La campaña “Nosotras con la información” de ARTICLE 19, lanzada el pasado jueves, tiene como objetivo promover el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas en Chiapas, Yucatán y Oaxaca, por medio de videos animados y cápsulas de radio en cinco lenguas originarias.
En los materiales se habla de la importancia de la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas, además del derecho de las víctimas de violencia sexual a contar con información suficiente, completa y en su propio idioma.
Es responsabilidad de las instituciones de todos los niveles y de los organismos garantes del derecho a la información promover políticas de transparencia proactiva que hagan disponible esta información a mujeres indígenas.
Relatores especiales de la ONU están preocupados por los posibles impactos del Tren Maya para las comunidades indígenas, que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en cinco estados.
Imagen tomada de la página web www.trenmaya.gob.mx
Varios relatores especiales de Naciones Unidas enviaron al gobierno de México un documento en el que exponen su “grave preocupación” por los eventuales efectos negativos de la construcción del Tren Maya en las comunidades indígenas. Señalan, entre otros aspectos, que los estudios de impacto ambiental son inadecuados, que la consulta a los pobladores no cumplió con los estándares internacionales y que los activistas que se oponen al megaproyecto son objeto de ataques. Cuestionan además la participación de las Fuerzas Armadas en la realización de esta obra en territorios indígenas, lo que, advierten, puede derivar en violaciones a los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Relatores especiales de la ONU expresan su “grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas, que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo’’.
En un documento enviado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que este semanario tuvo acceso, señalan: “Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”.
Ciudad de México. Por temas relacionados con irregularidades en centros de reclusión estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación y dio inicio a una nueva indagatoria.
En el primer caso, le dirigió la Recomendación 27/2020 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, por un caso ocurrido en 2018 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit, donde se aplazaron por 15 meses los estudios y tratamiento médico especializado contra el cáncer que padecía un interno, lo que se violó su derecho a la salud.
En un comunicado, la CNDH explicó que el 13 de diciembre de 2018, un reo del Cefereso de Nayarit, fue valorado por especialistas en Oncología Quirúrgica luego de advertir que presentaba malestares relacionados con un abultamiento en región suprapúbica.
Foto: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Ciudad de México. Para los familiares de las miles de personas desaparecidas que hay en México no hay lugar a dudas: es posible enfermar gravemente y hasta morir debido a la angustia, la incertidumbre y la tristeza que les genera la ausencia de sus seres queridos.
Sin embargo, aunque existen muchas historias que demuestran el grave impacto en términos de salud que generan las desapariciones en el seno familiar, en muchas ocasiones las autoridades del país se han negado a pagar los tratamientos médicos que requieren los afectados, con el argumento de son muy costosos o no se puede comprobar que sus dolencias “estén relacionadas con el hecho victimizante”.
Ante dicho panorama, expertos y organizaciones civiles han destacado que el dolor emocional es sin duda uno de los factores que desencadenan el surgimiento de cáncer, diabetes y otros padecimientos graves, y piden una estrategia en donde cada caso se estudie, pero no con un enfoque judicial restringido, sino considerando la naturaleza “multicausal” de diversas enfermedades.
La Dra. Yajaira Martínez realiza un ejercicio importante de difusión en mazateco sobre la COVID-19 y medidas de prevención. En sus vídeos en su cuenta de facebook habla sobre qué es el coronavirus y medidas para que no se propague y sobre la visión de la niñez ante el coronavirus.
En otros videos explica la importancia del termómetro y hace un llamado para que permitan que se use el termómetro infrarrojo tomando en consideración los mitos que han surgido en torno a este. En otro vídeo, habla sobre el oxímetro y cómo utilizarlo como medida de seguimiento ante un posible contagio.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de sentencia que califica la penalización del aborto y su prohibición absoluta como una violación a los derechos humanos de las mujeres.
La propuesta, que será analizada y votada por la Primera Sala del Máximo Tribunal el próximo miércoles 29, señala que imponer una sanción penal a quienes deciden interrumpir su embarazo “supone una barrera discriminatoria al acceso a la salud de las mujeres”.
“La prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal– es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, destaca.
Ciudad de México | Desinformémonos. Hace más de 30 años llegaron cientos de ñäñho, también conocidos como otomíes, a la Ciudad de México. Desde entonces luchan por su reconocimiento como residentes de esta ciudad, luchan también por su derecho al trabajo, a la salud, la educación y una vivienda digna. El temblor del 2017 los sacó a la calle, y ahí los agarró la pandemia Covid-19, por lo que ahora no sólo enfrentan los desafíos cotidianos de vivir en un campamento en la calle (frente a lo que fue su vivienda), sino también la falta de recursos por no poder salir a vender las artesanías que son la base de su sustento.
Las familias otomíes viven en comunidad y en comunidad resuelven sus problemáticas. A partir de las medidas sanitarias que les impiden salir a las calles, optaron por darle vida al trueque, costumbre indígena en la que se intercambian productos sin dinero de por medio, y anunciaron que cambiarían despensas por muñecas Lele, hechas por ellas con telas y listones multicolores. También venden café, miel, bolsas, monederos y otras artesanías que elaboran en colectivo.
La pandemia del coronavirus está visibilizando las condiciones de precariedad que viven las y los trabajadores informales, y las omisiones del Estado a este respecto, apuntó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), al tomar parte en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’, que realizó el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Para la ombudsperson es imposible vivir en la CDMX y no sentir el peso del 60% de personas que viven de la informalidad; porque en la cotidianidad de esta ciudad está tocándose todo el tiempo, tanto en lo público como en lo privado, el trabajo informal.
Además, algunos de los empleos de los trabajadores informales son actividades esenciales para la ciudad, como la recolección de basura, a través de la cual se está avanzando sobre la protección a un derecho de todos, que es el derecho a la salud.
Ciudad de México | Desinformémonos. La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas exigió a las autoridades mexicanas medidas para proteger sus derechos humanos y laborales en medio de la pandemia de coronavirus, luego de denunciar las violaciones a sus garantías en los campos del país, tales como la falta de información sobre la enfermedad y el difícil acceso a la seguridad social y a la atención necesaria ante un posible contagio.
En un comunicado, presentaron el documento “Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las personas jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México”, en el que llamaron a reforzar la información sobre las medidas implementadas por las autoridades en relación con la pandemia por Covid-19, garantizar el derecho de los jornaleros a la salud y a la seguridad social, así como su seguridad alimentaria, y adoptar medidas para garantizar la protección continua de sus derechos humanos, incluidos sus derechos laborales.
Juchitán, Oax. Desde los años noventa, ante el estigma social que relacionaba a quienes integran la comunidad de la diversidad sexual –muxes, como se les conoce en el Istmo de Tehuantepec– como los principales portadores del virus del VIH, decidieron tomar la ruta del activismo y la prevención para romper mitos.
Lo hicieron desde espacios públicos como escuelas, plazas y las propias calles, así como con radionovelas y obras de teatro en zapoteco, su lengua materna y en castellano.
El maestro Elí Bartolo, Amaranta Gómez Regalado, Felina Santiago, Oscar Cazorla, Binniza Carrillo, Mística Gómez, Yoselin Sánchez, entre otros muxes, se organizaron a través de colectivos como Binni Lanu, Las Otras hijas de San Vicente, Gunaxhii Guendanabani, Ladhido Muxe, Las otras intrépidas de Diversysex y las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, y a lo largo de estos años han trabajado a favor de la prevención del VIH en las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec.
