, medios nacionales e internacionales han narrado la negligencia de las autoridades al documentar irregularidades en los permisos y construcción de inmuebles, al recabar testimonios de vecinos que durante décadas reportaron daños en edificios sin obtener respuesta; al contar cuál ha sido la reacción de los gobiernos federal y locales ante la tragedia. Aquí citamos algunos de esos trabajos.
México escatima en prevención
En México el presupuesto destinado a la prevención y atención de desastres ha disminuido en los últimos años, limitando con ello las posibilidades para evaluar riesgos, implementar sistemas de alerta y responder ante fenómenos naturales.
Según reporta el periodista Gabriel Stargardter, de la agencia Reuters, el presupuesto de 2017 recortó el financiamiento para proyectos contra desastres en 25 por ciento, mientras que el presupuesto destinado a Protección Civil se redujo 7.4 por ciento en un año. El Centro Nacional de Desastres (Cenapred) recibió 20 por ciento menos presupuesto entre 2012 y 2016, “lo que afectó el mantenimiento de su atlas de riesgos”, aseguró un funcionario que pidió no mostrar su nombre.
Estos recortes contrastan con el incremento del gasto en publicidad oficial durante la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto: en tres años ha incrementado pasando de 8 mil 154 millones de pesos en 2013 a 10 mil 699 millones de pesos en 2016. En este periodo, el presupuesto total destinado a anuncios en medios de comunicación asciende a 37 mil 752 millones de pesos. Esta cifra, informa Sin Embargo, equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en sólo dos años: 2015 y 2016; y además serviría para la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes sismos, cuyo costo se estima en 38 mil millones de pesos.
Sin Embargo cita el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016” de Fundar, que detalla que la actual administración se ha caracterizado por el sobreejercicio presupuestal también en otros rubros. Este sobreejercicio ha llegado a ser en tres años 71.86 por ciento más de lo aprobado originalmente por la Cámara de Diputados.
Aunado a lo anterior, la presidencia de la República Mexicana recibió críticas en redes sociales cuando el miércoles pasado publicó en su cuenta de Twitter (@PresidenciaMX)una invitación para que los ciudadanos donaran casas de campaña, lonas, cobijas y colchonetas, entre otros artículos, para las personas afectadas por el sismo. La indignación del público se dio porque en los días anteriores ha sido la sociedad organizada la que ha abastecido los centros de acopio, albergues y lugares de derrumbe, incluso de herramientas especializadas para las brigadas de rescate, cuando se trata de una obligación del gobierno.
Imagen: @PresidenciaMX
Irregularidades en diferentes construcciones
Uno de los derrumbes en la Ciudad de México que más impactó a la población fue el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, ya que en él se registró la muerte de 26 personas, 19 de las cuales eran niños.
Aristegui Noticias recogió que Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, denunció penalmente a dos ex directores jurídicos por permitir modificaciones irregulares en el colegio, y por no actuar frente a una orden de demolición del cuarto piso. Uno de ellos, Alejandro Zepeda, debió clausurar las obras que se hicieron en la casa construida sobre la escuela, cuya propietaria era la directora del colegio, Mónica García Villegas, pero no lo hizo.
La actual delegada aseguró que las modificaciones que se llevaron a cabo en el edificio dañaron al inmueble y lo hicieron inestable, eso según un análisis técnico fechado el 8 de noviembre de 2013.
En una nota de Animal Político se detalla que en otro de los edificios más dañados, ubicado en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, se construyeron tres pisos más (dando como resultado un total de seis) pero con losas que tienen dos bases de concreto y una cama de arena, de un espesor total de 60 centímetros, cuando lo regular es que el espesor sea de entre 10 y 14 centímetros. El peso en exceso de las losas provocó que el edificio colapsara y que hasta el día de hoy no hayan sido rescatadas en su totalidad las personas atrapadas en el inmueble.
En la colonia Condesa, aledaña a la Roma, vecinos denunciaron que desde hace meses habían pedido la intervención de las autoridades ante la construcción de un helipuerto ilegal que no contaba con permisos de la delegación. Los vecinos, que habían solicitado no sólo la clausura de la obra sino su demolición, ahora tienen que abandonar sus hogares, los cuales se encuentran en los edificios aledaños, luego de que éstos fueran golpeados por el inmueble en el que se encuentra el helipuerto y estén en riesgo de colapso. La consecuencia del caso, recogido por Animal Político, es que ahora decenas de familias se encuentran sin hogar.
Además de estos inmuebles, otros edificios ubicados en la Ciudad de México fueron aprobados sin licencia o con irregularidades. En algunos casos, la información sobre cómo se edificaron y cuáles son las posibles fallas no se ha dado a conocer.
Tal es el caso del inmueble que alberga al Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, en donde cayeron puentes que conectaban diferentes edificios, provocando la muerte de cinco estudiantes. Luego de la falta de respuesta a padres de familia y estudiantes durante días, las autoridades académicas finalmente emitieron un comunicado el jueves 28 de septiembre, en el que informaron de la creación de un grupo de expertos para aclarar las causas de los daños en la infraestructura, sin embargo, reporta Proceso, por el momento las autoridades no difundirán el nombre de la o las constructoras involucradas en la edificación de dichos puentes.
Ausencia y ayuda que no llega
Iniciativas como @Verificado19S y @comoayudarmx –esfuerzos 100 por ciento ciudadanos– han servido a la sociedad para comunicar qué recursos (tanto humanos como materiales) hacen falta en cada punto de ayuda, ya sea en centros de acopio, albergues y zonas de desastre, en la Ciudad de México y en otros estados afectados por el sismo. Estos proyectos han servido para conectar a las personas que necesitan ayuda con quienes pueden ayudar, y para canalizar el apoyo de forma más ordenada y específica.
Dentro de este intercambio y comunicación el gran ausente ha sido el gobierno, que en principio tiene la obligación de proveer, con recursos públicos, de insumos a representantes del gobierno y a la sociedad civil para las labores de rescate y asistencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. Los recursos materiales y gran parte de los humanos los ha puesto la sociedad civil organizada.
El jueves 28 de septiembre, miembros de la iniciativa @Verificado19S publicaron en Twitter que al solicitar herramientas al gobierno de la Ciudad de México, como clavos y triplay, la respuesta ha sido nula. También calificaron la reacción del gobierno ante la emergencia como mala y lenta, y le exigieron rendición de cuentas por “su ineptitud y por los edificios nuevos que cayeron”.
Twitter @spatargo
En otras regiones del país los ciudadanos denunciaron que las autoridades locales han obstaculizado la entrega de apoyo que proviene de voluntarios o que la han condicionado a militantes.
Una de las primeras quejas surgió en el estado de Morelos, de donde se dijo que el gobierno de Graco Ramírez no permitía que la ayuda fuera entregada por voluntarios sino que tenía que ser de manos de funcionarios, por lo que el apoyo que llegaba era desviado hacia bodegas del DIF estatal. En Puebla se denunció que la ayuda llegaba condicionada a militantes o que no llegaba por la falta de organización.
El camino a la reconstrucción
A las personas damnificadas por el terremoto se les otorgarán “apoyos” para la autoconstrucción, monederos electrónicos para adquirir materiales de construcción y para casas con daños parciales, y de créditos especiales para reponer o construir viviendas dañadas, informó el presidente Enrique Peña Nieto. También dijo que los recursos provendrán del gobierno y del sector privado.
En la labor de reconstrucción, asegura el abogado Carlos Luis Escoffié Duarte, habría que apuntar que ésta no debe abordarse como “apoyo” o “ayuda”, como ha sido expresado por diferentes autoridades, sino que debe asumirse desde una labor de reparación integral.
Escoffié Duarte apunta que “existen elementos para sospechar que muchos de los daños a las viviendas no fueron producidos por el terremoto, sino por las violaciones a los estándares en materia de derecho a la vivienda, cometidas tanto por particulares a la hora de construir como por las autoridades que –sea por incapacidad, descuido, negligencia o corrupción– no ejercieron los controles necesarios para garantizar que los encargados de construir garanticen la seguridad del inmueble y de la gente que habitaría en ellos”.
Por eso, en uno de los aspectos fundamentales es la exigencia de estudios que ayuden a determinar lo que pasó, así como de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por parte de las autoridades, para que quienes han sido afectados en diferentes formas tengan acceso a la reparación integral y se materialice su derecho a una vivienda digna.
Además, es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención y respeto a las normas para que en el futuro se pueda evitar no sólo la pérdida de bienes materiales, sino sobre todo de vidas humanas.
